Tras una sesión maratónica de 13 horas, el Senado argentino dio media sanción en la madrugada del viernes al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, por 37 votos a favor y 33 en contra, pero sin dos de sus capítulos más resistidos. El gobierno había retirado el miércoles el que eliminaba las restricciones a la venta de tierras a extranjeros —hoy limitada al 15% del territorio nacional, provincial y municipal, además de un tope de mil hectáreas en la zona núcleo agropecuaria—, después de intentar sin éxito una versión intermedia que elevaba ese límite al 25% en lugar de eliminarlo por completo, y tras comprobar que tampoco esa alternativa reunía los votos necesarios. En la recta final del debate cayó también el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, que habría levantado la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 60 años en bosques, áreas protegidas y humedales afectados por incendios, y durante 30 años en tierras agropecuarias fuera del límite urbano, una reforma que generó fuerte rechazo en la Patagonia, castigada en los últimos años por incendios recurrentes.

La represión de la protesta frente al Congreso dejó heridos y alrededor de una decena de detenidos, entre ellos una fotógrafa con traumatismo de cráneo y un gendarme hospitalizado. Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, balas de goma y agua a presión durante más de tres horas de enfrentamientos, mientras miles de manifestantes coreaban “la patria no se vende”, consigna que también resonó en los recitales de La Rosalía en Buenos Aires durante la semana. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó a los manifestantes detenidos como “delincuentes anarquistas”, en una respuesta que profundizó la polarización en torno a la norma.

El gobierno defendió la iniciativa como una vía para atraer inversión extranjera: el ministro Federico Sturzenegger había estimado en mayo que la derogación de la ley vigente podría traer inversiones cercanas a los 15 mil millones de dólares, mientras que el canciller Pablo Quirno llegó a reconocer en televisión que un extranjero podría comprar un pueblo o una provincia entera, y que eso beneficiaría al país. Sin embargo, una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados mostró que casi ocho de cada diez argentinos respaldan poner límites a la venta de tierras, un rechazo a la propuesta del oficialismo al que se sumaron figuras públicas como el futbolista Lisandro Martínez o las cantantes Lali Espósito, Emilia Mernes y Tini Stoessel, y que se vio amplificado por el fervor nacionalista en torno al reclamo de Malvinas tras el Mundial. Lo que sobrevivió del proyecto —juicio sumario para acelerar desalojos y nuevas restricciones a la capacidad expropiatoria del Estado, que ahora deberá justificar la “utilidad pública” y calcular las indemnizaciones según el valor que tenía el bien antes de que se anunciara la expropiación— pasa a Diputados para su aprobación definitiva.

El repliegue no se limitó a la Ley de Tierras: el gobierno también dio marcha atrás en la desregulación portuaria. A través del Decreto 716/2026, dejó sin efecto el Decreto 690/2026 —que había desregulado el servicio de practicaje y pilotaje de buques apenas una semana antes—, después de que un paro del sector paralizara gran parte de la actividad portuaria y del comercio exterior. La norma, firmada por Milei junto al jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger, restituyó el régimen anterior, dispuso una reducción del 20% en las tarifas del servicio y creó una Mesa de Trabajo para consensuar una nueva regulación. El propio decreto reconoció que las medidas de fuerza generaron una “situación excepcional” que puso en crisis el funcionamiento del sistema, en lo que se leyó como una nueva marcha atrás ante el costo político de avanzar con reformas de shock sin consensos previos.