Las encuestas publicadas por Invamer muestran al senador Iván Cepeda como líder claro de la intención de voto rumbo a la presidencia, con porcentajes superiores a sus competidores principales. En la medición más reciente, Cepeda alcanza un 37,1 % de la intención de voto en escenarios amplios de primera vuelta, seguido por Abelardo de la Espriella con cerca de 18,9 % y otros aspirantes como Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo mucho más abajo en el espectro. Estos datos sugieren una ventaja sólida para Cepeda a medida que se acerca el 31 de mayo, aunque ningún candidato aseguraría la victoria sin segunda vuelta. En las proyecciones de balotaje, Cepeda también supera tanto a De la Espriella como a Fajardo por márgenes significativos, lo que refuerza su posición privilegiada de cara a un eventual enfrentamiento final por la presidencia. La composición de las candidaturas, así como el impacto de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, siguen siendo variables determinantes en la configuración final de la contienda.
En paralelo, Invamer indica que la aprobación del presidente Gustavo Petro ha aumentado notablemente en los últimos meses. Según esa encuesta, la favorabilidad del mandatario se situó en torno al 49,1%, 11 puntos por encima de la medición anterior, mientras que la desaprobación bajó en el mismo periodo. También creció la proporción de encuestados que consideran que el país va por buen camino, lo que puede estar influyendo indirectamente en la percepción de la candidatura de Iván Cepeda.
En este contexto de encuestas favorables Petro ha redoblado sus críticas al sistema electoral colombiano, en particular contra el organismo rector, la Registraduría Nacional, y el Consejo Nacional Electoral (CNE). El presidente ha cuestionado repetidamente la transparencia de los sistemas tecnológicos utilizados en el proceso, sobre todo los softwares de preconteo y escrutinio, incluso manifestó su intención de no votar en la consulta presidencial argumentando falta de garantías mínimas en el mecanismo. En sus declaraciones ha insistido en la necesidad de una auditoría técnica independiente del código fuente de los programas que participan en el conteo de votos y en la participación de auditores designados por partidos políticos. Estas afirmaciones han generado la respuesta de la Registraduría que salió a exponer el código fuente a partidos, observadores y diversas instituciones como la Misión de Observación Electoral (MOE). El organismo defendió la robustez y garantías del proceso, subrayando en réplica que las alertas de fraude suelen estar más asociadas a prácticas como compra de votos o coacción, más que a vulneraciones tecnológicas del sistema.
