En el inicio del 2026, la respuesta popular al denominado «gasolinazo» se ha intensificado rápidamente. Hasta el momento de cierre del presente reporte, se verifican una veintena de puntos de bloqueo que afectan carreteras en seis departamentos del país. Sectores sociales, incluyendo la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de La Paz, han impulsado marchas y medidas de presión exigiendo la abrogación del decreto supremo 5503, mientras que el transporte público en ciudades como Santa Cruz opera apenas al 50% debido a conflictos por el precio transitorio del pasaje. El impacto económico es severo; la Cámara Nacional de Industrias (CNI) comunicó que estos bloqueos generan pérdidas diarias estimadas en 50 millones de dólares.

Ante la escalada de los enfrentamientos, que incluyó destrozos en instituciones públicas, la Fiscalía inició procesos penales contra manifestantes de la COB. En una estrategia de criminalización oficial, el presidente Paz ha sostenido que las movilizaciones sociales y sindicales no buscan defender la economía, sino que son ataques directos a la democracia. No obstante, ante la presión, el Ejecutivo ha mostrado señales de repliegue, anunciando su disposición a realizar ajustes de forma en 35 artículos o incluso derogar 19 artículos de dicho decreto supremo, mientras intenta reanudar el diálogo con la dirigencia cobista en la Casa Grande del Pueblo.

La crisis se ha visto agravada por la disputa interna entre el presidente y el vicepresidente. El decreto supremo 5515, firmado el 2 de enero, habilitó a Rodrigo Paz a gobernar desde el exterior, una medida que busca evitar que Edmand Lara asuma el mando presidencial durante los viajes del mandatario. Mientras que la cartera de Transparencia defiende que este decreto garantiza la estabilidad, la oposición y sectores jurídicos advierten sobre un grave riesgo constitucional y una división de opiniones sobre su legalidad. Actualmente, al menos cinco recursos judiciales amenazan la vigencia de los decretos 5503 y 5515.

En este marco, el vicepresidente Edmand Lara ha pasado a la ofensiva frontal, apoyando las movilizaciones populares, y denunciando a Paz por «acciones dictatoriales» y procesos judiciales injustificados en su contra. Lara ha oficializado su intención de postular a la presidencia, prometiendo «devolver la dignidad a la policía» y denunciando presuntos cobros irregulares por parte del edecán del presidente, Germán Gómez. Asimismo, anunció la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para frenar los efectos de los decretos ya mencionados.

La crisis ya se ha cristalizado en la institucionalidad del país, provocando un quiebre en las bancadas legislativas. El partido oficialista, Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha sufrido una ruptura interna, permitiendo que la alianza Libertad y Democracia (LIBRE) proclame una nueva mayoría opositora de derecha en la Asamblea. Este bloque ya observa con lupa artículos específicos del decreto económico y demanda un diálogo inmediato para evitar un colapso mayor. Paralelamente, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) ha demandado al Gobierno la restitución urgente de recursos para los municipios, que se han visto afectados por la situación económica y las medidas de ajuste fiscal.