La reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro ha generado un intenso debate marcado por tensiones entre el ejecutivo y el Congreso, así como por la oposición de diversos sectores políticos y empresariales. Aunque el gobierno insiste en la necesidad de la reforma para mejorar las condiciones laborales y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, la oposición y la falta de consenso han desembocado en un estancamiento político de la iniciativa. Ocho congresistas firmaron una ponencia negativa contra la reforma, argumentando que podría generar desempleo y afectar la competitividad de las empresas. Estos legisladores criticaron que no se haya consultado a los sectores productivos y la ausencia de un análisis económico sólido que respalde la propuesta. Aunque el Ministerio de Hacienda presentó un aval fiscal para la reforma, insistiendo en su necesidad para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejorar las condiciones laborales, este aval no ha sido suficiente para convencer a los críticos. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que algunos temas clave de la reforma, como la reducción de la jornada laboral y la protección de los trabajadores informales, podrían ser sometidos a una consulta popular. Sin embargo, la viabilidad de la consulta está en duda dada la falta de consenso político.
Un reporte de la revista Semana reveló cómo se gestó lo que algunos han llamado el “golpe mortal” a la reforma laboral, una coordinación de sectores políticos y empresariales para presentar la ponencia negativa. Esto ha sido interpretado como un freno decisivo a una de las iniciativas clave del gobierno de Petro y como un reflejo de las dificultades que enfrenta el gobierno para avanzar en su agenda reformista, en un contexto donde la polarización política y la falta de diálogo parecen predominar.
La situación en el Catatumbo y la citación de ministros al Senado han profundizado las distancias entre el Ejecutivo y los legisladores, creando un clima de desencuentro que ha influido en la recepción de la reforma laboral. En el Congreso, los debates de control político –mecanismo fundamental en el diseño institucional del sistema colombiano– han evidenciado la dificultad del gobierno para construir consensos, especialmente en temas como la política agraria y el comercio, donde la reforma laboral ha sido uno de los puntos más polémicos.
