El gobierno de Gustavo Petro sorprendió ésta semana con la expedición del decreto 1372 de 2025, que reorganiza de forma sustancial el sistema de salud colombiano sin esperar el trámite legislativo de la reforma estructural, que permanece estancada en el Congreso. Aunque desde la Casa de Nariño se insiste en que no se trata de un reemplazo de la reforma, el contenido y el contexto del decreto han encendido una amplia polémica en el ámbito político, técnico y jurídico. El documento establece la creación de las «Gestoras de Salud y Vida», entidades de carácter público que asumen parte de las funciones de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en materia de atención, gestión del riesgo y asignación de servicios, aunque sin recibir directamente el dinero de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En un movimiento paralelo, se dispuso la contratación de estas gestoras con entidades como Nueva EPS y Sanitas, así como con hospitales públicos, para ejecutar los nuevos lineamientos.
Desde el oficialismo, el presidente Petro defendió el decreto argumentando que se trata de una implementación parcial del modelo propuesto en su reforma, y no una usurpación de funciones del Congreso. El mandatario aseguró que las medidas adoptadas buscan garantizar el derecho a la salud de manera preventiva y territorial, y afirmó que el «decretazo» tiene respaldo constitucional. No obstante, su justificación ha sido recibida con escepticismo incluso por sectores que han acompañado su agenda. Armando Benedetti, alfil político del petrismo, señaló que el decreto no sustituye la reforma y recordó que las bases del modelo llevan meses en discusión, mientras que otras voces del Pacto Histórico admitieron que, aunque comparten el contenido, la vía empleada puede generar resistencias innecesarias.
Las reacciones desde el Congreso fueron mayoritariamente críticas. El senador liberal Miguel Ángel Pinto calificó la decisión como un acto desesperado y advirtió que el decreto tiene pocas posibilidades de mantenerse, augurando que será tumbado por la Corte Constitucional. Otros parlamentarios de la oposición y de partidos independientes cuestionaron el uso de una figura administrativa para evadir el debate legislativo, mientras recordaron que aún está pendiente la aprobación de la reforma, que involucra más de 150 artículos y múltiples aspectos del sistema. Incluso sectores aliados al gobierno recalcaron la necesidad de mantener el proceso democrático y evitar generar un desgaste institucional.
El panorama jurídico también es incierto. Diversos expertos advirtieron que la expedición de este tipo de normas por decreto podría vulnerar la separación de poderes. Uno de los principales focos de duda está en el manejo de los recursos: si bien el decreto no elimina las EPS, sí altera sustancialmente su función al crear nuevas entidades operativas sin una claridad completa sobre su sostenibilidad financiera y sin haber pasado por el tamiz del Congreso. El gremio Acemi, que representa a las EPS, señaló que se requiere mayor claridad sobre la articulación entre las nuevas gestoras y las instituciones actuales, advirtiendo además que el modelo puede implicar riesgos para la estabilidad del sistema.
Por otro lado, el anuncio coincidió con inspecciones de la Procuraduría a algunas EPS como Salud Total, por el aumento de tutelas y desacatos, lo que refuerza el discurso gubernamental de que el sistema actual es insostenible. Sin embargo, el uso de este argumento también ha sido percibido por algunos analistas como un intento de justificar una intervención acelerada.
En este escenario, el futuro de la reforma a la salud, ya sea por vía legislativa o administrativa, se mantiene incierto, en medio de un Congreso con fuerzas divididas y un gobierno decidido a avanzar con sus transformaciones a pesar de los contrapesos institucionales.
