Tras su aprobación en el Congreso, la reforma laboral ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro y se oficializa como Ley. Según el Ministerio de Trabajo, hay disposiciones de la reforma laboral que ya entran en vigencia de inmediato, como la redefinición de los recargos por trabajo dominical o festivo, que pasan del 75 % al 100 %, y el pago del 100 % de recargo por trabajo nocturno desde las 7 de la noche. Además, el contrato laboral en el sector agropecuario ya cuenta con una forma escrita y regulada, con el objetivo de reducir la informalidad. Sin embargo, buena parte de la reforma aún está pendiente, pues el trámite legislativo dejó fuera asuntos centrales como el fortalecimiento sindical o la regulación más amplia del contrato de aprendizaje, los cuales necesitarán de nuevas discusiones en el Congreso en 2025.
La reforma busca proteger la estabilidad laboral reforzada para mujeres en embarazo y líderes sindicales, endureciendo los requisitos para despedirlos. También se crea un comité de seguimiento tripartito con empresarios, trabajadores y gobierno para evaluar la implementación de la ley. Mientras tanto, sectores empresariales y pequeñas empresas han expresado preocupación por el impacto inmediato en costos laborales, especialmente por el alza en recargos y la formalización de jornales en el agro. En respuesta el Ministerio de Trabajo anunció que radicará un decreto especial para aliviar estos impactos sobre las mipymes, contemplando, por ejemplo, el pago gradual de los nuevos recargos y beneficios para la contratación formal.
En el ámbito económico, la reforma laboral ha generado división: por un lado, se subraya el avance en formalización, la mejora de condiciones de los trabajadores y la protección de sus derechos; por otro, hay advertencias sobre mayores costos para las empresas que podrían afectar el empleo y la competitividad. Los gremios han alertado que estas medidas, sin acompañamiento, podrían incrementar la informalidad en algunos sectores. En respuesta, el gobierno ha insistido en que la reforma es necesaria para corregir lo que considera una “deuda histórica” con los trabajadores.
Por otro lado, la agenda del gobierno de Gustavo Petro no se limita a la reforma laboral. Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el Ejecutivo también planea intensificar la presión en las calles para destrabar la reforma a la salud, movilizando organizaciones afines y buscando respaldo popular. Además, el Gobierno plantea la creación de un modelo único, público y estatal para la prestación del servicio de salud, justificando el cambio como un paso hacia la equidad y la universalización del acceso.
La comunicación gubernamental refuerza el mensaje de que las reformas son un acto de justicia social y enfatiza que los cambios son para proteger a los trabajadores y beneficiar al pueblo, contrastando con la posición de algunos congresistas y gremios que ven en las reformas un riesgo para la economía y el empleo formal.
