El presidente Santiago Peña anunció una modificación en la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, trasladando la colaboración de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a la Policía Nacional. El Washington Post  informó sobre este cambio, que entrará en vigor en enero de 2024.

La iniciativa ha generado preocupaciones, sobre todo en torno a la investigación de Sebastián Marset, narcotraficante y líder de una red internacional de tráfico de drogas. Marset sigue prófugo desde el inicio del operativo “A Ultranza PY”, el mayor procedimiento antidrogas en la historia del país, que salpicó a varios políticos cercanos al ex presidente Horacio Cartes. La modificación en la colaboración con la DEA puede complicar la legalidad de las pruebas obtenidas en la investigación, lo que podría beneficiar a Marset, según el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Michael Vigil.

Organizaciones de derechos humanos y políticos opositores, como el ex presidente Mario Abdo Benítez, alertan sobre los riesgos de una mayor impunidad y de la creciente injerencia externa, especialmente en un contexto de tensiones con Estados Unidos. Este cambio en la política de seguridad podría tener consecuencias duraderas, no solo en la lucha contra el crimen, sino también en la política exterior de Paraguay.