La administración del presidente Donald Trump tomó la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600 mil venezolanos en Estados Unidos, una medida que había sido extendida previamente por el gobierno de Joe Biden en enero de 2023. El TPS permitía a los venezolanos residir y trabajar legalmente en el país sin ofrecerles un camino hacia la ciudadanía. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la revocación argumentando la necesidad de una aplicación adecuada del programa y criticó la extensión anterior por parte de su predecesor, Alejandro Mayorkas.

La decisión ha generado incertidumbre en la comunidad venezolana en Estados Unidos, pues a partir de abril de este año muchos podrían quedar expuestos a procesos de deportación; ello provocó el descontento de la oposición venezolana en defensa de los posibles deportados. El asesor presidencial estadounidense Stephen Miller comunicó la expectativa de que el gobierno de Nicolás Maduro acepte vuelos de deportación que incluyan tanto a migrantes venezolanos en situación irregular como a miembros de la banda criminal conocida como “Tren de Aragua”. Estos signos de diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela han profundizado la preocupación de la oposición, que pide a Trump una revisión de sus políticas de migración. Hasta el mismo Edmundo González Urutia envió un mensaje al presidente norteamericano, pidiéndole no tender estos acuerdos con Maduro.

Paralelamente, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, instó a la comunidad internacional a extraditar a los miembros detenidos del “Tren de Aragua” para que sean procesados en el país. Saab destacó que se han detenido a aproximadamente 50 personas vinculadas a esta organización delictiva y enfatizó la importancia de que los prófugos sean entregados a Venezuela para enfrentar la justicia.