ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Milei impulsa una reforma laboral y los sindicatos se preparan para resistir

El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma laboral para sesiones extraordinarias, que modifica relaciones de trabajo, sindicatos y blanqueo.

El proyecto permite salarios opcionales en moneda extranjera o billeteras virtuales. Introduce “negociación dinámica”: sindicatos o trabajadores acuerdan bonos por productividad con empresas. A su vez, baja las indemnizaciones al excluir aguinaldo, vacaciones y premios del cálculo; y se actualizan por inflación +3% anual (hoy a discreción judicial) y pagan en hasta 12 cuotas. También crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL, optativo): empleadores aportan 3% del salario a inversiones para indemnizaciones, compensado con descuentos en cargas sociales.

Las vacaciones se fraccionaran (mínimo 7 días), con un período de verano cada 3 años. Introduce banco de horas para extras (alternativa a pago 50% días normales, 100% feriados), y las jornadas pasan a ser extensibles a 12 horas por “común acuerdo”.

Sobre el derecho a huelga, se extienden los “servicios esenciales” (salud, agua, energía, gas, tráfico aéreo) y se suman telecomunicaciones, aeronáutica, puertos, aduanas, migración, educación no universitaria quienes deben sostener el 75% de su actividad. Se declaran los “Servicios trascendentales” (medicamentos, transporte, radio/TV, industrias siderúrgica/aluminio/química/etc., bancos, comercio electrónico, etc.) que deben garantizar un 50% de su producción.

También se modificará la Ley Sindical y las asambleas de base requerirán autorización empresarial (sin goce de sueldo). Se considerarán “infracciones graves” a los bloqueos y tomas. Además, se habilita el otorgamiento de personería gremial a sindicatos de empresas cuando sus afiliados superen por al menos seis meses a los del sindicato preexistente.

El proyecto de ley oficial crea un régimen de incentivos para quienes contraten a trabajadores formales. La medida tendrá un año de vigencia, y establece que aquellas empresas que contraten a personas desempleadas, monotributistas o ex empleados públicos y aumenten la nómina de empleados, tendrán durante los primeros cuatro años descuentos en el pago de las contribuciones patronales. Por otro lado, se establece un régimen de blanqueo para los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados. El mismo contempla, por un plazo de 6 meses, la extinción de la acción penal por evasión; la condonación de multas y un porcentaje de la deuda por aportes; y el pago de deuda hasta en 72 cuotas.

El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este viernes 12 de diciembre por unanimidad una manifestación contra la reforma laboral de Javier Milei para el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo. La propuesta de la conducción marca la primera reacción de la central obrera ante un proyecto sin artículos favorables a los trabajadores. Además, seguirán dialogando con gobernadores, diputados y senadores para frenarlo. Se sumarán a la manifestación la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), organizaciones sociales y partidos políticos opositores al gobierno.

BOLIVIA

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | Aprehenden al ex presidente Luis Arce y piden su detención por el caso Fondo Indígena

El expresidente boliviano, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) fue aprehendido por su presunta vinculación con el caso Fondo Indígena, un mecanismo que, según funcionarios del gobierno actual, se había transformado en uno de los mayores casos de corrupción del Estado. Tras la detención, la Fiscalía imputó a Arce y solicitó a la justicia que se le dictara tres meses de detención preventiva en la cárcel de Qalahuma.

La acción judicial se ejecutó después de que el presidente Rodrigo Paz activara diez “comisiones de la verdad” con el objetivo de investigar supuestos actos de corrupción suscitados durante la gestión de los gobiernos del MAS. El presidente Paz, al comentar sobre el caso, había instado a la Fiscalía a ser diligente y a «evitar la fuga de responsables del daño económico al país», pidiendo a la justicia que los «responsables de corrupción no se escapen«. Esto posiciona a la detención de Arce como parte de una ofensiva sistemática y respaldada por el ejecutivo contra el masismo.

La detención fue inmediatamente celebrada por el vicepresidente Edmand Lara, quien, a pesar de su conocido conflicto con el presidente Paz, se alineó con la acción judicial y felicitó a la Policía por la captura. Lara reforzó la narrativa oficial anticorrupción al declarar que «los que han robado a la Patria van a devolver hasta el último centavo«.

La detención de Arce se utilizó como plataforma para intensificar los ataques políticos contra Evo Morales. Varios actores políticos oficialistas intentaron vincular directamente a Morales con la trama del Fondo Indígena. El expresidente Tuto Quiroga fue uno de los más duros, acusando a Morales de «liderar un andamiaje delincuencial», en un intento de criminalizar la estructura política del MAS. De hecho, esta ofensiva política recibió respaldo del Congreso, donde diputados bolivianos pidieron enjuiciar directamente a Evo Morales por el mismo caso.

Ante la magnitud de la avanzada judicial y las acusaciones políticas, los seguidores de Evo Morales respondieron centrándose en fortalecer la seguridad del líder indígena. Luego de la detención del expresidente Arce y las posibles repercusiones del caso en su contra, el evismo advierte que el cerco judicial se está cerrando en torno a las distintas fuerzas progresistas del país.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO y AGENDA POLÍTICA | Ley de amnistía y quita de fueron para la diputada Zambelli

En una semana marcada por tensiones institucionales, disputas en el Congreso y avances judiciales decisivos, Brasil vivió uno de los capítulos más intensos del año político. El centro de gravedad estuvo puesto en la votación del Proyecto de Ley de Dosimetría (PL da Dosimetría), iniciativa que modifica los criterios para el cálculo de penas y que, según especialistas, beneficia no solo a condenados por delitos comunes, sino que también abre la puerta a reducciones sustanciales para involucrados en crímenes contra el Estado democrático de derecho. La agenda parlamentaria estuvo directamente atravesada por la situación del expresidente Jair Bolsonaro, cuya condena por el intento de golpe de 2023 continúa generando repercusiones políticas y jurídicas. En paralelo, la diputada Carla Zambelli, una de las principales aliadas bolsonaristas, enfrentó nuevos embates en el Supremo Tribunal Federal, con mayoría formada para revocar su mandato, en un proceso que terminó cruzándose con las negociaciones políticas sobre el PL.

La votación del PL de Dosimetría, ocurrida en la Cámara de Diputados, fue descrita como una “vergüenza nacional” por parlamentarios de oposición al proyecto. El clima fue de confrontación desde el inicio: obstrucciones, gritos, maniobras de último minuto y acusaciones de atropello procedimental. Según relató Brasil de Fato, el diputado Alencar Santana denunció que el proyecto fue impulsado a contrarreloj por la base aliada de Bolsonaro con el objetivo de aliviar la condena del expresidente, cuya pena podría ser drásticamente reducida si la norma entra en vigor.

El presidente de la Cámara, Hugo Motta, fue duramente criticado por su conducción de la sesión. Incluso Guilherme Boulos, en declaraciones recogidas por Folha de S.Paulo, afirmó que la aprobación del proyecto constituye “una amnistía vergonzosa”, y sostuvo que Motta cometió un “error grave” al permitir la votación sin un debate adecuado. El episodio se interpretó como un movimiento político articulado para generar una salida jurídica a Bolsonaro en medio del avance de su proceso penal.

Mientras el Congreso debatía un proyecto con impacto directo sobre su futuro, Bolsonaro seguía enfrentando un escenario adverso en el Supremo. Su condena por participación en los actos golpistas de 2023 continúa siendo ratificada por sucesivas decisiones judiciales, con implicancias que lo mantienen inelegible y con penas que podrían superar las dos décadas.

La votación del PL fue interpretada por analistas y por sectores del gobierno como un intento explícito de su bancada para proteger al líder de la ultraderecha. Especialistas entrevistados por Agência Brasil advirtieron que el proyecto flexibiliza la estructura penal de manera generalizada, beneficiando tanto a acusados por corrupción como a grupos criminales comunes. Esta amplitud, dijeron, revela la falta de criterios técnicos y el carácter eminentemente político de la iniciativa.

La expectativa ahora se traslada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien, según adelantaron voces de su entorno, vetará el proyecto si llega a su despacho, lo que abriría una nueva batalla entre el Ejecutivo y un Legislativo cada vez más tensionado por la agenda bolsonarista.

En este escenario cargado, la figura de Carla Zambelli emergió como una de las piezas más significativas. Durante las negociaciones que rodearon la votación del PL, su caso en el STF —en el cual responde por acciones relacionadas con los movimientos golpistas y por el famoso episodio armado durante la campaña de 2022— se volvió parte del entramado político. Un análisis citado por Brasil de Fato señala que Zambelli y Glauber Braga se transformaron en “monedas de cambio” dentro de un acuerdo más amplio que incluía la discusión sobre dosimetría, el presupuesto y la liberación de enmiendas parlamentarias.

Pero el tablero se movió contra ella: el STF formó mayoría para quitarle el mandato, según reveló Brasil 247. El ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, endureció su postura en medio de una serie de acciones dirigidas a frenar la escalada de radicalización digital y la articulación de grupos extremistas. Las decisiones contra Zambelli —que incluyen restricciones, apercibimientos y medidas cautelares— fueron interpretadas como un mensaje claro de que la Corte no tolerará conductas que atenten contra el Estado democrático.

El choque entre la lógica parlamentaria y la acción del Supremo marcó el ritmo de la semana. Mientras en la Cámara los sectores bolsonaristas buscaban desesperadamente una salida legislativa a las condenas derivadas del intento de golpe, en el STF las acciones de Moraes avanzaban sobre las figuras más radicales del movimiento. La simultaneidad de ambos procesos dejó al descubierto un país dividido entre proyectos disímiles.

El resultado final del PL de Dosimetría, el avance del proceso de Bolsonaro y la casi segura caída del mandato de Carla Zambelli configuran un escenario en el que la institucionalidad brasileña vuelve a ser puesta a prueba. La semana dejó claro que el bolsonarismo aún tiene fuerza en el Congreso, pero enfrenta límites crecientes en el Poder Judicial. El desenlace de estas disputas definirá no solo el mapa electoral rumbo a 2026, sino también la solidez de la democracia brasileña en un momento decisivo de su historia reciente.

CHILE

ELECCIONES | Recta final en para la segunda vuelta entre Jara y Kast

La campaña presidencial chilena concluyó el jueves con actos masivos de José Antonio Kast y Jeannette Jara fuera de Santiago, de cara a las elecciones del domingo 14 de diciembre. Kast cerró en Temuco, Araucanía, un bastión suyo afectado por la violencia rural, enfatizando seguridad, control migratorio y «mano dura contra el terrorismo”, con promesas de paz, cárcel para violentos y deportación de irregulares en 90 días. Criticó al gobierno de Boric y agradeció a derechas aliadas, confiado en su victoria tras un 32,57% en primera vuelta allí.​ Jara cerró en Coquimbo, destacando logros como reforma de pensiones y reducción de jornada laboral, prometiendo firmeza contra la delincuencia, narcotráfico y corrupción, y justicia social para desigualdades, además de prometer la reducción de impuestos en medicamentos.​ Jara llamó a no votar nulo o blanco, apelando a indecisos, votos del centro y al electorado de Parisi (tercero con 19%).

Jara también hizo hincapié en frenar los indultos a condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. La apelación no es menor, ya que Miguel Krassnoff, exagente de la Dirección de Inteligencia (DINA) condenado por ejecuciones, torturas y desapariciones, genera controversia en la campaña presidencial ante la defensa que Kast hace de personaje y la posibilidad de indultarlo. Kast visitó en 2017 a presos como Krassnoff en Punta Peuco y Colina 1, defendiendo la «obra del gobierno militar» y cuestionando procesamientos por «venganza» más que justicia, aunque algunos reconocieron delitos o alegaron órdenes superiores.​

En debates recientes, Jara rechazó los indultos a condenados por lesa humanidad como Krassnoff, acusando a Kast de promover conmutaciones humanitarias incluso para abusadores infantiles vía proyectos de ley para mayores de 70-75 años con enfermedades terminales. Kast esquivó respuestas directas, negando indultos en su programa para delitos graves, rechazando delación compensada y abogando por revisar casos menores como soldados conscriptos, mientras aliados como Johannes Kaiser apoyan los indultos.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Tensiones tras la caída de la reforma tributaria profundizan el choque entre el Ejecutivo y el Congreso

El hundimiento en comisión de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro abrió una confrontación política inmediata. Además de dejar sin el paquete de financiación por COP de 16,3 billones que proponía la iniciativa, el resultado dejó en riesgo la aprobación de otros proyectos centrales del Ejecutivo, entre ellos la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y la creación del Ministerio de la Igualdad, que ahora enfrentan retrasos, archivos y falta de recursos para su implementación. La derrota legislativa desató una oleada de pronunciamientos y confrontaciones tanto dentro como fuera del gobierno. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro calificó la decisión de las Comisiones Económicas conjuntas del Congreso como un acto de “odio político” que antepone intereses partidistas sobre el interés nacional y exigió responsabilidad a los legisladores. Petro ha intensificado sus críticas en redes sociales, llegando incluso a describir a algunos congresistas como “extorsionistas” por anteponer cálculos políticos al bienestar colectivo y sugiriendo que ese bloqueo sistemático a iniciativas del Ejecutivo refleja un rechazo al cambio profundo en la estructura fiscal y social del país. El mandatario ha reiterado que no permitirá que las consecuencias de la crisis fiscal recaigan sobre los más pobres y ha planteado la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente como respuesta última ante el cerrojo legislativo.

En el terreno legislativo, dirigentes de comisión y ponentes advierten que, sin las fuentes de financiación que pretendía garantizar la tributaria, la discusión de la reforma a la salud quedará sin piso técnico para su viabilidad, la jurisdicción agraria y el ministerio enfrentan quórums frágiles y dilaciones que podrían terminar en archivo. La reacción pública y política fue diversa, desde críticas que calificaron la propuesta original como irresponsable por sus condiciones hasta análisis que subrayan el cálculo electoral detrás del bloqueo, con líderes de diferentes bancadas marcando estrategias de cara a 2026. Finalmente, el episodio obligó al gobierno a reordenar prioridades legislativas y evaluar el estado de otras iniciativas sensibles, como la ley de sometimiento para grupos armados y bandas criminales, cuya continuidad en el Congreso deberá decidirse en un contexto parlamentario ahora más fragmentado y hostil, donde la combinación de limitaciones fiscales y cálculo político condicionará el rumbo legislativo en las próximas semanas.

RELACIONES EXTERIORES | Cruce de advertencias y diplomacia tensa entre Petro y Trump

La reciente escalada verbal entre Donald Trump y Gustavo Petro, suma nuevas advertencias sobre la lucha antidrogas en medio de propuestas diplomáticas y acusaciones sobre atentados en el Caribe. La relación bilateral sigue marcada por desconfianzas y mensajes públicos cruzados. Trump lanzó una advertencia directa en la que afirmó que Colombia podría convertirse en “el siguiente objetivo” de su estrategia contra el narcotráfico si el gobierno colombiano no actúa frente al aumento de la producción de cocaína, una intervención que ubicó la tensión en la agenda bilateral. Petro respondió con desdén a esas declaraciones, calificando al presidente estadounidense como “muy desinformado” sobre la realidad colombiana y rechazando que acusaciones generales expliquen ni resuelvan el problema.

En paralelo, el presidente colombiano ha planteado propuestas de política exterior hacia el conflicto que Trump lleva con Venezuela, incluyendo la idea de un gobierno de transición y la mención de amnistías generales como herramientas para desescalar la crisis política, contrastando con la retórica punitiva de Washington. La discusión se vio además alimentada por hechos concretos, Petro denunció que lancheros hallados tras ataques podrían ser extranjeros (posiblemente dominicanos) y vinculó hallazgos de cuerpos en La Guajira a supuestos bombardeos, afirmaciones que alimentan la polarización sobre responsabilidad y jurisdicción en zonas marítimas y fronterizas.

En un gesto inesperado, Petro pidió formalmente invitar a Trump a Colombia, movida que puede interpretarse tanto como un intento de canalizar el conflicto hacia la diplomacia como una estrategia para controlar la narrativa local sobre soberanía y seguridad. Colombia se encuentra en un plano en el que la política antinarcóticos se entrelaza con la competencia geopolítica y la construcción de legitimidad interna, mientras actores estatales y mediáticos ayudan a convertir cada pronunciamiento en un termómetro de la relación bilateral.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | El gobierno activa el derecho preferente para comprar tierras de bancos y destinarlas a campesinos y comunidades étnicas

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia ha anunciado la activación de un mecanismo legal vigente desde hace tres décadas que le otorga prioridad para adquirir predios rurales que se encuentran actualmente en manos de bancos y entidades financieras, con el objetivo de favorecer el acceso a tierra por parte de familias campesinas y comunidades étnicas históricamente excluidas. Este mecanismo, respaldado por el artículo 32 de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015, recientemente actualizado por el Decreto 033 de 2025, obliga a las instituciones financieras a informar a la ANT sobre los predios rurales que han recibido como dación en pago por liquidación de créditos hipotecarios, otros negocios jurídicos o mediante sentencia judicial, y permite así a la Agencia ejercer su primera opción de compra antes de que estos terrenos ingresen al mercado privado. El decreto también contempla que cualquier propietario o ganadero ubicado en zonas priorizadas por la reforma agraria debe ofrecer primero sus tierras al Estado. Tras la postulación de los terrenos por parte de los bancos, la Agencia realizará los análisis jurídicos, técnicos y territoriales pertinentes y, de resultar viable, presentará ofertas formales de compra.

Juan Felipe Harman, director de la ANT, ha defendido la actualización normativa como un avance para una distribución más equitativa de la tierra y un impulso a la producción agrícola comunitaria. Al mismo tiempo, representantes oficiales han señalado que esta opción de compra preferente está diseñada para contribuir al establecimiento de familias campesinas y comunidades étnicas en territorios rurales, en coherencia con los objetivos de inclusión social planteados por la reforma agraria.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Ecuador atraviesa la peor crisis de salud pública de su historia

Desde el inicio de su gestión, el presidente Daniel Noboa impulsó una agenda de recortes y austeridad, continuando los planes económicos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Como consecuencia, los servicios públicos se han deteriorado a un ritmo vertiginoso, afectando el ejercicio de derechos básicos por parte de la población. La crisis del sistema de salud se enmarca en este contexto y ha escalado a niveles sin precedentes.

La situación tocó fondo tras revelarse la noticia de la entrega del cuerpo de una niña fallecida a su madre en una caja de cartón en un hospital público. Este hecho, que revela un sistema «al borde del colapso», obligó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y generó una fuerte reacción de condena e investigación.

Tras la difusión del escándalo, el gobierno actuó desvinculando al gerente del hospital público implicado en la entrega del cuerpo de la niña, colocando la responsabilidad de la situación en un funcionario público y no en la cuestión sistémica, relativa al avance del ajuste estructural.

A nivel legislativo, la Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional, liderada por el correísmo, inició una investigación sobre la muerte de la bebé y la entrega de su cuerpo en esas condiciones.  Adicionalmente, la crisis en el sector ha tenido repercusiones en el ámbito judicial y legislativo, con el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificando el juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martin.

La gravedad de la situación ha forzado al gobierno de Noboa a centrar la atención en la materia nombrando a su vicepresidenta, María José Pinto, al frente de la institución. En este marco, el Ministerio de Salud Pública actualizó y publicó la lista de enfermedades catastróficas que afectan a los enfermos, una acción que busca atender las necesidades específicas de los pacientes en medio del colapso del sistema. Estas medidas, sin embargo, no han surtido mayor efecto y los hospitales no están en condiciones de atender a la población de manera eficaz.

La falta de medicamentos en hospitales públicos es un problema crónico que se ha agudizado desde finales de 2021 y principios de 2022, con picos críticos en este período, llevando incluso a declarar emergencias en el sistema para la adquisición de fármacos básicos como insulina o anticancerígenos, afectando gravemente a pacientes y generando gastos de bolsillo elevados. Así es como el ajuste estructural y desmantelamiento de la institucionalidad pública no sólo deterioró las condiciones de seguridad en el país, sino también su red de sostén sanitario.

PARAGUAY

RELACIONES EXTERIORES | Peña visita a Orbán para consolidar su vínculo estratégico y se reúne con la hija de Machado en Oslo

El presidente paraguayo Santiago Peña inició una gira europea que lo llevó primero a Hungría para reunirse con el primer ministro Viktor Orbán, en la primera visita de un mandatario paraguayo a Budapest en tres décadas. El viaje buscó impulsar la agenda económica y avanzar en cooperación política, cultural y geopolítica, con Orbán afirmando que Hungría puede “apoyar el éxito de los programas económicos de Paraguay”. Peña, por su parte, destacó que ambos gobiernos comparten una visión basada en “valores y principios”.

La sintonía política entre ambos mandatarios dominó la visita. Orbán elogió las políticas conservadoras del gobierno paraguayo y celebró la defensa de los “valores tradicionales”, afirmando que Peña “lucha por la paz, el crecimiento y la familia”. Esta relación se ha construido a lo largo de años de articulación en foros como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y el Foro Madrid, donde legisladores aliados al oficialismo, como Raúl Latorre y Gustavo Leite, han operado como intermediarios. Uno de los resultados más visibles de este vínculo es la ley paraguaya de control a las ONG, inspirada en la normativa húngara y criticada por organizaciones internacionales.

Durante su estadía en Budapest, Peña también mantuvo encuentros con el presidente húngaro Tamás Sulyok, con el titular del Parlamento, László Kövér, y con empresarios locales, pese a que el intercambio comercial entre ambos países sigue siendo acotado.

Tras su paso por Hungría, Peña viajó a Oslo para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a María Corina Machado. Allí, el mandatario se reunió con Ana Corina Sosa Machado, hija de la dirigente venezolana, y reafirmó el respaldo de Paraguay a su lucha por “libertad, justicia y democracia”. La Presidencia paraguaya destacó que su presencia en el acto busca reforzar la posición del país en materia de “defensa de los derechos humanos”. La gira continúa con una visita oficial a Uzbekistán.

PERÚ

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO – ELECCIONES | Se definen las candidaturas presidenciales para 2026

El calendario electoral peruano para 2026 avanzó con la conclusión de las elecciones primarias, realizadas mediante el sistema de elección por delegados en la mayoría de los casos. Los partidos políticos definieron un total de 37 candidaturas presidenciales que buscan llegar a Palacio de Gobierno. Esto indica una profundización en la ya alta fragmentación política, derivado de la continua crisis de representación que atraviesa el país desde hace varios años.

En términos formales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó los resultados de las elecciones primarias al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a las 37 organizaciones políticas que participaron. Esta acción formalizó los resultados internos y permitió la transición a la siguiente fase del calendario electoral.

Una vez concluidas las primarias, el cronograma electoral establece la fecha límite para la inscripción formal de las candidaturas. Los partidos y alianzas tienen un plazo establecido hasta el 23 de diciembre para cumplir con esto. Dicho paso es crucial, ya que marca el momento en el que las nóminas oficializadas por los partidos ingresan a la fase de revisión y calificación del JNE, consolidando a los postulantes que aparecerán en la boleta electoral de 2026. La incógnita aquí es si se sostendrán las 37 candidaturas en cuestión.

En el ámbito legislativo de la elección, las listas internas confirmaron el retorno de figuras históricas y antiguas del fujimorismo que buscan obtener un escaño. Entre los nombres que vuelven a postular al Congreso se encuentran Martha Chávez, Karina Beteta y Karla Schaefer, entre otras figuras prominentes asociadas a Fuerza Popular.

La presencia de estas figuras en las listas congresales, en medio de una elección presidencial altamente fragmentada, trae consigo la estrategia de asegurar que las bancadas políticas históricas –especialmente la de Fuerza Popular– mantengan una presencia significativa en el Congreso, lo que podría incidir en las alianzas y la gobernabilidad post-electoral. Así es como Keiko Fujimori planea conquistar la presidencia en este que será su cuarto intento.

URUGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El gobierno analiza su gestión 2025 y se enciende el reclamo por cambios fiscales

En el marco del cierre del ciclo político-económico 2025, destacaron dos intervenciones centrales: las declaraciones del presidente Yamandú Orsi y el secretario de la presidencia Alejandro Sánchez, a las que se sumaron las declaraciones del economista Gabriel Oddone sobre la estructura impositiva nacional y el aporte que exige la central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de los sectores de mayores ingresos.

En su intervención, Orsi repasó el punto de partida de su gobierno: una herencia “ni desastre ni paraíso”, pero con un cuadro “más pesado de lo anunciado”, donde el déficit rondaba el 4% del PIB, existían deudas postergadas en ministerios y empresas públicas, y se habían adelantado ingresos de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) que condicionan 2025. Sumó egresos adicionales por casi 970 millones de dólares y mencionó el embargo en Luxemburgo.

También enfatizó problemas sociales acumulados: la pobreza infantil trepó al 20% en 2024, se registró un récord de personas en situación de calle y el sistema de salud mostraba tensiones extremas, con mutualistas en crisis y un número elevado de juicios contra el Estado. En seguridad, remarcó la combinación de crimen organizado, altos niveles de homicidios y cárceles sobrepobladas. En gestión, detalló la definición de 63 prioridades, la creación de programas como Uruguay Innova y la unificación de becas bajo una misma gobernanza.

Por su parte, Sánchez planteó el 2025 como un año para ordenar, sistematizar y transparentar metas, impulsando el rol de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas como instrumento de control ciudadano.

El tramo final del debate público giró hacia la discusión tributaria, impulsada por las declaraciones de Gabriel Oddone, quien sostuvo que Uruguay debe evaluar un impuesto a los sectores de mayor patrimonio, con el objetivo de fortalecer la progresividad fiscal y responder a necesidades urgentes del Estado. Este planteo reavivó tensiones con el PIT-CNT, que reclama una reforma estructural más profunda, reducción de exoneraciones al capital y una revisión del  Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) para garantizar mayor equidad. Algunos sectores sindicales consideran insuficiente un impuesto acotado a los “más ricos” y demandan un rediseño general del esquema tributario para que el ajuste no recaiga sobre salarios y jubilaciones.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | Estados Unidos incauta buque con petróleo venezolano

El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una nueva acción unilateral frente a las costas de Venezuela, aumentando desde hace meses la escala de tensión en el Mar Caribe con la presencia de buques de guerra estadounidense y acciones ilegales letales a diversas embarcaciones, así como también incursiones aéreas violando la territorialidad venezolana.

En esta ocasión el gobierno de Estados Unidos publicó un video en el cual se observa la incautación de un buque petrolero en aguas internacionales frente a las costas venezolanas. Cabe destacar que esta es la operación de mayor importancia llevada a cabo desde el comienzo de las operaciones en esa zona, ya que en este caso no solamente abordaron un buque de gran tamaño sino que incautaron la carga petrolera. Según palabras del propio presidente Donald Trump es la más grande incautación jamás realizada sugiriendo abiertamente que se quedarán con ese petróleo.

Según medios estadounidenses, el tanquero identificado como Skipper se encontraba bajo sanciones por parte de Estados Unidos acusado de transportar crudo iraní, razón por la cual se lo confiscó. Si bien en este caso transportaba petróleo venezolano, su abordaje y detención no tiene una clara relación con el gobierno de Venezuela.

La respuesta oficial del gobierno venezolano se dio a través de una comunicación emitida por Cancillería en donde se repudia este hecho considerando las declaraciones de Trump y las imágenes difundidas como confesiones de  un acto de piratería llevado a cabo por Estados Unidos.  A su vez, Venezuela considera que este robo, oculto bajo conceptos como incautación, constituye una violación flagrante del derecho internacional, anunciando la denuncia de estos actos ilegales en los diferentes organismos multilaterales, para exponer la agresión y exigir responsabilidades. Por su parte el presidente Nicolás Maduro no solamente calificó esta acción como un acto criminal de piratería sino que además denunció que los tripulantes de dicha embarcación fueron secuestrados y se encuentran desaparecidos.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la Ley de Presupuesto 2026

El martes 9 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en segunda discusión y con mayoría calificada la Ley del presupuesto 2026 y la Ley Especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2026. El vicepresidente del Poder Legislativo Pedro Infante destacó la aprobación de sus diferentes partes afirmándose el respaldo parlamentario a la planificación económica presentada por el Poder Ejecutivo.

A su vez el diputado nacional Jesús Faria resaltó que el presupuesto va en sintonía con las necesidades del país, contemplando inversiones para fortalecer la producción proyectando un crecimiento consolidado de la economía venezolana.

Por el contrario, el asambleísta Oscar Ronderos, perteneciente a la histórica agrupación opositora Acción Democrática reclamó que el crecimiento económico llegue a toda la población al advertir que en el Presupuesto no se observan incrementos significativos destinados a salarios de trabajadores del sector público.

Cabe destacar que el presupuesto para el 2026 asciende a más de 5 billones de Bolívares (BS) lo que si bien representa un aumento del 455% del presupuesto 2025 en moneda nacional, debido al ataque monetario recibido y las constantes devaluaciones del bolívar, en términos de moneda dura (dólares) se observa una reducción del 14% pasando de 22 mil millones a 19 mil. Así mismo, este presupuesto contempla una inversión social que equivalente al 77,8% del mismo. Por su parte, la Ley Especial de endeudamiento sumada a 37 proyectos equivalentes representan un monto de 531 millones de bolívares, constituyendo una fuente alternativa de recursos financieros, la cual será utilizada en último recurso en proyectos destinados a mejorar  la capacidad energética para fortalecer el aparato productivo del país. El gobierno cuenta con un lapso máximo de 10 días para su promulgación.