El jueves 6 de agosto, en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa por el 201 aniversario de la independencia, Rodrigo Paz lanzó lo que definió como una convocatoria a un gran acuerdo nacional “que pertenezca a Bolivia, no a los partidos políticos, no a los sectores, sino a todos nosotros”. El discurso trazó seis ejes para la “transformación del país”: recuperación económica, reforma del Estado y lucha anticorrupción, combate al crimen organizado, gobernabilidad con autonomías, apertura internacional y reconversión energética. En lo concreto, el mandatario anunció para el 11 de agosto la presentación de una Ley de Inversiones y un nuevo modelo hidrocarburífero, junto con un programa de ocho mil 900 obras públicas.

Previo a su intervención pública, Paz y los nueve gobernadores del país firmaron un acuerdo de distribución 50/50 de ingresos que contempla autonomía tributaria, nueva distribución de fondos y acceso compartido al financiamiento externo —calificado como más simbólico que técnico por su falta de especificidad operativa—. Paz lo encuadró como un quiebre histórico: “Vamos a culminar con el ciclo del centralismo”. Ese mismo día anunció la creación del Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, organismo con atribuciones para coordinar la lucha anticorrupción en todo el aparato del Estado.

Entre los anuncios de mayor debate estuvo el cierre de dos ministerios: el de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía —cuyas competencias pasan a la Presidencia— y el de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, absorbido por el Ministerio de Economía. Las críticas llegaron desde dentro del propio Ejecutivo. El vicepresidente Edmand Lara sostuvo que “La burocracia continúa. Solo que ahora la concentraron en superministerios”. El historiador y crítico cultural Fernando Cajías, por su parte, sostuvo que la medida “refleja una ideología, además de una errada percepción de la cultura como simple gasto”. En cuanto al ángulo ambiental, el cambio institucional sugiere una subordinación de la gestión de los ecosistemas a los parámetros neoliberales del gobierno.

El análisis de los expertos mostró un consenso sobre la distancia entre los anuncios y su traducción en políticas concretas. Politólogos como Ericka Brockmann, Renzo Abruzzese y Delmar Apaza, y el economista Juan Fernando Subirana analizaron el mensaje presidencial y coincidieron en que el desafío real es la ejecución. La viabilidad política, en un país que sale de meses de conflicto social, sigue siendo la clave de los intentos de Paz por recuperar el capital político perdido y afianzar su gestión.