La semana cerró con una escalada de violencia en Santa Cruz que llevó a la Gobernación a exigir una intervención militar ante la violencia extrema. El presidente de la Asamblea Departamental, Jorge Santistevan, denunció que las organizaciones criminales actúan “por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”. En los días previos, un policía fue acribillado en una emboscada en San Matías, dos presos brasileños —Alex Heleno da Silva y Junior da Silva Fernando— se fugaron del penal de Palmasola, y diez personas fueron asesinadas en una semana en la capital cruceña, en el marco de la disputa entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) por el control del corredor de exportación de cocaína.
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, vinculó los crímenes con la red del narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en Santa Cruz y extraditado a Estados Unidos en marzo de este año. Siete personas fueron aprehendidas en operativos coordinados con inteligencia brasileña. El gobierno identificó al autor material del asesinato del subteniente Yerson Salazar Aliendres, de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado quemado en una zona selvática junto a una pista clandestina y la avioneta número 58 interceptada en lo que va del año. Oviedo sostuvo que “Estamos en una guerra entre dos organizaciones criminales de Brasil que se disputan un corredor para exportar droga, catalogadas por Estados Unidos como asociaciones narcoterroristas”.
El contexto regional amplifica el diagnóstico. Bolivia produce entre 200 y 300 toneladas de cocaína por año —aproximadamente el quince por ciento de la producción mundial—. Desde marzo, el país opera el Plan Fronteras Seguras junto con Brasil, que habilitó la presencia policial brasileña en territorio boliviano tras los cinco homicidios registrados en la frontera. En ese marco, 19 líderes del PCC y el CV fueron deportados y más de 300 inmuebles vinculados a ambas organizaciones, incautados. La hermana de Marset permaneció detenida en Bolivia por falta de garantes, mientras el Ministerio de Defensa planteó impulsar el desarrollo de zonas de frontera como estrategia estructural para frenar el avance del crimen organizado.
