El presidente saliente, Gustavo Petro, utilizó su discurso del 20 de julio en el Día de la Independencia para marcar el inicio de una férrea oposición, amenazando con una “huelga general e indefinida” si el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella revierte sus reformas. Advirtió que el desmonte de las conquistas laborales, agrarias o educativas desencadenaría paros sectoriales, y sentenció que la resistencia debe ser contundente pero pacífica. Adicionalmente, confirmó que presentará una demanda judicial por presunto fraude en los comicios del 21 de junio, desconociendo los resultados oficiales y sosteniendo que las pruebas de 70 mil “testigos digitales” acreditarían que el ganador fue Iván Cepeda. Pese al clima de controversia, Petro resaltó su legado social citando cifras del DANE que evidencian una caída de la pobreza monetaria del 39,7% al 28% en su gestión. En el ámbito de la vicepresidencia, Francia Márquez ofreció su último discurso en Cali defendiendo su trabajo con comunidades afrodescendientes y la estrategia África, aunque evitó cualquier mención al presidente, confirmando la ruptura en la dupla gobernante.

En el frente legislativo, el Pacto Histórico se prepara para retornar a la oposición desde el 7 de agosto con 69 congresistas, bajo el liderazgo de Iván Cepeda, y radicó un paquete de proyectos para proteger el legado del gobierno, incluyendo la ley contra el fracking, el Estatuto del Trabajo (que regula inteligencia artificial y tercerización), una reforma tributaria que busca recaudar desde combustibles y juegos de azar, además de los proyectos de jurisdicción agraria y salud. No obstante, este bloque legislativo enfrenta un escenario adverso en el Congreso, pues el nuevo gobierno ya cuenta con el respaldo de Centro Democrático y Cambio Radical, y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ha manifestado que lograrán las mayorías necesarias para imponer su agenda. De esta manera, el panorama político colombiano se encamina hacia un escenario de alta tensión, con un gobierno saliente que apela a la movilización social y judicial para mantener vigentes sus reformas, frente a una administración entrante que buscará consolidar su poder con un respaldo parlamentario sólido pero no exento de fricciones.