La agenda  internacional al comienzo de 2025 está marcada por la controvertida asunción del presidente de Venezuela. El gobierno colombiano no ha reconocido formalmente un ganador, manteniendo una postura ambigua en el tema. El 8 de enero, el presidente Petro descartó la posibilidad de asistir a la ceremonia de asunción venezolana del 10 de enero y también denunció la detención de Carlos Correa, activista de derechos humanos en Venezuela.

 El mandatario manifestó que en Venezuela no existen elecciones libres, tanto por el bloqueo externo como por las intimidaciones internas. Declaró que Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, pero que continuará su lucha por el respeto de los derechos y garantías de la población y el diálogo entre las distintas fuerzas políticas del país vecino.

En un claro mensaje de no intervención en la política interna de Venezuela, Petro envió al embajador en Caracas, Milton Rengifo, para que asistiera en su representación al evento político. Este posicionamiento, contrario al de otros países de la región, fue criticado por diversos sectores de la población colombiana, quienes expresaron en una carta abierta su repudio a la participación del gobierno en la asunción de Maduro. A su vez, grupos políticos, como el Partido Cambio Radical, y líderes opositores, como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, también manifestaron su desacuerdo con esta participación. El expresidente Pastrana acusó a Petro de ser más cercano al régimen de Maduro que a los procesos democráticos.

Además, varios congresistas opositores se comunicaron con la oposición venezolana pidiendo que Urrutia incluya a Colombia en su gira internacional. Asimismo, el vicepresidente de la Cámara de Representantes e integrante de la comisión de relaciones exteriores manifestó su disposición a reconocerlo como presidente electo. En respuesta, miembros de la coalición Pacto Histórico aseguraron que estas acciones significarían una violación a las competencias constitucionales del presidente.