Un nuevo escándalo de corrupción en el que enreda a la presidencia estalló a partir de la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y amigo personal del presidente Javier Milei. En las grabaciones, Spagnuolo denuncia un sistema de cobro de coimas por parte de altos funcionarios para la compra de medicamentos, involucrando a miembros cercanos al mandatario, como su hermana Karina Milei y el asesor Eduardo “Lule” Menem. La situación se agravó cuando Spagnuolo fue despedido de su cargo tras la publicación de estos audios, que hasta ahora no fueron desmentidos oficialmente por el gobierno, más allá del anuncio de la intervención de ANDIS para intentar contener la crisis.
Las repercusiones judiciales no tardaron en llegar. El fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron una serie de allanamientos en domicilios vinculados a Spagnuolo, a la droguería Suizo Argentina (relacionada con empresarios mencionados en los audios) y en la propia ANDIS. En uno de estos procedimientos se encontró a Spagnuolo en el barrio privado Altos de Campo Grande, Pilar, donde fue demorado mientras le secuestraron teléfonos celulares, una máquina de contar billetes y documentación clave para la investigación. Esta causa busca esclarecer un presunto esquema organizado de cobros ilícitos y retornos que alcanzarían cientos de millones en contratos estatales.
Como medida cautelar, se le prohibió a Spagnuolo la salida del país. Esta restricción tiene como objetivo garantizar su disponibilidad para futuras citaciones y evitar la dilución de evidencias esenciales. No solo Spagnuolo quedó impedido de viajar, sino que también se extendió esta prohibición a otros involucrados, incluidos empresarios de la familia Kovalipker, dueños de la droguería señalada, y otros exfuncionarios mencionados en la causa. La justicia continúa analizando los dispositivos electrónicos y documentos incautados para reconstruir las maniobras de corrupción y la posible distribución de las coimas entre los implicados.
El caso adquirió además una fuerte carga política. Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente al presidente Milei, recordándole la «doctrina Vialidad» por la que ella fue condenada, y acusando al círculo cercano del mandatario (su hermana y su operador Menem) de estar involucrados en un caso mucho más grave en términos penales. Kirchner subrayó que el propio Milei fue advertido de estas irregularidades por Spagnuolo y cuestionó el despido del exfuncionario, señalando la gravedad del escándalo y la implicancia política y judicial que tiene para el gobierno.
Frente a esta crisis, el jefe de Gabinete Guillermo Francos destacó que fue él quien avisó a Milei sobre la necesidad de desplazar a Spagnuolo tras las denuncias. Francos señaló la gravedad de que un funcionario hable de pedidos de coimas y la obligación inmediata de denunciar estos hechos ante la justicia. Además, aclaró que Milei aseguró no haber recibido ninguna información previa sobre el contenido de los audios, lo que dejó entrever tensiones internas en el gobierno por la gestión de la crisis.
Video recomendado: «Los bolsos de Karina» por Alejandro Bercovich
