En los últimos seis meses, República Dominicana ha llevado a cabo una de las mayores oleadas de deportaciones de haitianos en su historia reciente. Según datos oficiales de la Dirección General de Migración (DGM), más de 180,000 haitianos han sido deportados entre octubre de 2024 y marzo de 2025, superando incluso las cifras de todo el año anterior. Este drástico incremento forma parte de un plan de control fronterizo ampliado por el gobierno del presidente Luis Abinader, en respuesta a la creciente migración desde Haití, donde miles de haitianos intentan escapar de un país sumido en una grave crisis humanitaria, provocado por la violencia de bandas armadas y un caos político.

Según informes de la ONU, bandas armadas controlan más del 85% de Puerto Príncipe, donde la violencia ha dejado cientos de muertos en los últimos meses. La incapacidad del gobierno haitiano para garantizar seguridad básica, sumada a una economía en ruinas y una hambruna creciente, ha obligado a miles a huir en busca de supervivencia.

Las operaciones de deportación se han ejecutado en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades de seguridad. Las autoridades aseguran que las masivas deportaciones se han realizado respetando los protocolos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, organizaciones civiles y de Derechos Humanos han cuestionado estos procedimientos, denunciando redadas indiscriminadas y condiciones inhumanas durante las detenciones.

El pasado 6 de abril el gobierno dominicano anunció un paquete de 15 medidas para reforzar el control fronterizo. Entre las más destacadas está el despliegue de mil 500 soldados adicionales en la frontera, la aceleración de la construcción del muro fronterizo —con 13 nuevos kilómetros para sumarse a los 54 ya existentes— y la imposición de sanciones más duras para empleadores que contraten haitianos indocumentados.

Además, se establecieron estrictos protocolos en hospitales públicos, donde ahora se exige identificación y comprobante de residencia a los migrantes haitianos que soliciten atención médica. Estas disposiciones han generado controversia, con críticas por parte de grupos humanitarios que señalan su carácter discriminatorio.

En un mensaje a la nación, el presidente Abinader responsabilizó a la comunidad internacional por no actuar con firmeza en Haití. «Haití atraviesa la hora más oscura de su historia, y nosotros no podemos absorber esta crisis solos», instando a los migrantes indocumentados a «marcharse voluntariamente» antes de ser deportados.

Las tensiones sociales en República Dominicana han escalado en paralelo a las deportaciones. El 30 de marzo de 2025, una manifestación convocada por el grupo nacionalista de extrema derecha Antigua Orden Dominicana (AOD) en Hoyo de Friusa, cerca de Punta Cana, derivó en actos de violencias y ataques contra residentes haitianos. Los manifestantes, vestidos de negro y ondeando banderas dominicanas, coreaban consignas como «fuera extranjeros» y exigían deportaciones masivas.

La situación se tornó violenta cuando algunos protestantes intentaron ingresar a barrios predominantemente haitianos. Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos, y terminó con 32 arrestos. Testigos relataron que, incluso después de la protesta, continuaron los ataques contra viviendas de haitianos, lo que obligó a muchas familias a esconderse o huir.