El miércoles 1º de julio de 2026, en la revisión conjunta trilateral que exige el propio texto del acuerdo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó que Washington no avalará la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA/T-MEC/CUSMA) en su forma vigente. En un comunicado oficial tras la reunión virtual, el representante comercial Jamieson Greer afirmó: “Estados Unidos no acordó renovar el USMCA en su forma actual. Como resultado, el USMCA no se renueva”, y agregó que su país “continuará colaborando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”. Un funcionario de la administración, en una conferencia telefónica con periodistas ese mismo día, precisó que otras medidas arancelarias impulsadas por el presidente ya “han reemplazado en cierta medida a muchos elementos del USMCA”.
La decisión no da por terminado el tratado —que por sus propios términos seguirá vigente hasta 2036, sujeto ahora a revisiones anuales en lugar de la prórroga automática de 16 años que Canadá y México habían solicitado—, pero sí formaliza un giro que Trump venía anticipando. El mes pasado, el presidente Trump había dicho: “No sé si lo voy a renovar. No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros”.
Dentro del Congreso, las reacciones se dividieron más por intereses sectoriales y territoriales que por línea partidaria estricta. Entre los republicanos, el representante Adrian Smith calificó la no renovación como “una oportunidad para fortalecer la aplicación” del acuerdo, no como su terminación, mientras que el senador por Nebraska Pete Ricketts remarcó que México y Canadá son el primer y segundo mercado de exportación de su estado y pidió mantener esas relaciones comerciales. Del lado demócrata, la representante Rosa DeLauro había encabezado en los meses previos un pedido firmado por 105 legisladores de su bancada para renegociar el acuerdo, al considerar que no está funcionando para los trabajadores estadounidenses; en un sentido más crítico de la falta de rumbo, la congresista de Michigan Haley Stevens sostuvo que no confía en que la administración Trump “lo resuelva ni defienda a los trabajadores estadounidenses”, y el representante por Arizona Greg Stanton advirtió que abandonar la extensión no hace más fuerte a Estados Unidos sino que invita a años de revisiones anuales, amenazas arancelarias continuas e incertidumbre para la inversión.
El sector privado también se expresó de forma dividida. La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) pidió usar el período de revisión para endurecer los estándares laborales y fortalecer las reglas de origen, mientras que desde el otro extremo del espectro sectorial, la Asociación de Marcas de Consumo celebró la posibilidad de que la administración eleve el nivel de exigencia frente a México y Canadá en la mesa de negociación. Un directivo de la Asociación de Líderes en Industria Minorista (RILA), en cambio, señaló que el USMCA brinda la certeza que los minoristas necesitan para planificar cadenas de suministro e invertir en América del Norte, en una advertencia implícita sobre los costos de la incertidumbre regulatoria; en la misma línea, analistas del Cato Institute anticiparon que la ausencia de un plazo de resolución concreto podría desalentar decisiones de inversión de mediano plazo.
Estados Unidos y México ya sostuvieron dos rondas de negociación bilateral, con una tercera prevista para la semana del 20 de julio centrada en aranceles al acero, aluminio y sector automotriz.
