Desde hace semanas, Martinica, una isla caribeña y departamento de ultramar de Francia, se encuentra sumergida en una oleada de protestas por la carestía de la vida. Los elevados precios de los alimentos desencadenaron una revuelta que ha incluido cortes de rutas, bloqueos en el puerto Fort-de-France –capital de la isla– y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En una semana marcada por la escalada en las protestas, este miércoles 18 de septiembre el prefecto Jean-Christophe Bouvier decretó un toque de queda en Fort-de-France y Le Lamentin, ciudades que han sido el epicentro del movimiento. Además, las autoridades locales informaron sobre la llegada de cien gendarmes desde Francia para reforzar a las fuerzas policiales locales.

Con 350 mil habitantes, la isla de Martinica enfrenta graves problemas sociales: con una inflación galopante, uno de cada cuatro martiniqueños vive por debajo del umbral de la pobreza. Los precios de los alimentos son hasta un 40% más caros que en el territorio continental de Francia.

El movimiento de protesta es liderado por la Agrupación por la Protección de los Pueblos y Recursos Afrocaribeños (RPPRAC). El movimiento empezó sus actividades en junio, cuando a través de las redes sociales la organización convocó movilizaciones para exigir precios asequibles y mejorar el poder adquisitivo de los habitantes de los territorios de ultramar. Sin embargo, las demandas del RPPRAC van más allá del costo de los alimentos. En una entrevista con Francia-Antillas, Aude Goussard, vocera del movimiento, explicó que el objetivo es abordar todas las dificultades que enfrenta su pueblo, incluyendo problemas ambientales, legales, sociales y culturales.

El 1 de julio, el RPPRAC lanzó un ultimátum a las principales empresas de comercio, exigiendo la equiparación de precios de alimentos en los territorios de ultramar con los de Francia continental. La falta de respuesta desencadenó una espiral de protestas que actualmente sacude la isla.

Cercada por masivas manifestaciones, la prefectura aceptó abrir un canal de diálogo a principios de mes, pero luego de tres semanas de movilizaciones, aún no se ha logrado efectuar una mesa de diálogo. El principal eje de conflicto radica en que los representantes del RPPRAC exigen que las negociaciones se transmitan en vivo para que el conjunto de la sociedad pueda escuchar las conversaciones, algo que las autoridades de la isla se niegan a realizar.

Fue en ese contexto que ocurrió la primera gran escalada de violencia, cuando el pasado 11 de septiembre las fuerzas militares reprimieron a los manifestantes frente al Carrefour Dillon. Según un comunicado divulgado por el RPPRAC “esta intervención desencadenó una escalada de violencia en los barrios obreros circundantes”. Según las autoridades locales, desde el inicio de las protestas se han incendiado 44 vehículos y 35 establecimientos han sido atacados; 15 personas fueron detenidas.

Frente a esta situación, Gladys Rogers, una de las voceras del movimiento, se desmarcó de los actos de violencia planteando que “en todo movimiento social, hay personas al margen que aprovechan el tumulto para hacer todo tipo de cosas”. Asimismo, el movimiento afirma que “el diálogo es urgente e imprescindible” para terminar con los disturbios, para lo cual reiteran sus peticiones de “negociaciones públicas y alineación de precios con los de Francia”. «Hicimos varios llamamientos a la calma que funcionaron. Pero dijimos que no podíamos contener la ira de la gente indefinidamente. Cuanto más tarden las cosas, menos podremos hacer» afirmó Rogers.

Las protestas se dirigen contra el Grupo Bernard Hayot, un conglomerado empresarial con una larga historia en la isla, fundado en el siglo XVII por colonos blancos que explotaban esclavos para producir azúcar. Actualmente, el Grupo realiza actividades de importación y exportación en los territorios franceses de ultramar, siendo uno de los principales distribuidores de alimentos en Martinica. Es propiedad de una de las familias más ricas de Francia. Tan solo en el 2021, se calcula que tuvo ganancias por más de 3 mil millones de euros.