Un informe de opinión de agosto de 2024 realizado por el Instituto de Estudios Peruanos aporta datos que dan cuenta de la permanente profundización de la crisis política en Perú. El estudio determina que el 88% de la población desaprueba el gobierno de Dina Boluarte, acentuándose esta preferencia en el centro del Perú en las personas de 25 a 39 años de edad y del nivel socioeconómico más bajo. Asimismo, en lo concerniente a la credibilidad de Boluarte y el Parlamento, el estudio revela que 7 de 10 de peruanos no le cree nada a ambos actores políticos. Por otro lado, a menos de dos años de las próximas elecciones presidenciales, el estudio señala que 73.7% de los peruanos no reconoce a ningún líder político o persona en general como posible buen postulante a presidente del Perú.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (Enades) contiene datos reveladores que dan cuenta de la problemática social y la evaluación social de la misma. Un 90% considera que el Perú está gobernado por un puñado de grupos de poder que actúan en su propio beneficio. Por otro lado, el 56% de peruanos sostiene que la diferencia entre los ingresos de los ricos y los pobres es demasiado grande. Asimismo, 59% de los encuestados considera que el Perú se gobierna de manera centralizada de espaldas a las demandas de las regiones.
Es esta desigualdad en los ingresos y entre las regiones la que se expresa en distintas protestas y conflictos ininterrumpidos, particularmente en la zona andina y central.
En ese contexto de poca legitimidad y baja aceptación se aprobaron las leyes 32107 y 32108, mediante las cuales se establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (antes del 1 de julio de 2002) y se excluye de la calificación de crimen organizado a delitos que tengan una sanción menor a seis años. Entre los principales beneficiarios de dichas leyes se encuentran grupos de interés cercanos a la coalición de derecha que detenta el poder en el Perú, tales como militares y paramilitares del régimen fujimorista (Grupo Colina).
