En enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 14160, titulada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, con el objetivo de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos en estancias temporales en Estados Unidos. Esta medida busca reinterpretar la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, que desde hace más de 150 años ha garantizado la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Esta orden ejecutiva ha enfrentado múltiples obstáculos legales: cuatro jueces federales emitieron órdenes judiciales preliminares que bloquearon su implementación. Los magistrados argumentan que la medida contradice la interpretación establecida de la 14ª Enmienda, así como precedentes del Tribunal Supremo de Justicia, como el caso de Estados Unidos contra Wong Kim Ark de 1898, donde se confirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
En respuesta, la administración de Trump solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia para limitar el alcance de estas órdenes judiciales y permitir que la medida se aplique mientras continúan los procesos en instancias legales. El gobierno argumenta que las órdenes judiciales nacionales exceden la autoridad de los tribunales inferiores y busca restringir su aplicación solo a las partes involucradas en casos específicos. Esta solicitud coloca al Tribunal Supremo en el centro de un debate constitucional sobre la interpretación de la 14ª Enmienda, la separación de poderes y el derecho a la ciudadanía estadounidense.
