La relación entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad sigue deteriorándose y se profundiza desde la ruptura en la relación política e institucional de la fórmula electa en los comicios generales anticipados del 2023.
Abad presentó una denuncia por violencia política de género (el Código de la Democracia contempla a la violencia política como una infracción electoral muy grave que puede ser sancionada con una multa de 21 hasta 70 salarios básicos; destitución y/o suspensión de derechos de participación en cargos públicos desde dos hasta cuatro años) contra Noboa y otros miembros de su gobierno. El ministro de Gobierno, por su lado, denunció un «intento de golpe de Estado» por parte de la vicepresidenta.
La crisis del Ejecutivo también se ha expandido hacia el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El órgano rector de la justicia electoral en Ecuador entró en una crisis de poder tras la remoción de su presidente, Fernando Muñoz. El magistrado aseguró que es una resolución ilegal y ha interpuesto una denuncia penal en contra de los jueces que apoyaron esta acción. Los sorpresivos cambios ocurren cuando esta entidad está por resolver la disputa entre el presidente y su vicepresidenta. En la entidad se tramitan dos denuncias –una en contra de Noboa y otra en contra de Abad por supuestas infracciones electorales– que pueden definir el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del año entrante.
