Las fuertes lluvias en Colombia han desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes, especialmente en el departamento del Chocó, donde el presidente Gustavo Petro ha contemplado la reubicación de comunidades en alto riesgo. Esta situación se ha intensificado con la reciente declaratoria de desastre nacional, que implica un costo inicial de 1.7 billones de pesos para atender la emergencia (400 mil dólares, aproximadamente). Las inundaciones y deslizamientos de tierra han devastado a muchas familias, que han perdido sus hogares y medios de vida. Los afectados han descrito la pérdida total de pertenencias y la lucha diaria por la supervivencia en condiciones extremas. En respuesta, el presidente Petro ha liderado un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde Quibdó, con el objetivo de coordinar las acciones del gobierno y brindar asistencia a las comunidades afectadas.
Este enfoque busca no solo ofrecer ayuda inmediata, sino también implementar medidas a largo plazo para mitigar los efectos de las lluvias y proteger a las poblaciones vulnerables.
En este contexto, el gobierno ha expedido un decreto que oficializa la situación de desastre nacional por un año, lo que permite adoptar acciones urgentes para enfrentar los desafíos que plantea la emergencia. Por otro lado, el gobierno ha comenzado a desarrollar políticas ambientales que buscan abordar tanto la crisis actual como los problemas estructurales que contribuyen a la vulnerabilidad de estas comunidades. Recientemente, se anunció la declaración de 29 mil 400 hectáreas como zona de reserva campesina en Urabá, un esfuerzo por fortalecer la protección del medio ambiente y promover prácticas agrícolas sostenibles entre los campesinos. A pesar de ello, el gobierno enfrenta críticas sobre la efectividad y rapidez de su respuesta ante la emergencia que subrayan la necesidad de pasar de promesas a acciones concretas para evitar más tragedias en el futuro.
