La administración del presidente Donald Trump confirmó el jueves 23 de julio un nuevo régimen arancelario que fija para Colombia un gravamen del 12,5% sobre sus exportaciones, en vigor desde el 24 de julio. Esta tasa reemplaza el arancel temporal del 10% impuesto a principios de 2026 bajo la Sección 122, trasladándolo a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, lo que le otorga un carácter indefinido con revisiones obligatorias cada cuatro años y posibilidad de prórroga. En términos netos, el aumento es de 2,5 puntos porcentuales, pero el impacto más significativo recaerá sobre los productos que hasta ahora ingresaban con arancel cero gracias al TLC, los cuales pasarán directamente a pagar el 12,5%.
La medida, oficializada por el representante comercial Jamieson Greer, surge de una investigación de la USTR sobre 54 economías en relación con el trabajo forzoso; aunque el informe no acusa directamente a Colombia de producir bienes bajo esa práctica, argumenta que el país carece de controles suficientemente estrictos, lo que a juicio de Washington genera competencia desleal para las empresas estadounidenses. A escala global, los aranceles afectan a unos 60 socios comerciales que representan el 99,4% de las importaciones de EE.UU., con tasas entre el 10% y el 12,5%, y exenciones para productos como petróleo, gas y aquellos no disponibles en el país norteamericano. La decisión generó rechazo internacional: la Unión Europea calificó el arancel como una “sorpresa negativa”, Suiza y Australia lo consideraron infundado o injustificado, Brasil rechazó la medida y Noruega afirmó que no tomará represalias.
Funcionarios estadounidenses justificaron la implementación en la búsqueda de continuidad y previsibilidad para el sector empresarial y para evitar la complejidad de superponer gravámenes, aunque advirtieron que el impacto en los precios internos podría materializarse en las próximas semanas, mientras la administración explora además formas adicionales de aumentar los impuestos fronterizos, como el anunciado arancel del 50% a ciertos bienes canadienses que entrará en vigencia el próximo mes.
