Tras el cierre histórico (shutdown) de 43 días que terminó en noviembre, el Congreso llegó a esta semana con una nueva fecha límite de financiamiento para el presupuesto nacional: el 30 de enero de 2026 vence la prórroga vigente para una porción amplia del gobierno federal. En ese marco, la Cámara de Representantes avanzó con el tramo final de las asignaciones para el año fiscal 2026: aprobó un paquete de tres proyectos (341–88) y, por separado, la ley de Homeland Security (220–207), enviando todo al Senado con la intención de cerrar el capítulo antes de que el riesgo de shutdown parcial vuelva a convertirse en una amenaza concreta.

El punto de fricción fue el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El proyecto de DHS ( 64,4 mil millones de dólares) financia, entre otras áreas, a FEMA y la Guardia Costera, y se convirtió en un plebiscito político sobre la línea dura migratoria y el accionar de ICE: la mayoría demócrata en la Cámara lo rechazó por considerar que faltan “guardrails” y mecanismos de rendición de cuentas, en un clima empeorado por el caso de Renée Nicole Good, asesinada el 7 de enero en Minneapolis por disparos de un agente de ICE. Aún así, siete demócratas votaron a favor para evitar quedar asociados a un nuevo cierre y para no bloquear financiamiento de áreas no vinculadas a inmigración; dentro del mismo texto se incluyó además un refuerzo de 30 millones de dólares para seguridad de la Corte Suprema.

La dinámica ahora depende del Senado, que prevé tomar el paquete “rápido” la semana próxima y —si hay trabas— podría recurrir otra vez a una extensión de corto plazo para comprar tiempo. En términos políticos, el incentivo dominante (en ambos partidos) es evitar un nuevo shock administrativo y económico a semanas del cierre previo; pero el costo es que la discusión de fondo —especialmente sobre supervisión de ICE— queda comprimida a una negociación de último minuto. Lo que salga de aquí será una señal de si el Congreso logra completar el ciclo de apropiaciones y recuperar margen frente al Ejecutivo, o si vuelve a la lógica de prórrogas y crisis recurrentes.