Esta semana el Ministerio Publico solicitó a un tribunal con competencia en terrorismo la emisión de una orden de aprehensión contra el ex candidato a presidente Edmundo González, luego de su ausencia en la tercera citación ante la Justicia por los presuntos delitos de “usurpación del cargo público”, “conspiración y “sabotaje”, al que se sumaría la “desobediencia” ante los requerimientos desprendidos de la resolución del TSJ (Tribunal Supremo de Justcia) sobre los resultados electorales semanas atrás. La orden finalmente fue ejecutada por un juzgado de primera instancia a cargo del Juez Edward Briceño, solicitando la puesta a disposición de González Urrutia ante el Ministerio Público (MP) y luego ante el juzgado ejecutor.

No tardó en responder su compañera María Corina Machado, quien calificó la orden de amenaza y destacó que “sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González”. En el plano internacional se vieron repudios oficiales de como el del Gobierno de Chile o el del Senado de Paraguay, pero el protagonismo lo tuvo Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, afirmando que su gestión se suma a “la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada”.

Por medio del abogado José Vicente Haro, la defensa de González asistió al Ministerio Público con el fin de presentar un escrito que justificaba las inasistencias a las tres citaciones, documento que fue rechazado por el organismo y que, según el Fiscal General, Tarek William Saab, “está totalmente fuera de lugar”. El Fiscal en conferencia de prensa afirmó que la orden sigue vigente y añadió la apertura de una investigación penal por amenazas de muerte al fiscal que lleva la investigación de Edmundo González: “Tenemos la experticia de 400 mensajes, entre correos electrónicos y mensajes de WhatsApp”.