El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó el pasado 1° de septiembre un nuevo proyecto de reforma tributaria con el fin de recaudar aproximadamente 26 billones de pesos y así cubrir el déficit presupuestario del año siguiente. La iniciativa contempla medidas como la aplicación plena del IVA a combustibles, tributos sobre juegos de suerte y azar, alcohol, actividades económicas de las iglesias, así como ajustes en los impuestos de patrimonio y renta.

El presidente defendió la reforma como un “impuesto a los más ricos”, destacando cambios dirigidos a dividendos, herencias, fusiones empresariales, hidrocarburos, vehículos contaminantes y promociones de energías limpias. Se aclaró también que la iniciativa no pretende golpear a los sectores más vulnerables, recalcando su enfoque redistributivo. Sin embargo, en el Congreso el ambiente es claramente adverso. Aunque en la Comisión Cuarta hay apoyo, en la Comisión Tercera la votación es muy ajustada e incierta. En el Senado el respaldo es escaso: apenas unos pocos votos a favor frente a claras mayorías opositoras.

La oposición, por su parte, critica que la reforma aumentará significativamente el costo de vida de la clase media y baja. La senadora Angélica Lozano afirma que la iniciativa “clava de frente y duro a la clase media”, señalando impactos como el IVA del 19 % a las cuotas de administración y a productos cotidianos como la cerveza. Desde otra perspectiva, legisladores del Partido Conservador y de la U cuestionan que el gobierno no haya ejecutado recursos del presupuesto anterior, aduciendo que “la plata de la tributaria está en el gasto público” y sugieren reducir el monto fiscal solicitado para evitar la reforma.

En cuanto al trámite legislativo, se prevé que la reforma comience a ser debatida en comisiones a finales de septiembre o inicios de octubre, con un proceso que podría prolongarse por lo menos un mes, teniendo en cuenta que el Presupuesto General de la Nación también se encuentra en discusión simultánea. De no lograr acuerdos, podría repetirse la dinámica de 2024, cuando el Congreso negó primero el presupuesto y luego la reforma tributaria anterior.