El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a colocar en el centro del debate político la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente tras firmar, junto a varios de sus ministros, la solicitud que respalda el inicio formal del proceso de recolección de firmas ciudadanas. El gesto, realizado durante un Consejo de Ministros, no tiene efectos jurídicos inmediatos, pero representa un respaldo político explícito del Gobierno a una iniciativa que busca habilitar el mecanismo constitucional previsto para este tipo de reformas. Según lo establecido, el comité promotor deberá reunir más de dos millones de firmas para que la propuesta pueda ser presentada ante el Congreso.

El mandatario ha justificado esta iniciativa en la necesidad de superar lo que considera un bloqueo institucional que ha impedido avanzar en reformas estructurales impulsadas por su administración. En ese marco, Petro advirtió que, si las instituciones no responden a las demandas sociales, el país podría encaminarse hacia una constituyente, una afirmación que reactivó la discusión sobre los límites y alcances del proceso democrático colombiano. Mientras sectores afines al Gobierno ven la propuesta como una vía legítima de participación ciudadana, otros actores alertan sobre los riesgos de profundizar la polarización y tensionar el equilibrio institucional.