ARGENTINA

ELECCIONES | Contundente triunfo de Milei en las elecciones legislativas abre el camino a reformas estructurales

La victoria oficialista con el 40,65% de los votos sobre un 36,63% del peronismo, fue contundente. La coalición La Libertad Avanza quedó en primer lugar en 16 de las 24 circunscripciones de Argentina. Este resultado es comparable con la victoria del entonces oficialismo de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri en las legislativas de 2017.​ Las elecciones de 2025 registraron la menor participación desde el retorno de la democracia con el 68% pese a la obligatoriedad de emisión de voto en Argentina.

El mercado financiero fue el primero en mostrarse eufórico ante el triunfo oficialista. Durante el día después de los comicios, la cotización del dólar en el mercado oficial perforó los 1400 pesos, después de haber superado los 1500 el viernes preelectoral. Es decir, bajó más de 100 pesos en las primeras horas del lunes, mientras que el Mercado de Valores (S&P Merval) tuvo un crecimiento del 22% entre el último día antes de la votación y las primeras ruedas de esta semana.

Los bonos soberanos de la deuda operaron también con una fuerte alza después de la victoria de Milei. Llegaron a tener alzas del 24%, al mismo tiempo que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) se dispararon un 48%. Y el riesgo país, índice elaborado por JP Morgan que mide la diferencia de tasa que pagan los títulos locales comparados con los de Estados Unidos, considerados los más seguros del mundo, retrocedió casi 40% hasta los 652 puntos básicos, volviendo a niveles de mayo. Es cierto que algunas de estas alzas se moderaron con el correr de las horas, pero la tendencia positiva no se alteró.

Milei se reunió en la Casa Rosada con 20 gobernadores, entre ellos 17 titulares y 3 vicegobernadores, en un encuentro que duró aproximadamente 150 minutos. Durante la reunión, Milei confirmó su intención de impulsar tres reformas clave en el Congreso: la laboral, la tributaria y la penal. Los gobernadores plantearon reclamos vinculados principalmente al déficit de las cajas previsionales y al mantenimiento de las rutas nacionales, mientras se comprometieron a un diálogo con el gobierno para avanzar en estas iniciativas.

Los resultados de las elecciones recrudecieron la interna del peronismo entre el gobernador el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. La exmandataria publicó un documento en el que volvió a criticar el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires porque «permitió reagrupar el voto antiperonista». Habló del «factor miedo» y el rol de Trump, y advirtió que ahora «se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto». Por su parte, en un encuentro de cuatro horas, el gobernador escuchó a los intendentes de la Provincia y les marcó el inicio a una reestructuración del peronismo para las próximas elecciones presidenciales.

Lectura recomendada:

“¿Triunfo mileísta o derrota peronista? Cinco razones para entender los resultados” por Juan Manuel Erazo

BOLIVIA

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | Primeros pasos de Rodrigo Paz como presidente electo y primeras fricciones internas

En los últimos días, el presidente electo, Rodrigo Paz, ha dado claras definiciones de los giros que impulsará en sus políticas de gobierno. En materia de política exterior, anunció que buscará la reconstrucción de las relaciones con Estados Unidos y la obtención de apoyo financiero para el país. En ese marco, Paz viajó a EE. UU. para gestionar recursos y combustibles y concretar su plan de estabilizar la economía. No obstante, en una demostración de pragmatismo, Paz también celebró la predisposición de China para trabajar con Bolivia en esta nueva etapa, reforzando las relaciones bilaterales.

En el ámbito de la seguridad, Paz ha mostrado una clara inclinación a buscar ayuda internacional para enfrentar desafíos internos. El presidente electo reveló que habló con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien le pidió ayuda para el sistema de cárceles de Bolivia. Esta apertura a la cooperación en materia de seguridad se complementa con el anticipo del retorno de organismos extranjeros, como la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos. Sin embargo, esta posibilidad fue rechazada por el vicepresidente electo, Lara, quien advirtió que «ningún organismo puede meterse en nuestra soberanía».

Como puede verse, la transición de gobierno ha revelado fricciones dentro del binomio ganador. El vicepresidente electo, Lara, manifestó su preocupación, alegando que Paz «no responde sus llamadas ni mensajes«. Lara incluso advirtió que es «difícil hablar con Paz» y le pidió que «no se emborrache de poder». Estos desencuentros, que son cada vez más frecuentes entre el presidente y su vice, adelantan una posible fractura en el mismo seno del gobierno que está por asumir el poder.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA  – DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Lula busca controlar la agenda de seguridad tras la megaoperación en Río

La megaoperación policial en Río de Janeiro contra la facción Comando Vermelho, con más de cien muertos —la más letal de la historia del país—, produjo una crisis política que trascendió el ámbito local. Aunque la seguridad pública es competencia de los gobiernos estatales y municipales, el episodio obligó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva  a intervenir ante el riesgo de que la oposición lo responsabilizara por omisión y capitalizara el tema en clave electoral.

El gobernador Cláudio Castro acusó al Ejecutivo de no haber prestado apoyo federal, lo que abrió una disputa pública de narrativas. Desde el Palácio do Planalto, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski y el propio Lula respondieron que la acción fue “cruenta” y que el combate al crimen debe centrarse en las redes financieras y logísticas del narcotráfico, no en operaciones de exterminio.

En paralelo, Lula ordenó acelerar el envío al Congreso del proyecto de ley “antifacción”, que actualiza la Ley de Organizaciones Criminales, endurece penas hasta 30 años e introduce el Banco Nacional de Organizaciones Criminales. Con esta medida, el Planalto busca mostrar autoridad e iniciativa política, equilibrando el discurso humanitario con la presión por mayor control estatal sobre el crimen. La Secretaría de Comunicación lanzó además una campaña pública contra la “lógica del enfrentamiento”, destacando que “matar no es solución” y promoviendo el combate financiero y estructural a las facciones. Este reposicionamiento intenta neutralizar el discurso punitivista de la derecha y reforzar la imagen de un Lula comprometido con el orden, pero bajo la legalidad democrática.

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, intervino públicamente al día siguiente de la megaoperación policial en Río de Janeiro, calificando como insuficientes las “acciones aisladas de los estados” y señalando que la tragedia evidencia la urgencia de avanzar la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública del gobierno federal. Según Hoffmann, la operación “pondrá de manifiesto” la necesidad de una coordinación nacional de seguridad, con participación reforzada de la Polícia Federal y otros órganos federales en el diseño y ejecución de acciones conjuntas, más allá del envío de tropas o recursos materiales.

El episodio de Río expuso una de las principales fragilidades del tercer mandato de Lula: la falta de una política de seguridad pública federal articulada. La oposición intenta asociar la tragedia con supuesta inacción del Planalto, mientras el gobierno busca reconvertir la crisis en una oportunidad para retomar el control narrativo y proyectar autoridad. El movimiento simultáneo de Lula endureciendo el marco legal contra las facciones y Guilherme Boulos recuperando el protagonismo social del gobierno revela un esfuerzo coordinado para reencuadrar la seguridad como política de Estado con base democrática, evitando que el bolsonarismo imponga su retórica de “guerra interna”.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Boulos asume en medio de la crisis en Río

Guilherme Boulos asumió la Secretaría General de la Presidencia como una de las incorporaciones más significativas del tercer mandato de Lula, en un momento de fuerte tensión social y política. Su discurso inaugural demarcó límites claros entre el campo democrático y los sectores que “atacan la democracia y traicionan al país”. En un acto cargado de simbolismo, Boulos pidió un minuto de silencio por las víctimas de la megaoperación policial en Río de Janeiro, la más letal de la historia del estado, vinculando el episodio con las raíces estructurales del crimen organizado y su relación con el sistema financiero, al afirmar que “la cabeza del crimen no está en un barraco de favela, sino en la Faria Lima” en referencia al principal centro financiero en São Paulo.

Más allá de la coyuntura, su llegada a la Secretaría General refleja un reacomodo estratégico del gobierno Lula para reforzar el diálogo con los movimientos sociales y recuperar la iniciativa política en los territorios populares. Boulos, histórico dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y figura de proyección nacional dentro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), asume la tarea de “colocar el gobierno en la calle”, una consigna que busca revitalizar la base social del lulismo tras un año de desgaste institucional. En sintonía con su discurso, el nuevo ministro anunció su intención de implementar un modelo de presupuesto participativo a nivel federal, retomando una bandera emblemática de la experiencia petista en Porto Alegre durante los años 1990, pero adaptada a una escala nacional y apoyada en plataformas digitales y consultas territoriales.

La propuesta se estructura como una “política de Estado de democracia participativa”, que pretende institucionalizar mecanismos de decisión ciudadana en la asignación de recursos públicos. Esto colocaría a la Secretaría General como un puente entre el Ejecutivo y la sociedad civil organizada, en un momento en que el propio Lula busca contrapesar el poder del Congreso conservador y frenar el avance de la oposición bolsonarista.

El nombramiento de Boulos también es interpretado como un gesto de recomposición del frente de izquierda, luego de tensiones entre el PT y el PSOL en las elecciones municipales de 2024. Su presencia en el gabinete amplía la coalición oficialista hacia el campo progresista, a la vez que fortalece la representación de los movimientos urbanos en la agenda gubernamental, históricamente dominada por el sindicalismo industrial y los movimientos campesinos. El desafío político de Boulos será convertir ese impulso movilizador en una política de Estado sin erosionar el delicado equilibrio interno del gobierno. Su ascenso simboliza el intento del lulismo por repolitizar la gestión y reconstruir su legitimidad desde abajo, en una etapa marcada por la disputa sobre el sentido de la democracia y el papel del Estado en la redistribución de poder y riqueza.

CHILE

ELECCIONES | Kaiser, Kast y la agenda conservadora

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha planteado una controvertida propuesta para que los 336 mil migrantes irregulares que residen en Chile vuelvan voluntariamente a sus países de origen y colaboren con el pago de su pasaje de regreso. Kast aseguró que si llega a La Moneda el 11 de marzo próximo, implementará sanciones para aquellos migrantes que no se vayan voluntariamente, enfatizando que quienes deban ser expulsados no podrán volver a entrar al país. Además, consideró que la inversión necesaria para los traslados no será alta y afirmó que la mayoría de los chilenos estarían dispuestos a gastar una suma significativa para que estos migrantes salgan del territorio nacional, proponiendo vuelos chárter para facilitar la salida. Sin embargo, esta estrategia ha recibido críticas contundentes de diversos sectores, que cuestionan la viabilidad y el real impacto de la medida, especialmente en el actual contexto diplomático con países como Venezuela.​​

Por otro lado, la candidata presidencial de izquierda, Jeannette Jara, ha criticado duramente las propuestas de Kast y otros candidatos de ultraderecha, asegurando que con ellas los migrantes y las mujeres retrocederán en derechos fundamentales. Jara señaló que mientras el gobierno actual intentaba ampliar beneficios como el bono por hijo, la derecha se opuso sistemáticamente a tales iniciativas, afectando negativamente a muchas mujeres. Además, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda denunció que el programa de gobierno de los ultraderechistas plantea recortes en la Pensión Garantizada Universal en función de la maternidad, calificándolo como una «brutalidad» y una falta de reconocimiento social a la importancia de la maternidad. Estas posturas ponen en el centro del debate la protección y el avance en derechos de las mujeres en Chile, cuestión que contrasta con los retrocesos que temen desde el sector progresista frente a una eventual llegada de la ultraderecha al poder.​

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES – Reconfiguración política tras la consulta del Pacto Histórico en Colombia

La reciente consulta interna del Pacto Histórico, que reunió cerca de dos millones 700 mil votos, se convirtió en un punto de inflexión para el panorama político de Colombia rumbo a las elecciones de 2026. El resultado no solo confirmó el peso electoral del petrismo, sino que también encendió las alarmas en los sectores del centro y la derecha, que ahora enfrentan el reto de redefinir sus estrategias ante una izquierda que se muestra cohesionada y con alta capacidad de movilización.

Iván Cepeda emergió como figura central de este proceso, posicionándose como uno de los referentes más visibles del bloque progresista y posible candidato presidencial. En sus declaraciones posteriores, el senador subrayó su confianza en la democracia y en el sistema electoral, además de insistir en que la izquierda colombiana busca profundizar los cambios por vías institucionales. Cepeda también dejó abierta la discusión sobre una eventual asamblea constituyente, planteada como un instrumento de transformación democrática, aunque su sola mención volvió a dividir opiniones dentro y fuera del oficialismo.

En paralelo, el movimiento interno del Pacto Histórico experimentó ajustes significativos. Carolina Corcho, exministra de Salud, confirmó que encabezará la lista al Senado, tras el paso al costado de María José Pizarro, quien expresó respaldo a la decisión y deseó que Corcho asuma la tarea “con altura”. Este relevo fue interpretado como un intento por renovar liderazgos y consolidar la identidad política del bloque, en medio de los desafíos de mantener la unidad entre sectores diversos que integran la coalición.

Desde la oposición, líderes como Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras reaccionaron con críticas a la consulta y alertaron sobre el avance del petrismo en la estructura política nacional. Los sectores del centro, por su parte, reconocen la necesidad de reconfigurar candidaturas y discursos para contrarrestar la fuerza mostrada por el Pacto Histórico. La consulta, que inicialmente se proyectaba como un ejercicio interno, terminó siendo un mensaje de fortaleza que alteró el equilibrio de fuerzas en la antesala de los comicios de 2026.

De cara a los próximos meses, el escenario para Iván Cepeda y la izquierda colombiana estará marcado por el desafío de transformar el respaldo obtenido en una base electoral sólida y estable, capaz de sostener el proyecto político más allá del gobierno actual. La tarea inmediata será mantener la movilización popular, ampliar apoyos hacia sectores moderados y gestionar con prudencia el debate institucional abierto por las propuestas de reforma. La consulta del Pacto Histórico, más que un evento interno, se consolidó como el primer gran ensayo electoral del país en la ruta hacia 2026 y redefinió, al menos por ahora, la correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición.

RELACIONES EXTERIORES | Tensión creciente entre Colombia y Estados Unidos: suspensión de ayuda militar, disputas por la misión ONU y sanciones políticas a Petro

La relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se mantiene en uno de sus momentos más tensos, marcada por diferencias en materia de cooperación militar, políticas antidrogas y en los últimos días el alcance de la misión de verificación de la ONU en el país. En este contexto el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el apoyo del personal militar colombiano a operaciones que utilicen misiles o fuerza considerada desproporcionada. La medida se produjo tras la incautación de un importante cargamento de cocaína y en medio de denuncias sobre presuntas operaciones estadounidenses en aguas colombianas, lo que derivó en un nuevo episodio de fricción bilateral.

Paralelamente Estados Unidos habría condicionado la continuidad de la misión de verificación de la ONU en Colombia, solicitando que no intervenga en la verificación de sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta posición generó preocupación en Bogotá por el posible impacto sobre el seguimiento internacional al proceso de paz y por las implicaciones que tendría limitar el mandato de la misión.

El Consejo de Seguridad de la ONU, que debía votar la extensión del mandato de la misión, decidió aplazar la decisión para una próxima sesión. El retraso fue interpretado por fuentes diplomáticas como una señal de las dificultades para alcanzar consenso en torno a las nuevas condiciones impulsadas por Washington. Desde la Cancillería colombiana, el vicecanciller Francisco Jaramillo expresó confianza en que “prevalecerá la sensatez” en las deliberaciones y destacó la importancia del acompañamiento internacional para consolidar la paz.

Las tensiones aumentaron luego de que Petro y la primera dama fueran incluidos en la denominada “Lista Clinton”, un registro elaborado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identifica a personas o entidades sospechosas de tener vínculos con actividades ilícitas y les impone sanciones financieras y comerciales. El mandatario aseguró que la medida ha tenido efectos inmediatos, como la negativa de una empresa a suministrar combustible a aeronaves oficiales. Petro respondió defendiendo los resultados de su política antidrogas y anunció su intención de negociar directamente con Estados Unidos para revertir la decisión.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES – RELACIONES EXTERIORES | Petro impulsa acercamientos económicos con Medio Oriente

Durante su reciente gira oficial por Arabia Saudita, el presidente Gustavo Petro consolidó una agenda diplomática y comercial orientada a fortalecer las relaciones de Colombia con Medio Oriente y diversificar los destinos de exportación. La visita incluyó encuentros de alto nivel, entre ellos una reunión con el príncipe heredero Mohamed bin Salman, y una cena de Estado en Riad, donde se discutieron temas relacionados con la transición energética, el comercio de bienes agrícolas y la cooperación internacional.

El mandatario presentó esta gira como un paso hacia una política exterior más autónoma, menos dependiente de los tradicionales aliados occidentales, y con el objetivo de abrir nuevos mercados para los productos colombianos. En este contexto, el gobierno anunció la obtención de la certificación Halal para el café y el cacao nacionales, requisito necesario para ingresar oficialmente a los mercados del Medio Oriente. Según la Presidencia, este avance permitirá aumentar las exportaciones de ambos productos, al tiempo que amplía la presencia de Colombia en regiones con fuerte crecimiento del consumo. Sin embargo, representantes del sector cafetero manifestaron desacuerdos con la forma en que se comunicó el logro, señalando que la certificación aún debe complementarse con procesos de adaptación logística y comercial antes de materializar un impacto real en las ventas externas.

En su discurso en Arabia Saudita, Petro hizo llamados a la mediación de actores árabes en las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, y cuestionó las acciones militares de Washington en el Caribe. Estos pronunciamientos, difundidos durante la visita, fueron interpretados como una señal de que el presidente busca posicionar al país como un interlocutor independiente dentro del panorama internacional.

El viaje, presentado por la Casa de Nariño como una oportunidad para impulsar la diplomacia económica, evidencia la intención del gobierno de diversificar las alianzas internacionales y fortalecer la proyección global de Colombia en materia de energía limpia y comercio agroindustrial. Aun así, los resultados concretos en términos de inversión y exportaciones dependerán de las negociaciones posteriores y de la capacidad de las instituciones nacionales para implementar los acuerdos alcanzados.

ECUADOR 

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | ELECCIONES – Daniel Noboa inicia la campaña de cara a la consulta popular

El 16 de noviembre se celebrará la consulta popular en Ecuador, en la que los ciudadanos tendrán que expresarse por la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, reducir el número de asambleístas y convocar a un nuevo proceso constituyente. En ese marco, el presidente Daniel Noboa se ha puesto al frente de la campaña por el “Sí” a todo para plebiscitar su gestión.

En primer lugar, el presidente justificó la posible presencia de bases militares extranjeras en puntos considerados estratégicos, por ejemplo en las Islas Galápagos, señalando que estos puntos son fundamentales para el control de la pesca ilegal, el tráfico de combustibles y, principalmente, para frenar el narcotráfico. De esta manera, Noboa trataría de recuperar la presencia militar norteamericana, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el contexto del ascenso de China como potencia global.

Adicionalmente, en una entrevista, Noboa vinculó directamente el reciente paro nacional a las fuerzas del narcotráfico y a supuestos ataques subversivos, lo que muestra la continua estrategia de deslegitimación de las movilizaciones sociales al asociarlas con el crimen organizado. Este enfoque busca respaldar la política de mano dura y militarización adoptada durante el paro, y justificar la necesidad de la asistencia extranjera en el combate al crimen.

Por otro lado, el presidente develó algunos de rasgos de su idea de una nueva Constitución, que contempla un texto más conciso de 180 artículos y que introduciría cambios cruciales en la estructura estatal. Entre las instituciones afectadas por esta propuesta están la Corte Constitucional (CC) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según Noboa, la CC debería desaparecer y transformarse en una sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el IESS nos debería dedicarse a cumplir funciones de salud para sus afiliados.

Mientras la campaña avanza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretó la autorización de un desembolso de 600 millones de dólares adicionales para Ecuador. Esta inyección de capital proporciona un respaldo clave para las finanzas públicas del país. El desembolso del FMI es un voto de confianza en las políticas económicas de Noboa y facilita la ejecución de su plan de gobierno, especialmente en este contexto electoral.

PARAGUAY

RELACIONES EXTERIORES | Peña rompe con 30 años de política exterior y se alinea con Washington en el voto contra Cuba

Por primera vez desde 1994, Paraguay votó en contra de la resolución de la ONU que exige el fin del bloqueo estadounidense a Cuba, alineándose con Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte y Ucrania. La moción fue aprobada con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

El vicecanciller Víctor Verdún justificó el giro diplomático señalando que el voto busca “apoyar al pueblo cubano y no a su régimen”, al que calificó como la verdadera causa del sufrimiento en la isla. Según el gobierno, décadas de respaldo al levantamiento del embargo no produjeron “cambios democráticos reales”.

El Frente Guasú repudió la decisión, calificándola de “vergonzosa” y de “traición a la tradición diplomática paraguaya” que por más de veinte años acompañó el reclamo contra una política “criminal y de agresión”. En su comunicado, recordó los lazos de solidaridad entre ambos pueblos y advirtió que el gobierno de Peña “se coloca del lado equivocado de la historia, al servicio de un poder hegemónico en decadencia”.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Musk busca copar mercado paraguayo tras cerrar acuerdo con Peña para dar conectividad a escuelas

La empresa Starlink, de Elon Musk, firmó un convenio con el gobierno paraguayo y ls Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) para conectar al menos 500 escuelas rurales del Chaco. Bajo un discurso de inclusión digital, el convenio encubre una ofensiva comercial destinada a ganar terreno frente a las operadoras tradicionales y consolidar la presencia de la firma en un mercado latinoamericano estratégico. El proyecto, gestionado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), promete conectar las primeras cien instituciones en dos semanas y asegura que podría extenderse a hospitales y comisarías.

Starlink opera en Paraguay desde fines de 2023, tras obtener la autorización nacional para ofrecer internet satelital en zonas de baja conectividad. Con velocidades que superan los 100 Mbps, la empresa ofrece servicios a 50 dólares estadounidenses mensuales, apuntando a comunidades donde las telefónicas tradicionales, Tigo, Claro y Personal, no llegan.

El desembarco forma parte de una estrategia de Musk para copar el mercado paraguayo, aprovechando la expansión del Corredor Bioceánico y la crisis financiera de Copaco. Mientras el gobierno presenta el acuerdo como inclusión digital, analistas advierten que el país se convierte en un laboratorio de la expansión corporativa global de Musk en América Latina.

PERÚ

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES  – El descontento social se profundiza en Perú

Las recientes protestas impulsadas por la «Generación Z» se mantuvieron como el foco de la tensión política en el país. El movimiento llevó a cabo una nueva marcha el pasado 25 de octubre en Lima, en protesta por el asesinato de Eduardo Ruiz, lo que demostró la persistencia de la movilización juvenil contra el gobierno y el Congreso. El descontento ha encontrado amplio respaldo en la población, ya que el 64% de los peruanos apoya las marchas de la “Generación Z”. Además, el movimiento social no ha cesado su presión y ha convocado a un nuevo paro nacional para el 14 de noviembre, lo que augura un nuevo ciclo de inestabilidad social en el futuro cercano.

El descontento se ha extendido a otros gremios. El SUTEP (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú) anunció un paro nacional de 24 horas para el 13 de noviembre, en el que «todos los docentes suspenderán su labor». Además, se prevé que cerca de mil 800 mercados paralizarán sus actividades por un paro convocado para el 6 de noviembre en Lima y Callao. Esta oleada de paros y movilizaciones refleja una ampliación de los sectores que rechazan la gestión de Jeri, cuyo nivel de desaprobación ya alcanza el 54.2%, ubicándolo como el tercer presidente con mayor rechazo en la región.

Pero el rechazo ciudadano no sólo se expresa contra las autoridades políticas. La crisis de confianza hacia las fuerzas del orden también se agudizó en este período. La imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra gravemente afectada, ya que la represión durante las recientes manifestaciones y la falta de resultados en seguridad han agravado su imagen ante la ciudadanía. Este fenómeno de desconfianza profunda complica la labor del gobierno de Jeri para restablecer el orden en las calles y afrontar la criminalidad, aún habiendo declarado el estado de emergencia.

Mientras la crisis política se desarrolla, los partidos opositores han comenzado a establecer sus cartas para el futuro cercano. Fuerza Popular, el principal grupo de oposición en el Congreso, anunció su fórmula para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. El partido confirmó que Keiko Fujimori se postulará por cuarta vez a la presidencia, acompañada de Luis Galarreta y Miki Torres, lo que indica que el fujimorismo sigue siendo un actor central y se prepara para capitalizar la inestabilidad política que atraviesa el Perú.

URUGUAY

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Paro sindical del PIT-CNT exige al gobierno cumplir con trabajo, salario y educación

El 29 de octubre de 2025, el PIT-CNT realizó un paro general parcial acompañado de una multitudinaria movilización desde la explanada de la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo, bajo la consigna “El pueblo primero. Es tiempo de cumplir”.La medida fue el segundo paro de este tipo durante la presidencia de Yamandú Orsi y buscó presionar por un aumento del presupuesto educativo, mejoras salariales y una redistribución más justa de la riqueza nacional.

En el acto central, los dirigentes sindicales Álvaro Macedo y Carolina Spilman enfatizaron que el proyecto de presupuesto 2026 que se discute en el Senado resulta “absolutamente insuficiente” y no responde a la emergencia social ni a las necesidades de los trabajadores. Macedo reclamó lineamientos salariales que garanticen aumentos reales y denunció que “600 mil personas perciben sueldos muy bajos sin asegurarse crecimiento”.

También insistió en establecer un impuesto al 1% más rico y avanzar en la reducción de la jornada laboral, señalando que “no se trabaja para ser pobre, se trabaja para tener una vida digna”. Spilman, por su parte, destacó que “no falta riqueza, lo que falta es justicia en su distribución”, denunciando que el 1% de mayores ingresos concentra cerca del 40% del total nacional. Cuestionó que el presupuesto proyecta crecimiento económico mientras restringe fondos para salud, educación, vivienda y cuidados, y advirtió que uno de cada tres niños vive en la pobreza. La dirigente también alertó sobre la desprotección estatal frente a la violencia de género y el vaciamiento de políticas públicas en el área.

Desde el oficialismo, legisladores frenteamplistas defendieron el presupuesto señalando que el 40% de los recursos se orienta a la población más vulnerable y que las futuras rendiciones de cuentas permitirán reasignar fondos hacia educación, género y justicia.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | Venezuela desbarata planes de la CIA y suspende acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago por complicidad

El gobierno informó a través de un comunicado el domingo 26 de octubre la captura de un grupo mercenario, el cual tendría información directa de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). Según el comunicado estos mercenarios actuarían en coordinación con este organismo en el marco de una operación de provocación orquestada por Estados Unidos junto a Trinidad y Tobago para generar un ataque de falsa bandera en el mar Caribe y justificar el avance de operaciones militares sobre Venezuela.

Así mismo, Venezuela denuncia las peligrosas actividades por parte de Trinidad y Tobago de ejercicios militares entre el 26 y el 30 de octubre bajo control y financiamiento del Comando Sur constituyendo una provocación y una amenaza a la paz del Caribe.

Por su parte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó que el lunes 27 de octubre fueron entregadas las pruebas correspondientes al gobierno de Trinidad y Tobago sobre estas operaciones por parte de la CIA. Como respuesta frente a estas acciones hostiles que indican la intención de utilizar a Trinidad y Tobago como punto estratégico frente a una agresión militar, Maduro confirmó la medida cautelar de suspensión temporaria de los acuerdos gasíferos con la nación caribeña. Esta decisión fue adoptada luego de la recomendación de la directiva del Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA para cesar el Acuerdo Macro de Cooperación Energética entre las dos naciones suscripto en 2015, siendo estos acuerdos vitales para el desarrollo productivo de la isla caribeña.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Venezuela fortalece el sector pesquero junto a China

Venezuela participó por primera vez de Feria Internacional del Pescado y Alimentos del Mar de Qindao, en China, realizada del 29 al 31 de octubre. Este evento mundial, considerado el más importante de la industria en China, ofrece oportunidades de crecimiento empresarial y atrae a diversos actores de la industria que buscan tecnología y servicios dentro del sector acuífero.

La delegación venezolana estuvo conformada por pescadores organizados a través de las comunas junto a empresas privadas con la idea de mostrar la producción pesquera del país en el marco del pabellón de Marca País impulsado por el gobierno venezolano para potenciar las exportaciones no tradicionales. En la “Expo Pesca y Mariscos 2025”  participan además países con gran potencial pesquero como Rusia, Japón y Perú.

En este contexto y bajo el marco de la alianza estratégica entre China y Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para Pesca y Acuicultura firmó una carta de intención con el fabricante chino de motores fuera de borda, Parsun Power Machine, para el suministro de maquinaria y tecnología con el objetivo de seguir fortaleciendo el sector.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Venezuela planifica la construcción de un satélite de diseño y producción nacional

El jueves 30 de octubre el presidente Nicolás Maduro estuvo presente en la clausura del primer Congreso Internacional Espacial “Un futuro compartido”, realizado en Caracas. En esta actividad se debatieron temas enfocados en aplicaciones espaciales, misiones de exploración y nuevas tecnologías, destacándose alianzas  de cooperación con sectores estratégicos de China, Rusia, Brasil y Francia en donde se han formado científicos venezolanos.

Durante la conferencia de cierre, Maduro anunció la aceleración y lanzamiento de un nuevo satélite de comunicaciones. Este mini satélite, enteramente diseñado y desarrollado por científicos venezolanos denominado “Gran cacique Guaicaipuro” es  desarrollado por parte del Consejo Científico Militar, la Agencia Bolivariana de actividades espaciales (ABAE) y la gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación, junto a científicos de la República Popular China. Este desarrollo representa un avance significativo en la consolidación de las capacidades científico tecnológicas venezolanas y la orientación política del gobierno de Venezuela orientada hacia el desarrollo de la innovación científica.