La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2025. El proceso se llevó a cabo en menos de cinco minutos y sin modificaciones al proyecto original. El presupuesto incluye un Fondo Comunal de 600 millones de dólares destinado a fomentar la inversión territorial y comunitaria, según anunció el presidente Nicolás Maduro. También se aprobó la Ley Especial de Endeudamiento para el mismo periodo, consolidando la estrategia financiera del Ejecutivo, que anticipó 2025 como el “Big Bang de la inversión territorial” y aseguró que se priorizarán proyectos para fortalecer infraestructuras locales y mejorar los servicios públicos. Estas inversiones serían gestionadas directamente por el poder popular, una estrategia alineada con las políticas impulsadas por Maduro en años anteriores. No obstante, expertos señalan que la sostenibilidad de estas medidas depende en gran medida de resolver las restricciones económicas actuales y de reactivar sectores clave de la economía.

La aprobación del presupuesto fue celebrada por el gobierno como un paso crucial para la recuperación económica. Sin embargo, sectores de la oposición y analistas han cuestionado la transparencia y legitimidad del proceso legislativo, señalando que la Asamblea Nacional electa en 2020 carece del reconocimiento de actores internacionales y de la oposición, lo que podría limitar la capacidad para atraer financiamiento externo o establecer acuerdos multilaterales. A esto se suma el reciente informe de la Unión Interparlamentaria, que posiciona a Venezuela como un ejemplo del aumento global de abusos contra legisladores, denunciando persecuciones y presiones hacia diputados opositores. Este contexto exacerba las tensiones en torno a la representatividad y eficacia del actual Parlamento.