El proceso de la reforma laboral en Colombia enfrenta un escenario complejo, marcado por tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso. La radicación de la ponencia, inicialmente prevista para el 22 de mayo, fue aplazada hasta el 26 de mayo para garantizar una revisión exhaustiva del articulado, que supera las 100 páginas y aborda temas como el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 pm. Este retraso busca evitar errores en un texto que ya había sido rechazado dos veces en marzo y abril, pero revivido mediante una apelación el 14 de mayo con 68 votos a favor.

El presidente Petro ha intensificado su estrategia de presión pública. En un cabildo abierto en Barranquilla, criticó nominalmente a senadores del Caribe —como Antonio Zabaraín (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal)— por votar contra su consulta popular, acusándolos de traicionar al electorado. Además, amenazó con respaldar una huelga indefinida si su reforma es bloqueada, declarando que, de ser destituido por esta causa, se generaría un escenario de «revolución». Estas declaraciones se complementan con un mensaje en WhatsApp donde advierte: «No volveremos a votar por los congresistas enemigos del pueblo».

En el Legislativo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), descarta la viabilidad de la consulta popular. Señala que requeriría 13,6 millones de votos —umbral históricamente no alcanzado— y un costo de 800.000 millones de pesos, recursos que, a su juicio, deberían destinarse a tramitar directamente la reforma en el Congreso. Sin embargo, las encuestas afirman que la consulta popular tendría un apoyo del 57% de los colombianos.

La oposición no solo se manifiesta en debates. El partido Cambio Radical investiga a tres de sus senadores —Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo— por ausentarse durante la votación contra la consulta, lo que podría acarrear sanciones como la expulsión o pérdida de avales electorales. Este hecho refleja la fractura interna en las bancadas, especialmente en un contexto donde Petro busca movilizar apoyo ciudadano para sortear los obstáculos legislativos.

Mientras tanto, la reforma laboral avanza con ajustes. Además de los cambios en jornadas nocturnas, se incluyen licencias por salud —incluyendo dolores menstruales— y medidas para evitar la tercerización laboral. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), ponente del proyecto, insiste en que su aprobación sería un acto de «justicia para los trabajadores», aunque reconoce la necesidad de precisiones técnicas antes de su votación en tercer debate, prevista para el 27 de mayo.