En septiembre de 2024, la Receita Federal, órgano responsable de la administración tributaria del país, publicó una norma que ampliaba los márgenes de fiscalización sobre transacciones financieras, incluyendo las realizadas vía Pix, el sistema de pago instantáneo desarrollado por el Banco Central de Brasil. Luego de una ola de desinformación y descrédito, el gobierno finalmente revocó esta medida.

La norma estipulaba que bancos digitales y operadoras de tarjetas de crédito debían notificar sobre todas las operaciones mayores a cinco mil reales para personas físicas y 15 mil reales para personas jurídicas. En los hechos, se trataba de una ampliación de la regulación existente para bancos tradicionales y agentes de crédito – ya existían monitoreos para operaciones superiores a dos mil reales. El objetivo de la ampliación era facilitar la identificación de posibles fraudes y hasta operaciones de lavado de dinero por medio movimientos sospechosos.

La oposición respondió con una ola artera de fake news y desinformación, afirmando que el gobierno pretendía cobrar tasas sobre operaciones de Pix para aumentar la recaudación de impuestos. La crisis en torno a Pix desató una serie de intercambios que analistas brasileños han calificado de errores comunicacionales, los cuales acabaron por empujar la revocación de la medida. Ello constituye una derrota política en la gestión Lula, apenas empezado el 2025.