El miércoles 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que pretende instalar un centro de detención para migrantes deportados en la base naval que Estados Unidos mantiene en la provincia cubana de Guantánamo.
La medida se anunció durante la promulgación de la Ley Laken Riley, una polémica normativa que endurece las penas para los migrantes acusados de delitos menores y que fue aprobada en el Congreso mediante un acuerdo bipartidista. Durante el evento, Trump dijo que firmaría una orden ejecutiva para “ordenar a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que comiencen a preparar instalaciones para 30 mil migrantes en la Bahía de Guantánamo”. Dijo que ahí se enviará exclusivamente a los migrantes deportados “criminales”: “tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen”. El proyecto fue presentado como una forma de “duplicar la capacidad de detención” de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revelara que actualmente tiene capacidad para albergar a aproximadamente 40 mil deportados.
El anuncio fue inmediatamente condenado por el gobierno cubano mediante un comunicado oficial que calificó la decisión de una “demostración de brutalidad” por parte de la administración de Trump. El texto precisa que el territorio donde se ubica la base naval estadounidense es una porción de Cuba que “permanece ocupada militarmente de manera ilegal y contra la voluntad de la nación cubana”, y agrega: “Esta instalación militar es identificada internacionalmente, entre otras razones, por albergar un centro de tortura y detención indefinida, fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, donde han estado detenidas hasta 20 años personas que nunca han sido juzgadas ni condenadas judicialmente por ningún delito”, afirma La Habana. Desde el triunfo de la Revolución en 1959, el gobierno cubano ha demandado la retirada de Estados Unidos de los territorios que ocupa militarmente en la provincia de Guantánamo.
Además de la prisión que Estados Unidos opera en Guantánamo, la base naval alberga desde hace años un centro de detención para migrantes interceptados en el mar, principalmente procedentes de Cuba y Haití. El plan de la administración de Trump implicaría ampliar la base existente, separada de la prisión. Según un informe publicado el año pasado por la organización sin fines de lucro Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, los migrantes llevados a Guantánamo están detenidos en condiciones insalubres “similares a las de una prisión” y permanecen “atrapados en un sistema punitivo” por el cual los funcionarios estadounidenses no rinden cuentas.