El jueves 6 de noviembre el Senado de EE. UU. rechazó una resolución bipartidista que exigía autorización del Congreso para cualquier acción militar del presidente Donald Trump contra Venezuela. La medida cayó 51–49, con solo dos republicanos —Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky)— uniéndose a los 47 demócratas. Es el segundo intento fallido en semanas, tras una votación similar que no prosperó el mes pasado.
El trasfondo es la supuesta campaña antidrogas que la administración lleva adelante en el Caribe y el Pacífico oriental que tiene como verdadero oponente el gobierno de Maduro. Los dichos de Trump han sido contradictorios: pasó de insinuar ataques terrestres en el territorio venezolano aunque luego los negó. Según ha trascendido, Trump también ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA. Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 16 ataques contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico con un resultado de más de 65 muertos. Horas después de la votación, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció un nuevo operativo. Trump ya había anticipado que no buscaría aval legislativo: “Simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”.
Los impulsores de la resolución—Tim Kaine (demócrata, Virginia), Adam Schiff (demócrata, California) y Rand Paul— advirtieron que la escalada podría derivar en ataques dentro de Venezuela, algo que la Casa Blanca niega mientras incrementa su presencia militar en la zona. Luego de este bloqueo, Trump mantiene amplio margen para continuar —e incluso intensificar— los operativos marítimos sin un mandato explícito del Congreso.
