En conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el país vivió esta semana una serie de homenajes y reacciones que volvieron a exponer las heridas todavía abiertas de aquel episodio: las altas cortes y familiares rindieron tributo a las víctimas y reclamaron verdad y memoria mientras recordaron que cerca de un centenar de personas murieron y muchas quedaron desaparecidas en esos días de noviembre de 1985. Por su parte, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Echeverry y, en sentencias relacionadas, estableció una responsabilidad compartida entre el M-19 y el Ministerio de Defensa por omisiones y por el uso excesivo de la fuerza durante la retoma.

Ese marco judicial convive con nuevas controversias políticas y mediáticas, expedientes históricos y actuaciones procesales han llevado incluso a que el presidente Gustavo Petro sea llamado a juicio por actuaciones vinculadas al expediente de 1989, un hecho que reactivó la disputa sobre cómo contar los hechos y sobre la instrumentalización política de la memoria. Organizaciones de víctimas y magistrados realizaron llamados unánimes para que la conmemoración no se convierta en herramienta de disputa partidaria y exigieron que se aclare lo ocurrido con la participación de todas las autoridades responsables. La Corte Constitucional pidió además que se avance en el esclarecimiento total de los hechos y en la versión judicial de los responsables. Finalmente, el eco mediático de testimonios, homenajes y declaraciones públicas mostró que la disputa sobre el relato sigue viva, las víctimas reclaman que la memoria no sea instrumentalizada y reclaman verdad, reparación y que los capítulos pendientes sean esclarecidos por la justicia, mientras la nación busca conciliar memoria, justicia y responsabilidades institucionales.