La situación política en Venezuela ha cobrado un nuevo giro tras la muerte bajo custodia de Jesús Manuel Medina, un testigo electoral encarcelado luego de las manifestaciones postelectorales. Su muerte, ocurrida en circunstancias aún no del todo claras, ha provocado una ola de indignación entre sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La plataforma opositora Unitaria ha exigido justicia por el fallecimiento, responsabilizando al gobierno por las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en el país. María Corina Machado, líder de la oposición, ha culpado directamente a Nicolás Maduro de su muerte, enfatizando que este tipo de incidentes reflejan el deterioro de los derechos humanos en Venezuela.

En este contexto, Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, ha abordado la situación de los detenidos, incluyendo menores de edad arrestados durante protestas. En sus declaraciones, Cabello culpó a los padres por permitir que sus hijos se involucren en las manifestaciones, lo que ha generado críticas sobre la postura del gobierno respecto a la represión de la disidencia.

Por otro lado, el Ministerio Público ha solicitado la revisión de 225 medidas de detención relacionadas con sucesos violentos recientes, lo que puede implicar un cambio en la estrategia del gobierno frente a las protestas y la represión. A pesar de las demandas por justicia y una posible revisión de las detenciones, el Foro Penal ha advertido a los familiares de presos políticos sobre las expectativas en torno a posibles excarcelaciones. La organización señala que es crucial mantener una perspectiva realista ante la situación actual del sistema judicial en Venezuela.