El astillero español Cardama presentó un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por la rescisión del contrato firmado en 2024 por irregularidades en las garantías presentadas para construir dos patrulleras oceánicas.

En este sentido, el gobierno de Uruguay sostuvo que actuó apegado a derecho y en defensa del erario público, por lo que mantuvo reuniones con un despacho jurídico español y abogados especializados en litigios internacionales para definir la estrategia, cuya posición oficial es que el tribunal extranjero no tiene competencia, ya que el contrato establece que las controversias jurídicas deben resolverse en tribunales uruguayos; en tanto, Cardama pretende que la rescisión del contrato se declare improcedente.