Este lunes 21 de abril entró en vigor el controvertido y cruel protocolo de salud impulsado por el presidente Luis Abinader, que establece que el personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) exija a los pacientes migrantes presentar identificación, una carta de empleo y prueba de residencia. Esta medida forma parte de un paquete de 15 iniciativas anunciadas por el mandatario para reducir la migración.

Tras una serie de redadas en hospitales —según informaron las autoridades—, tan solo el lunes fueron detenidos y deportados 135 migrantes haitianos. De los cuales, 48 eran mujeres embarazadas y otras 39 recientemente habían tenido sus partos.

El gobierno dominicano justifica las deportaciones como una respuesta necesaria ante la presión sobre los servicios públicos, especialmente en el sector salud. Sin embargo, no tardaron en surgir preocupaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos. Mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, la Asociación Médica Dominicana señaló que normas de deportación tan rígidas para personas con necesidades médicas podrían poner en riesgo sus vidas. En la misma línea, Amnistía Internacional criticó al gobierno de Abinader, afirmando que “estas personas enfrentan deportación inmediata después de recibir atención. Esto pone en riesgo el derecho a la salud, la privacidad y la seguridad física de las personas, y desalienta a grupos vulnerables —como mujeres embarazadas, niños y sobrevivientes de violencia— a buscar tratamiento médico esencial”.

El jueves 24 de abril, durante una visita a la Fortaleza Beller en la provincia de Dajabón, el presidente Abinader respondió a los señalamientos: “A Amnistía Internacional yo le respondo que vaya a trabajar en Haití, que se ocupe de la situación de los derechos humanos allí y que no abandonen el país. Y a la comunidad internacional también le digo lo mismo”.

Durante el acto, el mandatario anunció que su gobierno iniciará en los próximos tres meses el proceso de licitación —como parte del paquete de 15 medidas adoptadas— para construir otros 13 kilómetros del muro que separa a República Dominicana de Haití.

Dirigiéndose a las tropas desplegadas en la frontera, instó al ejército a ser “los ojos de la patria” y a redoblar esfuerzos para resguardar la soberanía nacional ante el aumento de los flujos migratorios irregulares. “Dejar pasar a un indocumentado en estos momentos es totalmente inaceptable”, afirmó durante su recorrido para supervisar los avances de la construcción del muro fronterizo.

Con más de 180.000 deportaciones en seis meses y un muro en expansión, Abinader busca tranquilizar a su base política.

Ese mismo jueves, grupos de extrema-derecha como la Antigua Orden Dominicana marcharon en Santo Domingo con consignas como «Fuera la ONU» y «No más parturientas haitianas». Desde hace semanas, estos grupos de extrema derecha, vienen exigiendo acciones más drásticas contra la migración haitiana.

Mientras República Dominicana deporta a miles, Haití enfrenta una crisis sin precedentes. La ONU advirtió que el país se acerca a un «punto de no retorno» que amenaza con sumir al país caribeño en un «caos total».

«Mientras la violencia de las pandillas sigue extendiéndose a nuevas zonas del país, los haitianos viven en una vulnerabilidad cada vez mayor y son cada vez más escépticos sobre la capacidad del Estado para responder a sus necesidades», advirtió María Isabel Salvador, enviada de la ONU, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.