El Senado argentino asestó esta semana un duro golpe al gobierno de Javier Milei, al aprobar una serie de proyectos que marcan un límite a la política de ajuste impulsada desde la Casa Rosada. En una sesión calificada como histórica, la oposición logró imponer su agenda y dejar en evidencia la debilidad parlamentaria del oficialismo, que apenas cuenta con siete senadores propios y vio cómo incluso aliados circunstanciales se sumaron al rechazo de las iniciativas del Ejecutivo.

Entre los proyectos aprobados destacan el aumento del 7,2% a las jubilaciones junto con una suba del bono (aprobado como ley), la extensión de la moratoria previsional para quienes no cuentan con los 30 años de aportes (aprobado como ley), la Emergencia en discapacidad (aprobado como ley), la declaración de emergencia para Bahía Blanca (tras sufrir una histórica inundación) con la creación de un fondo especial para su reconstrucción (ratificado luego del veto presidencial), la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias (media sanción) y una reforma en la coparticipación del impuesto a los combustibles, que aumenta la porción destinada a las provincias (media sanción). Estas medidas, que no tienen un alto impacto fiscal, fueron celebradas por gobernadores y bloques opositores, que argumentaron la necesidad de atender demandas sociales y federales postergadas.

La reacción de Javier Milei no se hizo esperar. El presidente calificó la sesión como un “acto de desesperación” de la oposición y anunció que vetará cada una de las leyes aprobadas, acusando al Senado de intentar “desestabilizar” su gobierno y de priorizar intereses corporativos por encima del bienestar general. Desde un acto en la Bolsa de Comercio, Milei advirtió que, de ser necesario, judicializará las normas y prometió revertir cualquier retroceso en caso de que los vetos sean rechazados.

El gobierno sostiene que su principal objetivo sigue siendo el equilibrio fiscal y la profundización de reformas estructurales. Bajo la consigna de que 2025 es el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”, Milei insiste en la necesidad de reducir el gasto público, desburocratizar el Estado y consolidar la estabilidad macroeconómica alcanzada tras meses de ajuste. Para el oficialismo, ceder ante los reclamos provinciales y sociales implicaría volver al “partido del Estado” y poner en riesgo los avances logrados.

En paralelo a la crisis institucional, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. El ejército de trolls libertarios, con figuras como “El Gordo Dan” a la cabeza, lanzó mensajes incendiarios contra el Congreso y la oposición, llegando incluso a pedir la intervención militar y a dinamitar el diálogo democrático. Las consignas más extremas incluyeron llamados a “sacar los tanques a la calle” y a “dinamitar el Congreso”, en una escalada retórica que busca polarizar aún más el clima político y desacreditar cualquier intento de control parlamentario sobre el Ejecutivo.

La derrota legislativa dejó al descubierto el aislamiento político del gobierno y la creciente tensión entre el oficialismo y los gobernadores, quienes lograron articular una mayoría transversal para frenar la “motosierra” de Milei. Mientras tanto, el presidente apuesta al veto y la confrontación, y sus seguidores más radicalizados agitan las redes, profundizando la grieta y alimentando un clima de incertidumbre institucional.