El martes 19 de mayo, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió un memorando de una página que concede al presidente Donald Trump, su familia y sus empresas inmunidad permanente frente a cualquier auditoría o reclamo fiscal federal. El documento, firmado por el fiscal general interino Todd Blanche, establece que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) queda «para siempre prohibido y excluido» de iniciar o continuar acciones contra el presidente, y fue publicado en el sitio web del Departamento de Justicia sin ningún comunicado oficial ni conferencia de prensa. La medida se insertó como addendum a un acuerdo por el que el gobierno federal accedió a crear un fondo de mil ochocientos millones de dólares para resolver una demanda presentada por Trump contra el IRS, en relación con la filtración de sus declaraciones impositivas a medios de comunicación entre 2018 y 2020.

La decisión generó un rechazo transversal entre juristas y legisladores. Expertos advirtieron que el acuerdo podría socavar la confianza en el sistema tributario, dado que Trump negoció esencialmente consigo mismo: tanto el fiscal general como el director del IRS son designados suyos. En el Senado, el demócrata Jack Reed calificó a Blanche de «consigliere del presidente» y denunció un «abuso de poder evidente». El líder republicano John Thune dijo estar «incómodo» con la medida, aunque sin ir más lejos. Entre las auditorías que habrían quedado canceladas figura, según reportes, una investigación de larga data sobre una técnica contable que Trump habría utilizado para eludir impuestos, con una exposición potencial estimada en cien millones de dólares.

Desde el punto de vista institucional, analistas legales señalan que el memorando crea un mecanismo de inmunidad sin precedentes en la historia constitucional estadounidense: no es un indulto presidencial, que solo cubre delitos federales, ni un fallo judicial, sino un acuerdo contractual que pretende blindar al presidente frente a la ley tributaria federal de manera indefinida. La inmunidad, sin embargo, no alcanza a los estados, cuyos fiscales y procuradores conservan plena autoridad para investigar a Trump bajo legislación estatal. Tampoco vincula a futuros Congresos, lo que podría abrir una disputa legal en caso de que los demócratas recuperen mayorías en las elecciones de mitad de término.