En los últimos siete días, Bolivia ha experimentado una escalada en las tensiones políticas entre el gobierno de Luis Arce y la facción del Movimiento al Socialismo (MAS) liderada por Evo Morales. El conflicto se ha centrado en una marcha organizada por los seguidores del expresidente, que culminó con un acto en La Paz, donde Morales exigió la remoción del gabinete de Arce y lanzó un ultimátum. La situación se agravó con enfrentamientos violentos en la localidad de Vila Vila durante el primer día de la protesta, que dejó al menos 26 heridos. Estos choques ocurrieron cuando comunatarios intentaron detener el avance de la marcha, generando una escalada de violencia. El gobierno ha acusado a Morales de intentar desestabilizar el país con fines políticos, mientras que Morales ha criticado duramente la gestión de Arce y su equipo.

El conflicto refleja una fragmentación del oficialismo y una disputa por el control del poder dentro del MAS, que anteriormente se mantenía unido bajo la figura de Morales. Este proceso de fisuras internas se ha intensificado en el contexto de las movilizaciones, donde Morales ha planteado demandas que han sido interpretadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado.

El enfrentamiento entre facciones se intensificó con la marcha que recorrió varios días desde Caracollo hasta La Paz. Los choques violentos en Vila Vila evidencian la polarización social y política que atraviesa el país. Este conflicto no solo refleja la pugna interna en el MAS, sino también la desconexión entre las bases rurales de la zona oriental afines a Morales y un sector del gobierno que ha buscado moderar sus políticas. La violencia de las protestas y la respuesta del gobierno subrayan la fragilidad institucional que atraviesa Bolivia.

Esta crisis revela el debilitamiento del sistema político articulado desde la llegada del MAS al gobierno. También da cuenta de la poca capacidad de mediación del gobierno central. Morales sigue siendo una figura de peso que, a pesar de su retirada formal del poder, mantiene una fuerte influencia en la política boliviana. Esto plantea preguntas sobre la capacidad del sistema para gestionar transiciones de liderazgo dentro del mismo partido y evitar la ruptura definitiva del MAS.

Como parte de esta crisis, el ministro de Justicia, Iván Lima, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Luis Arce y principal vocero contra Evo Morales ha renunciado a su cargo este 26 de septiembre. La renuncia de Lima llega en medio del fracaso por un referéndum que quería impulsar una pregunta sobre la reelección y la crisis en la subvención de carburantes.

Paralelamente, Bolivia enfrenta una grave crisis económica que exacerba las tensiones políticas. La escasez de combustibles, potenciada en parte por los bloqueos de carreteras, ha afectado diversas regiones del país, provocando protestas por parte de sectores productivos como la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur). Esta crisis de suministros se suma a los problemas económicos estructurales que enfrenta el país y vuelve a darle protagonismo a la oposición golpista de Santa Cruz y sectores neoliberales.

Esta combinación de tensiones políticas y crisis económica coloca a Bolivia en una situación de gran incertidumbre, con el riesgo de que las divisiones internas continúen profundizándose en los próximos meses.