Colombia enfrenta una serie de crisis de seguridad que reflejan la persistente influencia de grupos armados ilegales en diversas regiones del país. Esta semana en el departamento de Guaviare, más de 10 mil personas se encuentran confinadas debido a enfrentamientos entre disidencias de las FARC lideradas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’. La situación ha paralizado actividades en municipios como San José del Guaviare y El Retorno, donde la escasez de alimentos y medicamentos agrava la crisis humanitaria. Las autoridades han desplegado equipos antidrones y unidades especiales para contrarrestar la violencia, mientras los líderes locales solicitan al gobierno nacional una atención prioritaria para garantizar la seguridad en la zona .

En Tuluá, Valle del Cauca, la extradición de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’, ha desatado una ola de violencia. La quema de vehículos y ataques a establecimientos comerciales llevaron a la implementación de toques de queda por parte del alcalde Gustavo Vélez. Aunque las autoridades han logrado controlar parcialmente la situación mediante operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército, el hallazgo de una granada oxidada cerca del Coliseo de Ferias evidencia la amenaza latente que representa esta organización.

La influencia de ‘Pipe Tuluá’ trasciende las fronteras de Tuluá. A pesar de estar encarcelado desde 2015, ha mantenido el control de ‘La Inmaculada’ y ha expandido su influencia a otras regiones como Popayán y el Eje Cafetero. Su vinculación con la organización Mago, responsable de amenazas y ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y su presunta implicación en el asesinato del director de la cárcel La Modelo en 2024, reflejan su capacidad para operar desde prisión. La extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, ha sido aprobada por el gobierno colombiano, generando reacciones violentas por parte de sus seguidores.