El viernes 1 de noviembre se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Caracas, Venezuela. Este encuentro es crucial para reactivar un proceso de paz que ha estado estancado desde mayo debido a diversos desacuerdos. Las conversaciones se habían detenido tras el atentado atribuido al ELN que dejó un saldo de tres militares muertos en Arauca. A pesar de la violencia, el consejero de paz de Colombia, Otty Patiño, ha expresado su optimismo sobre la posibilidad de avanzar en el diálogo. Patiño espera que estas reuniones permitan encontrar puntos en común y retomar la territorialización de la paz, un enfoque que podría beneficiar tanto al Gobierno como al ELN.
Sin embargo, en los días previos a estas negociaciones, aumentó notablemente la violencia en regiones como Catatumbo, donde se reportaron enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del Estado. Esta escalada de violencia plantea serios desafíos para las conversaciones y refleja la complejidad del contexto en el que se desarrollan. Recientemente, se ha informado sobre actividades del ELN que incluyen la expedición de documentos falsos por parte de un ex registrador municipal en Boyacá, llevado a proceso judicial. Además, la Armada colombiana desactivó explosivos que se encontraban en una balsa en el río Baudó, supuestamente instalados por el ELN, acciones que subrayan las tensiones persistentes y la capacidad operativa del grupo guerrillero.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro anunció recientemente una incautación significativa de cocaína por parte de las autoridades. El narcotráfico sigue siendo un factor clave en el conflicto armado colombiano y complica aún más las negociaciones con el ELN. La incautación es vista como un esfuerzo del Gobierno para demostrar su determinación en combatir el narcotráfico y sus vínculos con grupos armados.
