El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en una decisión histórica emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. El fallo abre la posibilidad de una pena entre cuatro y ocho años (Fiscalía incluso apunta a nueve, incluyendo multa) y se especula la viabilidad de arresto domiciliario, dado que no excedería ocho años. La defensa anunció que apelará, buscando que Uribe permanezca en libertad mientras el proceso avanza ante el Tribunal Superior de Bogotá y, posiblemente, la Corte Suprema de Justicia.

Este es el primer fallo contra un expresidente colombiano en juicio penal y ha generado una intensa división política. Sus simpatizantes denuncian una supuesta persecución política (quienes lo denominaron “lawfare”), mientras sus opositores y víctimas valoran la sentencia como un paso hacia la justicia y reparación. Uribe, además, denunció ante la Comisión de Investigación y Acusaciones al presidente Gustavo Petro por supuestas declaraciones de hostigamiento y calumnia.

Recientemente, expresidentes latinoamericanos enviaron una carta a la ONU, la OEA y la CIDH alertando sobre “graves afectaciones a los derechos humanos” del expresidente Uribe en el marco del proceso judicial. Asimismo, congresistas opositores solicitaron protección para la Corte Suprema ante los reclamos públicos realizados por el expresidente.

En cuanto a estas denuncias de presión internacional, el senador Iván Cepeda, quien ejerce como parte acusadora y fue declarado víctima en el proceso, presentó ante la ONU y la CIDH una queja formal. En ella solicitó observadores internacionales que velen por la independencia judicial, asegurando que existe interferencia proveniente del entorno del exmandatario y de Estados Unidos, lo cual “representa una amenaza directa a la independencia judicial” y podría comprometer el debido proceso en la segunda instancia del fallo. Cepeda subrayó que su acción no responde al odio ni a la venganza, sino a la búsqueda de verdad, dignidad y justicia para las víctimas, reconociendo también el valor institucional de la decisión judicial como garante de democracia.

El proceso legal contra Álvaro Uribe Vélez ha alcanzado un momento simbólico con esta condena sin precedentes, pero el fallo aún no es definitivo. La apelación abrirá las posibilidades de revisión, mientras el caso se vive en un contexto político altamente polarizado y cruzado por el panorama electoral para 2026, donde la polarización Petro-Uribe marca territorio y el mismo Ivan Cepeda comienza a sonar como candidato del Pacto Histórico.