ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Se acelera la descomposición política y la crisis económica del gobierno mileista

Javier Miei arrancó la semana con una cadena nacional el lunes 15 de septiembre por la noche. Fue la  segunda reacción pública del gobierno tras la derrota electoral ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos de diferencia. El presidente prometió aumentos en jubilaciones, salud, educación y discapacidades para el 2026 siguiendo una serie de proyecciones económicas que parecen estar muy alejadas.

La intención del gobierno fue frenar la contundente marcha federal universitaria que se manifestaría el miércoles masivamente en todas las plazas del país. La movilización logró su objetivo y obtuvo media sanción para ratificar las leyes de presupuesto universitario y emergencia pediátrica previamente vetadas por el gobierno. Milei sufrió un serio revés legislativo donde viejos aliados, e incluso diputados que asumieron sus cargos desde la lista de La Libertad Avanza, votaron a favor de las leyes y contra el presidente.

Durante el jueves 18 de septiembre recibió otro golpe cuando los gobernadores lograron torcer el brazo presidencial mediante sus senadores que dieron media sanción a la ratificación de una ley vinculada a la devolución de fondos retenidos hacía las provincias.

La debilidad política del gobierno es notoria: peleado con sindicatos, pequeñas y medianas empresas, la oposición, el Congreso, los medios de difusión y los diferentes colectivos que fueron resistiendo al plan neoliberal propuesto por Milei. La debilidad política se canaliza también en la economía. El Banco Central de Argentina realizó este viernes una intervención histórica al vender 678 millones de dólares en un solo día para contener la fuerte demanda y evitar que el dólar mayorista supere el techo de la banda cambiaria, acumulando más de mil millones vendidos en tres días ante la creciente presión cambiaria y la incertidumbre económica. Esta acción refleja la falta de un plan macroeconómico claro y genera dudas sobre la sostenibilidad del esquema vigente, en un contexto de riesgo país elevado y caída de bonos y acciones argentinas, mientras el gobierno busca negociar un swap con Estados Unidos por 10 mil millones de dólares para reforzar las reservas antes de las elecciones de octubre.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | La segunda vuelta electoral, un campo minado

La campaña del balotaje se ha convertido en una serie de ataques personales y acusaciones mutuas. El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, ha intensificado su retórica, advirtiendo que, si su rival, Tuto Quiroga, gana, sería por «fraude«, y que saldrán a «defender el voto». Además, Lara ha asociado a sus oponentes con el separatismo de la “media luna”, acusándolos de querer dividir el país y de ser parte de aquellos que «odian a los campesinos«.

El PDC, por su parte, ha acusado a Quiroga y a una «fundación extranjera» de financiar una campaña de desinformación en su contra. Quiroga ha respondido vinculando al PDC con el «evismo», en un intento por descalificarlos ante el electorado. Este «fuego cruzado» ha llevado a los candidatos a escudriñar el pasado y los vínculos con el masismo, convirtiendo la campaña en un intercambio de golpes que ha dejado de lado el debate programático.

En simultáneo, las tensiones en el PDC no cesan. El partido ha pedido a Lara «tener mesura» tras sus declaraciones políticas, e incluso contra los medios de comunicación. Estos exabruptos que forman parte de la retórica del candidato a la vicepresidencia, así como los desencuentros públicos entre Paz y Lara demuestran fragilidad en la alianza política que ganó la primera vuelta.

En este marco, el escenario post-electoral se vislumbra particularmente complejo, ya que, independientemente del ganador, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) estará dividida entre las fuerzas de la derecha, lo que obligará a buscar pactos y consensos para poder gobernar. Surge la pregunta, por tanto, sobre la posibilidad de estas fuerzas para negociar un esquema de gobernabilidad en materia legislativa o si estaremos frente a una deriva parecida a la de Javier Milei en Argentina, quien en poco tiempo ha dinamitado todos los puentes de diálogo con los principales actores políticos del país.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Ruptura de União Brasil con Lula en medio de denuncias contra su líder Antonio Rueda

El partido União Brasil confirmó su salida del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y otorgó un plazo de veinticuatro horas para que sus afiliados abandonen los cargos públicos que ocupaban. La decisión, adoptada de forma unánime por la conducción partidaria, se dio tras la publicación de una investigación periodística que vincula a su presidente, Antonio Rueda, con el uso de aviones por parte de la organización criminal conocida como Primer Comando de la Capital (PCC). Según el comunicado oficial de la fuerza, la coincidencia entre la difusión de la noticia y el apartamiento de funcionarios del gobierno alimenta la percepción de un uso político del aparato estatal.

El principal referente del União Brasil dentro del Ejecutivo era el ministro de Turismo, Celso Sabino, mientras que la decisión también afecta a secretarios y a funcionarios de segunda línea. Figuran además los ministros Waldez Góes (Partido Democractico Laborista – PDT), de Desarrollo Regional, y Frederico Siqueira, de Comunicaciones, que habían sido propuestos por la sigla aunque sin militar en ella, lo que abre dudas sobre su permanencia en el gabinete. La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, rechazó las acusaciones y calificó la nota partidaria como “infundada”, negando que el gobierno tuviera injerencia en la cobertura periodística que salpicó a Rueda.

La crisis política se enmarca en un proceso previo: en agosto, União Brasil ya había anticipado su alejamiento del gobierno tras sellar una federación con el partido Progresistas, pieza clave del centrão, con la mirada puesta en las elecciones de 2026. El desenlace se precipitó después de que el portal ICL Notícias y el medio UOL publicaran reportajes que señalaban a Rueda como propietario de aeronaves utilizadas por redes de lavado de dinero ligadas al PCC. El malestar se agudizó porque algunos autores de la investigación también conducen programas en la TV Brasil, canal público federal, lo que para la sigla reforzó la sospecha de intencionalidad política.

El denunciante central, el piloto Mauro Caputti Mattosinho, de treinta y ocho años, declaró ante la Policía Federal que Rueda figuraba entre los verdaderos dueños de cuatro de los diez jets ejecutivos operados por una empresa de taxis aéreos. Según su testimonio, el dirigente era considerado el líder de un grupo “con mucho dinero para gastar”, que financió la adquisición de aeronaves valuadas en decenas de millones de dólares. En entrevista con ICL Notícias, Mattosinho relató que en la compañía existía un clima de auge impulsado por inversiones atribuidas directamente a Rueda.

El líder partidario negó categóricamente esas acusaciones mediante un comunicado en el que afirmó “repudiar con vehemencia cualquier intento de vincular su nombre a personas investigadas o involucradas con ilícitos”. Reconoció haber utilizado vuelos privados en calidad de pasajero o fletador ocasional, pero aseguró que nunca participó en la compra de aviones y que normalmente viaja en vuelos comerciales.

El trasfondo político añade tensión a la disputa. En semanas recientes, Rueda había calificado la gestión de Lula de “débil” y llegó a sugerir que el presidente debería dialogar con Donald Trump, mandatario estadounidense, para tratar la cuestión arancelaria. Lula replicó con un llamado a la lealtad de los ministros en una reunión interna, señalando la incomodidad creciente con la conducción de União Brasil. Además, el partido proyecta lanzar como candidato presidencial en 2026 al gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lo que reduce todavía más la posibilidad de apoyo a una eventual reelección de Lula, que Rueda ya había calificado en julio como “remota”.

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Brasil registra leve aumento de trabajo infantil en 2024, pero mantiene tendencia histórica a la baja

En 2024 Brasil contabilizó un millón seiscientos cincuenta mil niños y adolescentes entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil, lo que representa el 4,3 por ciento de la población de esa franja etaria. Los datos, divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), muestran un incremento de treinta y cuatro mil casos respecto a 2023, cuando se habían registrado los niveles más bajos de la serie iniciada en 2016. Aunque la variación es leve, el IBGE evita hablar de una reversión de tendencia, ya que desde 2016 —cuando el número llegaba a dos millones cien mil (5,2 por ciento)— se observa una caída sostenida.

El organismo señala que la reducción general de la población infantil y adolescente, que cayó en doscientos trece mil personas en 2024, contrasta con el aumento puntual del trabajo infantil. El fenómeno es más difícil de dimensionar porque los estudios indican una subnotificación, en especial cuando las respuestas provienen de adultos. Una investigación de Equidade.info, vinculada al Lemann Center de la Universidad de Stanford, reveló que en mayo de 2023 cerca del 39,4 por ciento de los estudiantes consultados reconoció combinar la escuela con alguna forma de trabajo.

El IBGE recuerda que no toda actividad realizada por jóvenes se considera trabajo infantil, de acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata de labores peligrosas o perjudiciales que afectan el desarrollo físico, mental o social, interfiriendo además en la escolarización. La legislación brasileña prohíbe cualquier actividad hasta los 13 años; entre los 14 y 15 solo permite la figura de aprendiz, y entre los 16 y 17 admite el empleo formal con restricciones a tareas insalubres, peligrosas o nocturnas. En total, un millón novecientos sesenta mil jóvenes realizaron en 2024 algún tipo de actividad económica o de autoconsumo, de los cuales un millón seiscientos cincuenta mil fueron clasificados como en trabajo infantil.

CHILE

RELACIONES EXTERIORES | Boric recibe a refugiados palestinos

El sábado 13 de septiembre 68 ciudadanos palestinos fueron recibidos en Chile tras ser evacuados de la Franja de Gaza, entre ellos 36 menores de edad. El presidente Gabriel Boric destacó en sus redes sociales que este operativo fue complejo y tomó meses de preparación, resaltando que el país activó la red de protección estatal para los refugiados. El mandatario afirmó que Chile honra su himno patrio con esta acción humanitaria.

Estos refugiados llegaron en medio del conflicto entre Israel y Palestina, que ha causado miles de desplazados y conmoción global por las imágenes de la crisis humanitaria. Tras su ingreso, se realizaron los controles correspondientes para garantizar su seguridad y protección en Chile.

El gobierno está trabajando en nuevos vuelos para traer más personas desplazadas de la región, gestionando la llegada de 113 refugiados adicionales, entre ellos 76 palestinos de Gaza, 34 sirios y tres mujeres afganas, en un proceso liderado por la Cancillería y coordinado con los ministerios del Interior y de la Mujer.

COLOMBIA

RELACIONES EXTERIORES | Petro se prepara para la Asamblea de la ONU en medio de la descertificación de EE. UU. y tensiones bilaterales

El gobierno de Gustavo Petro llega a la Asamblea General de la ONU con la descertificación norteamericana sobre la lucha antidrogas como telón de fondo principal, un golpe diplomático que, según informes, responde a indicadores como la cantidad de cultivos ilícitos, la producción de cocaína y que ha sido explicado por Washington como resultado de incumplimientos en programas antidrogas. En Nueva York el presidente recorrerá una amplia agenda: Palestina e Israel, narcotráfico, multilateralismo, cambio climático, inteligencia artificial y equidad de género. El mandatario viaja acompañado de una comitiva ministerial para usar la plataforma multilateral tanto para defender la gestión colombiana como para buscar solidaridad regional ante la postura estadounidense.

Petro ha respondido con dureza a la descertificación calificandola como “una grosería profunda” y denunció que Estados Unidos desestimó cifras oficiales, también señalado que el problema del narcotráfico no solo debe abordarse desde la militarización y la represión, sino también desde la legalidad, el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos. Acusó además a sectores políticos colombianos con vínculos en Norteamérica en la búsqueda de la descertificación.

Su discurso en la ONU buscará, en lo diplomático y en lo público, revertir la narrativa y reclamar respeto a la soberanía técnica y política. En Bogotá la medida desató reacciones cruzadas: ministros y cercanos al gobierno critican la decisión del gobierno estadounidense por considerar que no valora los resultados de las incautaciones y las nuevas estrategias, mientras líderes de oposición plantean que la descertificación es consecuencia de errores de la administración colombiana y piden ajustes en la política antidrogas.

Washington, pese a la sanción política, ha señalado que garantizará la continuidad de la cooperación operativa en materia antidrogas, aunque condiciona esa colaboración a que Colombia corrija incumplimientos identificados, matiz que expone la distancia entre sanción política y cooperación práctica. En lo económico y simbólico, sectores como turismo y relaciones comerciales ya advierten sobre riesgos y costos reputacionales que podrían derivarse de la medida si se prolonga, un impacto que, según gremios, podría afectar flujo de viajeros y percepciones internacionales.

Mientras en el terreno de la seguridad se discuten consecuencias concretas como solicitudes estadounidenses relacionadas con extradiciones y, según algunos reportes, decisiones de Bogotá sobre compras de material bélico que apuntan a redefinir la dependencia militar con Estados Unidos. El resultado es una escena internacional y local polarizada, Petro busca convertir la tribuna de la ONU en un instrumento para virar la opinión internacional y tender alianzas regionales, la oposición capitaliza la medida como crítica a la gestión, y Estados Unidos mantiene una cooperación práctica con condiciones que ponen la pelota en la cancha del gobierno colombiano para demostrar, con datos y medidas, que puede responder a las preocupaciones sobre el narcotráfico.

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Gobierno y Clan del Golfo cierran primera ronda de diálogos en Catar

La primera ronda de negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, mediada en Doha, Catar, entre el 14 y el 18 de septiembre, concluyó con un comunicado conjunto que fija acuerdos iniciales centrados en la renuncia al uso de armas, la “construcción de paz” y la puesta en marcha de medidas piloto en cinco municipios, Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó), para generar confianza territorial. En ese marco se acordó la desvinculación de menores: el grupo armado hará un censo interno y, si hay casos, los pondrá a disposición del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), además de constituir un piloto de sustitución de cultivos ilícitos liderado por la Dirección de Sustitución y grupos de trabajo que aborden migración irregular y daños ambientales con participación de autoridades locales y comunidades.

A nivel nacional, el Clan del Golfo se comprometió a no interferir en el proceso electoral de 2026 y a respetar el Derecho Internacional Humanitario, mientras las partes solicitaron acompañamiento y verificación a Catar, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, a la Conferencia Episcopal y al Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Petro subrayó que “aquí se discutirá antes que nada la sustitución de cultivos ilícitos”, señalando la prioridad del gobierno sobre ese punto en los diálogos; sin embargo, el ministro de Defensa, Samuel Sánchez, dejó claro que la reanudación del diálogo no implica paralizar las operaciones y afirmó que “la orden es continuar la ofensiva contra el Clan del Golfo”. Fuera de las declaraciones oficiales, la reapertura de los diálogos ya generó cuestionamientos públicos y mediáticos sobre responsabilidades técnicas y operativas, por ejemplo, sobre quién gestionará la sustitución de cultivos en los territorios priorizados, un tema que quedó planteado para las siguientes rondas en Doha y para los mecanismos de verificación y justicia transicional que las partes acordaron impulsar.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El gobierno de Daniel Noboa entre movilizaciones y la convocatoria ilegal a una Asamblea Constituyente

La decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel ha provocado un quiebre en las relaciones con los movimientos sociales y de transporte, lo que ha escalado en protestas y movilizaciones. Desde el 12 de septiembre se registraron paralizaciones parciales del transporte. El gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, mantuvo conversaciones con la FENACOTIP y otros gremios de transportistas para negociar compensaciones. No obstante, algunos dirigentes acogieron las propuestas con escepticismo, lo que ha mantenido el clima de descontento. Los intentos por eliminar el subsidio a los combustibles han sido las causas principales de los levantamientos de 2019 y 2022, contra Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente.

Por su parte, la CONAIE y otras organizaciones como la FENOCIN anunciaron un paro nacional de carácter indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio, convocando a sus bases a movilizarse en varias provincias. Ante este escenario, Noboa decretó el estado de excepción y el toque de queda en varias provincias del país, argumentando la necesidad de garantizar la libertad de tránsito. El gobierno nacional también respondió con advertencias de sanciones a quienes bloqueen carreteras, mientras que la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado similar, amenazando con procesar a quienes cometan actos de violencia.

En paralelo a las protestas por el diésel, se llevaron a cabo movilizaciones contra la minería en Cuenca, con una gran marcha en defensa del agua. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, atribuyó esta protesta a la oposición, mientras que las organizaciones sociales reafirmaron su rechazo a los proyectos mineros, como el de Loma Larga.

De esta manera, el gobierno de Noboa consolida procesos de resistencia no sólo en las calles, sino también a nivel institucional. Esto luego de semanas de librar una guerra abierta contra la Corte Constitucional (CC), órgano responsable de habilitar las preguntas para las consultas populares y referendos en el país. Si bien la CC dio paso a algunas de iniciativas de Noboa para convocar a consulta a la ciudadanía, también rechazó las más relevantes en materia de reorganización del poder del Estado.

En este marco, y luego de enviar un nuevo set de preguntas a la CC, el presidente Noboa anunció una nueva pregunta para una consulta popular que busca la instalación de una Asamblea Constituyente, instruyendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) dar inicio al proceso electoral respectivo.

La propuesta del Ejecutivo plantea un órgano con 80 integrantes que funcionaría durante 180 días, con el objetivo de reformar la Carta Magna. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó emitir una resolución en apoyo a esta medida, mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció el inicio de una acción de inconstitucionalidad para evitar que el CNE avance con la concreción de la consulta. En estricto sentido, el presidente no puede convocar a una Constituyente sin antes tener el visto bueno de la CC.

PARAGUAY

RELACIONES EXTERIORES | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Entre Peña y la ultraderecha: Milei enfrenta repudio social en Asunción

El presidente argentino Javier Milei llegó a Asunción el martes 16 de septiembre para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener un encuentro privado con su par paraguayo, Santiago Peña. La visita incluyó una agenda cargada: apertura de la cumbre conservadora, reunión y almuerzo en Palacio de López, y una disertación ante jóvenes industriales sobre tecnología y crecimiento.

Milei abrió la CPAC con un discurso centrado en resaltar la macroeconomía paraguaya como modelo regional. “Paraguay es un ejemplo a seguir”, afirmó, elogiando el orden fiscal, el régimen de maquila y las condiciones para la inversión extranjera. En contraste, reprochó a la Argentina haber hecho lo “diametralmente opuesto”, lo que derivó en estancamiento económico. También citó a Milton Friedman y Benegas Lynch, y retomó su retórica de batalla cultural entre “el bien y el mal”.

El tono de su intervención, marcado por largas pausas y momentos de bloqueo, generó comentarios sobre su comportamiento errático. La prensa paraguaya denunció censura: según el Sindicato de Periodistas del Paraguay, la seguridad presidencial prohibió grabar al mandatario, intentó quitar celulares y llegó a ejercer violencia contra reporteros durante la cobertura.

En paralelo, la visita desató protestas. La plataforma Fuera Milei PY, integrada por sectores estudiantiles y sociales, convocó a una manifestación en Asunción para rechazar su presencia. Denunciaron que, mientras hablaba de “libertad” en Paraguay, en Argentina su gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, además de estar atravesado por denuncias de corrupción. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción también repudiaron la llegada del mandatario y exigieron que el gobierno de Peña no profundice la desigualdad.

La CPAC continúa en Asunción con Peña como uno de los oradores principales, en un escenario político atravesado por elogios oficiales al modelo paraguayo y cuestionamientos sociales a la figura del presidente argentino.

RELACIONES EXTERIORES | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Avances en la relación comercial Paraguay–Estados Unidos

En Asunción se realizó la IV reunión del Consejo de Comercio e Inversiones en el marco del Acuerdo TIFA, que regula la agenda bilateral entre Paraguay y Estados Unidos. El encuentro incluyó discusiones sobre agricultura, acceso a mercados, comercio digital con énfasis en inteligencia artificial, propiedad intelectual y regulaciones. También se mencionaron compromisos en torno a normas laborales y programas de apoyo a mujeres rurales.

Por parte de Paraguay participó una amplia delegación de ministerios y organismos estatales, encabezada por la viceministra de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos. La representación estadounidense estuvo liderada por Daniel Watson, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Se fijó que la próxima reunión se celebrará en Washington en 2026.

En paralelo, el canciller Rubén Ramírez Lezcano mantuvo un encuentro con Watson, donde se repasaron iniciativas sobre inversiones y mecanismos de promoción recíproca. El diálogo también incluyó una evaluación general de la política comercial del gobierno de Donald Trump y sus efectos en la relación con Paraguay.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Filtración de audios compromete al gabinete de Boluarte

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una de sus mayores crisis a raíz de la revelación de una serie de audios que involucran a dos funcionarios clave: Juan José Santiváñez (Ministro de Justicia) y Eduardo Arana (Presidente del Consejo de Ministros del Perú). Las grabaciones sugieren un «pacto de favores ministeriales» para beneficiar a un policía que estaría vinculado a una organización criminal conocida como «Los Pulpos«. Se trata de Marcelo Salirrosas, policía sentenciado por sus nexos con una red criminal en Trujillo. Según las publicaciones, estos actos podrían constituir delitos de tráfico de influencias y peculado.

El alcance de los audios se extiende más allá de una sola persona. Las grabaciones revelan que el ministro Santiváñez habría solicitado a Arana favores para alias «el Diablo», un suboficial de la Policía Nacional sentenciado por integrar la organización criminal “Los Injertos de K y K”. Asimismo, un audio adicional sugiere que Santiváñez habría mencionado tener el apoyo de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en casos seguidos contra sus “clientes”. En concreto, en la grabación, Santiváñez se está comunicando con la esposa de Salirrosas, para indicarle que tiene influencia sobre las decisiones del TC. Actualmente, Santiváñez es investigado por presuntamente haber recibido un soborno de 20 mil dólares a cambio de incidir en las decisiones del propio TC.

Ante la gravedad de las acusaciones, la crisis se ha profundizado con una fuerte reacción pública e institucional. El Colegio de Abogados de Lima y la organización «Capitalismo Consciente» han exigido la renuncia inmediata de ambos ministros, considerando que su permanencia es «inviable». Por su parte, congresistas de diversas bancadas han logrado las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra Santiváñez. Pese al rechazo generalizado, los ministros han intentado defenderse: Santiváñez ha negado categóricamente su involucramiento en cualquier conducta criminal, mientras que Arana ha asegurado que no reconoce el audio en el que su voz presuntamente aparece.

En este marco, los reiterados intentos por defender y hacer valer la Ley de Amnistía para los miembros de las fuerzas del orden no sólo lucen como un intento para blindar a la represión estatal contra las organizaciones sociales, sino como parte de un negocio de representación legal de los miembros del gabinete de Boluarte, que se extiende más allá de la función pública.

URUGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Crecimiento económico moderado en el segundo trimestre de 2025

La economía uruguaya registró en el segundo trimestre de 2025 una expansión de 0,4 por ciento respecto al período enero-marzo, en términos desestacionalizados, y de 2,1 por ciento en la comparación interanual. Con este desempeño, el Producto Interno Bruto (PIB) completó ocho trimestres consecutivos de crecimiento, aunque a un ritmo menor que en el comienzo del año.

Por el lado de la demanda, el consumo privado mostró un incremento de 1,7 por ciento en el período abril-junio, mientras que las exportaciones de bienes y servicios crecieron 0,5 por ciento y las importaciones avanzaron 0,7 por ciento interanual. El Banco Central del Uruguay (BCU) proyecta un crecimiento en torno al 2,5 por ciento para 2025, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene una previsión de 2,6 por ciento.

Desde el enfoque sectorial, el agro, la pesca y la minería fueron los principales motores, con un aumento de 10,6 por ciento interanual, impulsados por la mayor producción de soja y maíz, así como por la recuperación de la lechería y la ganadería. La industria manufacturera creció 7,6 por ciento destacando el repunte de la refinería de Ancap, la producción de celulosa y el dinamismo de los frigoríficos y lácteos.

En contraste, la actividad de energía eléctrica, gas y agua cayó 7,9 por ciento respecto al segundo trimestre de 2024, debido a la menor generación hidráulica y a un aumento de las importaciones de energía. La construcción también retrocedió 0,2 por ciento, con menor inversión en obras viales y portuarias, aunque con mayor dinamismo en edificios y tendidos eléctricos.

Otros sectores presentaron variaciones más acotadas: el comercio, alojamiento y gastronomía crecieron 0,3%, mientras que los servicios financieros avanzaron 4,8%. Por su parte, transporte y almacenamiento, junto con información y comunicaciones, mostraron una caída de 0,3% en la comparación interanual, pese al buen desempeño de los servicios de tecnologías de la información.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | SEGURIDAD, DEFENSA E INTELIGENCIA | Continúan las operaciones contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Los Estados Unidos continúan con sus operaciones militares en Caribe y en áreas cercanas a la zona económica exclusiva de Venezuela. El viernes 12 de septiembre la administración Trump difundió información de una segunda embarcación interceptada por las fuerzas militares en la zona. Así mismo, luego de perpetrar dos ataques a embarcaciones que según la administración Trump pertenecían a cárteles del narcotráfico, el martes 16 de septiembre el presidente estadounidense anunció la destrucción de una tercera embarcación supuestamente preparada para el envío de drogas hacia EE.UU. Si bien los videos difundidos pertenecen a dos embarcaciones Trump aseguró que existe una tercera que todavía no ha sido difundida.

Por parte del gobierno venezolano denuncian que la acción llevada a cabo por el destructor USS Jason Dunham fue ejecutado en la zona económica exclusiva perteneciente al país y que la supuesta embarcación narcotraficante en realidad era un pesquero de atún.

Es en este sentido que el presidente Nicolás Maduro denunció el lunes 15 de septiembre que la intención por parte de Estados Unidos es la de generar un incidente militar a través de provocaciones, para así justificar acciones militares sobre el territorio.

En paralelo, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que Estados Unidos ha triplicado sus operaciones de inteligencia en espacio aéreo venezolano, en clara violación de las normas operacionales. El ministro detalló que fueron detectadas aeronaves RC135, utilizadas como sistemas de inteligencia avanzados para recopilar y procesar información en tiempo real hasta 200 millas, con lo cual pueden recabar información sobre el territorio continental venezolano.

Por su parte el 16 de septiembre la ONU condenó las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos calificándolas de extrajudiciales y de violar el derecho a la vida y otras normativas internacionales vigentes. El alto comisionado para las Naciones Unidas resaltó que el derecho internacional no autoriza ataques no provocados contra embarcaciones y exige a su vez que se cumplan ciertos criterios legales y no el uso de la fuerza militar.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Maduro instala el Consejo Nacional por la Soberanía y Paz

El martes 16 de septiembre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. El objetivo de este consejo es fortalecer y consolidar la seguridad de la nación para garantizar, de manera unificada, la defensa de la soberanía nacional.

Este encuentro reunió a 434 participantes de los diversos sectores del país, partidos políticos, sectores empresariales nacionales, representantes de universidades, movimientos sociales y religiosos, entre otros. Además contó con la participación de los representantes institucionales del gobierno nacional y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El Consejo se estructura dentro del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, el cual consta de diversas fases como ser el alistamiento de la población y entrenamiento de la milicia bolivariana, ya en ejecución durante las últimas semanas en coordinación con las unidades comunales milicianas, las brigadas de defensa integral y los consejos comunales. Así como también la defensa no armada frente a las agresiones económicas y la defensa armada basada en la doctrina militar bolivariana para la defensa nacional. Por su parte, la Asamblea Nacional respaldó la creación de este Consejo en su sesión ordinaria del jueves 18 de septiembre.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Asamblea Nacional prueban en primera discusión Tratado de Asociación entre Venezuela y Rusia

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de manera unánime el jueves 18 de septiembre el proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia presentado por el diputado nacional Roy Daza.

Con esta ley se busca dar carácter jurídico y estructural a esta asociación, otorgándole formalidad a los diferentes compromisos que permitan establecer mecanismos de cooperación a largo plazo –en diversas áreas como innovación científica, tecnológica y de cooperación multifacética– consolidando la alianza política entre Rusia y Venezuela en el escenario internacional.

Daza comentó que el proyecto contempla los procedimientos con diversos mecanismos de integración como la unión económica euroasiática. Así como también la búsqueda de la solución pacífica de los desacuerdos, en base al derecho internacional y la soberanía de los pueblos. Para finalizar el diputado informó la creación de una comisión intergubernamental de alto nivel para coordinar y llevar a cabo la operatividad de esta ley.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Inaugurada la Feria Internacional de Telecomunicaciones 2025

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, inauguró el miércoles 17 de septiembre la 3° edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones realizada en el poliedro de Caracas. Con la participación de unas 144 empresas líderes del rubro, este evento busca promover el desarrollo en materia de telecomunicaciones fomentando el intercambio y asociaciones que fortalezcan al sector.

Además de exhibiciones y foros se estarán llevando a cabo diferentes cursos con certificaciones en materias como inteligencia artificial, liderazgo, fibra óptica, ciberseguridad y análisis de datos entre otros temas.

La vicepresidenta resaltó la importancia de difundir los avances del sector entendiendo que éste es transversal a toda la economía nacional. Así mismo, Rodríguez informó que la cobertura en fibra óptica entre los usuarios de internet llega a cubrir casi la totalidad y las habilitaciones en esta materia han crecido un 283 por ciento.

Así mismo declaró que la intención es llegar a acuerdos económicos y de inversión que superen los realizados durante la edición del 2024 en donde los acuerdos alcanzaron una cifra de 40 millones de dólares. Con este crecimiento Venezuela busca posicionarse como un actor destacado en la región en materia de telecomunicaciones y tecnologías.