El jueves pasado venció el plazo de diez días hábiles fijado el 7 de mayo por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que Ecuador y Colombia eliminaran las restricciones comerciales y los aranceles mutuos. Lejos de acatar la resolución, el gobierno de Noboa presentó el 20 de mayo cuatro recursos ante el organismo regional: dos de reconsideración ante la Secretaría General y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la CAN, con el objetivo declarado de revertir las órdenes que le exigían desmontar los aranceles.

Quito solicitó además la suspensión temporal de los efectos de las resoluciones mientras se tramitan los procedimientos. La Cancillería sostuvo que las decisiones de la CAN “adolecen de vicios”. La Secretaría tendrá hasta 45 días hábiles para pronunciarse sobre los recursos de reconsideración, mientras que el Tribunal podría tardar más de dos años en resolver las acciones de nulidad.

La posición ecuatoriana al vencimiento del plazo era la siguiente: un arancel del 100% sobre determinados productos colombianos, con una reducción anunciada al 75% a partir del 1 de junio, y la habilitación exclusiva del puente internacional de Rumichaca como paso fronterizo terrestre. Colombia, por su parte, reiteró que está dispuesta a eliminar sus aranceles si Ecuador hace lo mismo, pero ninguna de las medidas había sido desmontada al cierre de la semana.

El conflicto tiene además dimensiones que las resoluciones de la CAN no cubren: la suspensión del suministro eléctrico colombiano a Ecuador y el aumento unilateral ecuatoriano de la tarifa de transporte del crudo colombiano por sus oleoductos, de tres a 30 dólares por barril, a las que se suma la tensión política de los últimos meses derivada de los fuertes cruces y acusaciones entre los mandatarios.