ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Un nuevo escándalo de corrupción apunta directamente al entorno presidencial

Un nuevo escándalo de corrupción en el que enreda a la presidencia estalló a partir de la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y amigo personal del presidente Javier Milei. En las grabaciones, Spagnuolo denuncia un sistema de cobro de coimas por parte de altos funcionarios para la compra de medicamentos, involucrando a miembros cercanos al mandatario, como su hermana Karina Milei y el asesor Eduardo “Lule” Menem. La situación se agravó cuando Spagnuolo fue despedido de su cargo tras la publicación de estos audios, que hasta ahora no fueron desmentidos oficialmente por el gobierno, más allá del anuncio de la intervención de ANDIS para intentar contener la crisis.

Las repercusiones judiciales no tardaron en llegar. El fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron una serie de allanamientos en domicilios vinculados a Spagnuolo, a la droguería Suizo Argentina (relacionada con empresarios mencionados en los audios) y en la propia ANDIS. En uno de estos procedimientos se encontró a Spagnuolo en el barrio privado Altos de Campo Grande, Pilar, donde fue demorado mientras le secuestraron teléfonos celulares, una máquina de contar billetes y documentación clave para la investigación. Esta causa busca esclarecer un presunto esquema organizado de cobros ilícitos y retornos que alcanzarían cientos de millones en contratos estatales.

Como medida cautelar, se le prohibió a Spagnuolo la salida del país. Esta restricción tiene como objetivo garantizar su disponibilidad para futuras citaciones y evitar la dilución de evidencias esenciales. No solo Spagnuolo quedó impedido de viajar, sino que también se extendió esta prohibición a otros involucrados, incluidos empresarios de la familia Kovalipker, dueños de la droguería señalada, y otros exfuncionarios mencionados en la causa. La justicia continúa analizando los dispositivos electrónicos y documentos incautados para reconstruir las maniobras de corrupción y la posible distribución de las coimas entre los implicados.

El caso adquirió además una fuerte carga política. Cristina Fernández de Kirchner criticó duramente al presidente Milei, recordándole la «doctrina Vialidad» por la que ella fue condenada, y acusando al círculo cercano del mandatario (su hermana y su operador Menem) de estar involucrados en un caso mucho más grave en términos penales. Kirchner subrayó que el propio Milei fue advertido de estas irregularidades por Spagnuolo y cuestionó el despido del exfuncionario, señalando la gravedad del escándalo y la implicancia política y judicial que tiene para el gobierno.

Frente a esta crisis, el jefe de Gabinete Guillermo Francos destacó que fue él quien avisó a Milei sobre la necesidad de desplazar a Spagnuolo tras las denuncias. Francos señaló la gravedad de que un funcionario hable de pedidos de coimas y la obligación inmediata de denunciar estos hechos ante la justicia. Además, aclaró que Milei aseguró no haber recibido ninguna información previa sobre el contenido de los audios, lo que dejó entrever tensiones internas en el gobierno por la gestión de la crisis.

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ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Una “goleada” legislativa contra el gobierno

Durante esta semana hubo dos sesiones legislativas consecutivas, el miércoles 20 de agosto realizó su actividad parlamentaria la Cámara de Diputados, y el jueves 21 fue el turno de la Cámara de Senadores. En ambas el gobierno nacional sufrió derrotas políticas de gran magnitud, incluyendo la posibilidad de rechazar un veto presidencial, un hecho inédito en la historia Argentina.

Durante una maratónica sesión en Diputados, se rechazó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. La ley se ratificó con 172 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones. Todo indica que la Cámara de Senadores irá en la misma línea, sentando un precedente histórico. Diversas organizaciones por los derechos de los discapacitados se congregaron a las afueras del Congreso y celebraron la medida. El gobierno prometió judicializar la ley de ser necesario.

Por otra parte, los diputados sostuvieron el veto presidencial al aumento de las jubilaciones ya que desde la oposición no lograron llegar a los dos tercios necesarios para ratificar la ley. La oposición intentó votar parcialmente el proyecto con aumentos, pero fracasó.

También se dio aprobación total al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La ley ya había logrado media sanción en Senadores y estipula que el Ejecutivo devuelva una serie de aportes provinciales que retiene o reparte de manera discrecional. Por último, la Cámara Baja aprobó la creación de una comisión investigadora sobre el “caso LIBRA”.

El jueves fue el turno del Senado. En esta sesión se le dio aprobación total a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias (Ley Garrahan) y a la Ley del Financiamiento Universitario. El gobierno ya adelantó que vetará estas dos leyes.

Por otro lado se avanzó en la derogación de varios decretos de facultades delegadas firmados por el presidente Javier Milei, en los que se incluye la reversión de reformas sobre la Marina Mercante, Instituto del Teatro, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, así como la eliminación de Vialidad Nacional, entre otros.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Después de 20 años Bolivia tendrá un gobierno de derecha

El Movimiento Al Socialismo (MAS) sufrió una derrota histórica en las elecciones del pasado domingo 17 de agosto, perdiendo la presidencia y su hegemonía en la Asamblea. Con Eduardo del Castillo obteniendo poco más del 3% de los votos, por primera vez en 20 años, el partido no tendrá representación en el Senado boliviano y solo contará con un diputado. Por su parte, Andrónico Rodríguez obtuvo el 8,51% de los votos, quedando en cuarto lugar. La debacle de las opciones de izquierda se sintió especialmente en las regiones que solían ser sus bastiones, donde la población se volcó al apoyo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyo candidato era Rodrigo Paz.

La derrota del MAS generó un cruce de acusaciones entre sus líderes. El presidente Luis Arce responsabilizó directamente a Evo Morales por la división del partido y la consecuente derrota, afirmando que las luchas internas fueron el factor determinante del resultado electoral. Por su parte, Morales reconoció los resultados, pero atribuyó el triunfo de Paz a la figura de Edman Lara (su candidato a Vicepresidente) y defendió su llamado al voto nulo (que alcanzó un 20% de los votos totales) como un «mensaje a los traidores». En este contexto de pugna, Andrónico Rodríguez, también reconoció la derrota, pero arremetió contra el «evismo» por haber llevado al partido al fracaso. La Central Obrera Boliviana (COB), un aliado histórico del MAS, calificó la derrota de la izquierda como un «jalón de orejas» a la clase política.

El gran y sorpresivo ganador de la jornada fue Rodrigo Paz, del PDC, con el 32% de los sufragios, quien fue calificado por los medios como «el cisne negro que sacudió las elecciones«. El ascenso de Paz fue una sorpresa, ya que las encuestas no habían anticipado su triunfo, en parte debido a su campaña atípica que se centró en un acercamiento directo «de pueblo en pueblo» y la inclusión de un ex policía como su vicepresidente.

La victoria de Paz simboliza el fin de la polarización política que ha caracterizado al país en los últimos años, marcada por el enfrentamiento entre masismo vs. antimasismo. Su discurso se basó en cuatro pilares que redefinen el juego político: renovación, integración nacional, religión y capitalismo popular. A pesar de su herencia política, Paz se presenta como un político nuevo. Esta estrategia le permitió conectar con un electorado descontento con la clase política y la profunda división del MAS.

Tras los resultados, la oposición comenzó a perfilar sus alianzas con miras a la segunda vuelta. El candidato Samuel Doria Medina, que obtuvo poco más del 19% de los votos, aceptó su derrota y se comprometió a apoyar a Rodrigo Paz. Por su parte, el candidato Tuto Quiroga, quien quedó en segundo lugar con casi el 27% de los votos, centró su discurso en la «unidad nacional» para el balotaje. En este marco, con las tres principales opciones de derecha encabezando las preferencias electorales, el próximo gobierno contará con un poder legislativo fragmentado, pero enfrentado a las ideas de izquierda, lo que anticipa un profundo cambio de rumbo en Bolivia, al menos en términos institucionales.

BRASIL

RELACIONES EXTERIORES | Frente a las tarifas de Trump, Brasil se consolida como socio comercial de China

En el primer semestre de 2025, Brasil se consolidó como el segundo mayor receptor de inversiones directas de China, sólo detrás de Indonesia, según datos del China Global Investment Tracker del American Enterprise Institute (AEI). En ese período, las compañías chinas invirtieron 22 mil millones de dólares en distintos países, de los cuales 2,6 mil millones fueron a Indonesia y 2,2 mil millones a Brasil, lo que significó un aumento del 5% frente al mismo lapso de 2024. Este flujo responde a la estrategia de Pekín de reforzar su presencia en mercados emergentes, mientras Donald Trump intensifica las barreras comerciales contra Brasil. Desde 2005, el país sudamericano se ha mantenido entre los destinos prioritarios de capital chino, gracias a su abundancia en recursos naturales, déficit en infraestructura y amplio mercado consumidor.

Los proyectos más recientes se concentran en sectores clave. En el agronegocio, la Cofco culmina un terminal de granos en el Puerto de Santos, tras destinar más de 2,2 mil millones de reales (366 millones de dólares) en infraestructura ferroviaria y portuaria. En la minería, se destacan adquisiciones estratégicas: MMG invirtió cerca de 500 millones de dólares en minas de níquel de Anglo American; China Nonferrous compró Mineração Taboca por 340 millones; Huaxin Cement adquirió Embu por 186 millones; y Baiyin Nonferrous asumió Mineração Vale Verde en Alagoas por 420 millones. Estas operaciones refuerzan el interés chino en minerales estratégicos para la transición energética y la industria de alta tecnología.

El panorama revela también una creciente diversificación sectorial. En el automotriz, la GWM inauguró fábrica en São Paulo con planes de invertir 10 mil millones de reales hasta 2032; la GAC lanzó autos eléctricos en el país; la BYD amplió su presencia con fuertes campañas publicitarias; y la Geely no solo abrió concesionaria, sino que adquirió el 26% de la filial de Renault por 720 millones de dólares. En servicios digitales, destacan la expansión de 99 (Didi) y Keeta (Meituan), esta última con inversiones por 5 mil 600 millones de reales. Según Tulio Cariello del CEBC, este giro evidencia el foco en el mercado consumidor brasileño, más allá de las materias primas. El economista Derek Scissors subraya que la apuesta china está vinculada tanto a la necesidad de commodities como hierro, soja y petróleo, como al interés de ampliar la infraestructura energética. En paralelo, el fortalecimiento del comercio chino con el Sur Global, cuyas exportaciones en 2024 superaron los 1,5 mil millones de dólares, confirma un reordenamiento de flujos frente a EE.UU. y Europa Occidental, con implicancias estratégicas para Brasil.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Entramado de lavado de activos complica la situación de Bolsonaro

El diputado federal del Partido de los Trabajadores por Rio de Janeiro (PT-RJ), Lindbergh Farias, líder del gobierno en la Cámara, presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una representación criminal contra Jair Bolsonaro, su esposa Michelle y sus hijos Eduardo y Carlos, por presuntos delitos de lavado de dinero, organización criminal y fraude procesal. La acusación se sustenta en un Relatorio de Inteligencia Financiera (RIF) del Consejo de Control de Actividades Fiscales (COAF), que detectó movimientos financieros inusuales e incompatibles con los ingresos declarados por el expresidente. Según el informe, Bolsonaro habría movilizado más de 30 millones de reales entre marzo de 2023 y febrero de 2024, además de transferencias que superan los 22 millones de reales a su familia, lo que refuerza las sospechas de blindaje patrimonial.

Las transferencias identificadas alcanzan cifras significativas: Michelle Bolsonaro habría recibido 2 millones de reales, Eduardo Bolsonaro alrededor de 2,1 millones y Carlos Bolsonaro cerca de 4,8 millones. De acuerdo con las investigaciones, en el caso de Michelle, el dinero tendría como objetivo evadir posibles bloqueos judiciales, lo que sugiere un mecanismo de ocultamiento de bienes. La representación sostiene que estas operaciones financieras presentan indicios claros de ocultación del origen real de los recursos, configurando un posible esquema de lavado de dinero en el ámbito familiar, con distribución de tareas entre sus miembros para dificultar la acción de la justicia.

El pedido de Lindbergh Farias solicita al STF la quiebra de los sigilos bancario, fiscal y telemático de los involucrados, además del bloqueo y secuestro de bienes, así como una pericia contable y financiera para rastrear el patrimonio oculto. El documento presentado al ministro Alexandre de Moraes plantea que Michelle, Eduardo y Carlos Bolsonaro actuaron como coautores al poner sus cuentas a disposición de los esquemas. En este marco, la denuncia describe un esquema familiar estructurado, cuyo propósito habría sido ocultar patrimonio, burlar restricciones judiciales y proteger al expresidente frente a las investigaciones en curso.

CHILE

RELACIONES EXTERIORES | El gobierno de Boric intervino con decisión ante incidentes en el partido de Universidad de Chile contra Independiente de Avellaneda

El encuentro entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, derivó en un episodio de violencia extrema en Avellaneda. Durante el primer tiempo, el partido estaba empatado 1 a 1, resultado que favorecía a los chilenos para avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, en la platea superior comenzaron los desmanes cuando hinchas de la Universidad de Chile rompieron baños y lanzaron objetos desde las tribunas superiores hacia las bancas inferiores. Ante la falta de intervención policial efectiva, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera suspendió el partido para evitar más incidentes, pero el desalojo de la hinchada visitante terminó en una feroz arremetida por parte de barras bravas de Independiente, quienes violentamente golpearon, desnudaron y tiraron desde las tribunas a los asistentes chilenos.

La situación de caos derivó en múltiples heridos, algunos de gravedad, que fueron atendidos en hospitales cercanos, mientras que la policía detuvo a 104 simpatizantes de la Universidad de Chile. Ante los eventos ocurridos, el presidente chileno Gabriel Boric ordenó enviar al ministro del Interior de su país, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires para gestionar la situación y proteger a los ciudadanos detenidos. Además, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió con el ministro Elizalde y otros funcionarios para coordinar esfuerzos de seguimiento y asistencia, confirmando posteriormente que la fiscalía argentina decretó la libertad de los 104 detenidos. Boric también condenó la violencia y recalcó la necesidad de erradicar estos hechos en los estadios, defendiendo al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos chilenos.

Las autoridades locales en Avellaneda desplegaron un fuerte operativo policial para controlar la zona, evacuando a periodistas y dirigentes chilenos del estadio y alrededores en la madrugada. En medio de un clima de acusaciones cruzadas entre ambos clubes y críticas a la organización del evento, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó a los visitantes por provocar la violencia, mientras que desde Chile señalaron la falta de medidas de seguridad adecuadas. La Conmebol quedó en el centro del debate por su responsabilidad en la prevención y sanción de estos incidentes, que reavivan la polémica sobre la violencia en las copas sudamericanas.

COLOMBIA

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Oleada de ataques en Cali y Antioquia sacude al país y deja saldo trágico

El 21 y 22 de agosto Colombia fue sacudida por una ola de atentados violentos en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia), que dejaron una estela de muerte, destrucción y conmoción social. En Cali, un camión bomba explotó frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, causando seis fallecidos y decenas de heridos y desaparecidos, mientras que un segundo vehículo cargado con cilindros bomba no detonó a tiempo, evitando una tragedia aún mayor. En Amalfi, un ataque a un helicóptero de la Policía en labores de erradicación de cultivos de coca provocó la muerte de entre ocho y trece personas, según distintas fuentes.

Las autoridades detuvieron a un sujeto identificado como alias “Sebastián”, presunto responsable del atentado en Cali. El Ministerio de Defensa atribuyó la autoría del ataque a disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, a quien relaciona con una reacción desesperada ante la pérdida de control del narcotráfico en la región.

El presidente Gustavo Petro en su llegada a Cali, calificó los atentados como “una masacre” y “un golpe brutal y de terror”, y anunció la preparación de una serie de decretos para contener la violencia, reforzar el control militar en las zonas afectadas, además de atacar la producción y exportación de cocaína. No obstante, descartó declarar conmoción interior, decisión debatida dentro del gobierno y criticada por algunos sectores.

Previo a los hechos, Petro ya había solicitado clasificar como organizaciones terroristas a las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, solicitando incluso el respaldo de la Corte Penal Internacional y señalando que estos grupos operan como “criminales de guerra” con tendencia al terror y la impunidad.

La oposición política, particularmente el Partido Liberal, criticó duramente la estrategia de «paz total» impulsada por el gobierno. Señala que estos hechos evidencian que la violencia sigue escalando, mientras los grupos criminales se sienten fortalecidos y amplían sus métodos, incluido el uso de tecnología para cometer atentados.

Paralelamente, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre un escenario de riesgo en evolución: se calculan 18 muertos, 76 heridos (entre ellos menores y adultos mayores) y al menos dos desaparecidos, lo que evidencia un agravamiento de la situación de seguridad.

En este contexto de violencia multiplicada, aparecen llamados desde otros territorios: alcaldes, gobernadores y gremios del Caribe instaron al gobierno a reforzar la seguridad a nivel nacional, sugiriendo que la violencia no se limita al suroccidente sino que resurge con riesgos extendidos.

RELACIONES EXTERIORES | El caso Carlos Ramón González: entre tensiones diplomáticas con Nicaragua y cuestionamientos internos al gobierno de Petro

En los últimos días, el escándalo que rodea a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha dejado ver un complejo entramado diplomático y jurídico que involucra a Colombia y Nicaragua. González, protagonista del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), logró obtener residencia en Nicaragua, lo que desencadenó una serie de investigaciones y reacciones oficiales.

El presidente Gustavo Petro y su gobierno han sostenido que no solicitaron privilegios especiales para González. Según la Cancillería, jamás autorizó gestiones ante Nicaragua para tramitar su residencia permanente. Petro afirmó, además, que se enteró por la prensa del trámite y negó cualquier intervención directa. Estas afirmaciones, pese a su contundencia, contrastan con indicios de participación diplomática previa: documentos periodísticos señalan que en mayo de 2025, bajo la gestión del embajador Óscar Muñoz y con Laura Sarabia como canciller, la embajada de Colombia en Nicaragua habría tramitado la renovación de la residencia de González.

Ante la controversia, la Procuraduría General de la Nación anunció una inspección en la Cancillería para esclarecer si funcionarios habrían facilitado ilícitamente ese proceso. Paralelamente, el exministro de Justicia Wilson Ruiz interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la excanciller Laura Sarabia y el exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, por presunta complicidad en la obtención del estatus migratorio. Ambos se deslindaron: Sarabia aseguró que no participó ni conoció el trámite, mientras Muñoz prefirió abstenerse de comentar.

En medio de estas acusaciones contrapuestas, el Ministerio del Interior, a través del ministro Armando Benedetti, calificó como «agresiva» la negativa de Nicaragua a extraditar a González, advirtiendo sobre las posibles consecuencias para las relaciones bilaterales. Desde Managua mantienen su posición, en un contexto regional que forma parte de una reconfiguración del diálogo diplomático entre Colombia y sus vecinos, incluidos Venezuela, Perú, Brasil y Nicaragua, con influencia de actores como Estados Unidos.

Mientras tanto, en el ámbito judicial internacional, la Fiscalía solicitó a Interpol emitir una circular roja para ubicar y capturar a González, pero esta aún no ha sido expedida. Según fuentes oficiales, la oficina colombiana de Interpol aún no se ha pronunciado, y la respuesta de Nicaragua, quien podría considerarlo perseguidor político, complicaría el proceso.

Este episodio, además, responde a la trama más amplia del escándalo de la UNGRD, donde González fue imputado junto a otros exfuncionarios en el saqueo de recursos públicos. La Fiscalía lo acusa de manipular contratos para beneficiar a congresistas, y hoy se encuentra como prófugo de la justicia. Simultáneamente, el exdirector de Función Pública, César Manrique, también implicado, recibió una medida de aseguramiento, y la Fiscalía solicitó a Interpol emitir una circular roja para su localización.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Colombia 2026: petrismo busca continuidad con Cepeda mientras Uribe reaparece como figura clave en la oposición

En el panorama político colombiano comienzan a configurarse las primeras movidas de cara a las elecciones presidenciales de 2026, con una atención centrada en dos frentes: el futuro de la izquierda ligada al gobierno de Gustavo Petro y el papel que jugará el expresidente Álvaro Uribe tras recuperar su libertad. Desde el progresismo, el Polo Democrático ha solicitado a Iván Cepeda que se postule como candidato presidencial, argumentando que es la figura más indicada para dar continuidad al proyecto político iniciado por Petro. En una carta pública, ese sector destacó que Cepeda representa la posibilidad de consolidar el legado de transformaciones, especialmente en temas de paz, justicia social y defensa de los derechos humanos. El propio senador respondió de manera cautelosa, asegurando que evaluará la propuesta con responsabilidad y que, por ahora, mantiene abiertas las posibilidades. En paralelo, Cepeda se mostró junto a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, para realizar anuncios conjuntos sobre su papel en la contienda electoral. Según versiones, cuentan con el respaldo del presidente Petro, lo que podría configurar una plataforma más amplia de la izquierda que combine sectores tradicionales del progresismo con liderazgos locales recientes.

Del lado contrario del espectro, la figura de Álvaro Uribe vuelve a irrumpir en el escenario. Tras la decisión de un tribunal de Bogotá que le concedió la libertad, el expresidente reapareció en actos políticos en Sabaneta, Antioquia, con un mensaje enfático sobre la necesidad de “ganar las elecciones y enfrentar a Petro”. Su reaparición pública despierta expectativas sobre el impacto que puede tener en la derecha y el uribismo, en un momento en el que ese sector busca recomponerse para las presidenciales. La presencia de Uribe en plazas y calles representa un factor movilizador para sus bases, pero también plantea interrogantes sobre cómo su situación judicial y la polarización que genera, influirán en las alianzas y en la estrategia de campaña. Su participación podría revitalizar la identidad uribista, aunque no está claro si será suficiente para articular una coalición amplia que logre disputar las elecciones.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Noboa se enfrenta con la Corte Constitucional y el Movimiento Indígena

La matriz autocrática de gestión política del gobierno de Daniel Noboa se consolida contra la Corte Constitucional (CC) y el movimiento indígena. La CC mantuvo su curso en el trámite de las demandas contra las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad, fijando una fecha para la audiencia de debate de las mismas; en respuesta, el gobierno de Daniel Noboa escaló su posición, ordenando el desalojo de los jueces del máximo tribunal de la sede que ocupan, aunque tuvo que dar marcha atrás con la medida.

Este amedrentamiento continuo a los magistrados también se da en el marco del intento del gobierno por asegurar su agenda para la consulta popular, buscando la aprobación de sus preguntas. Entre ellas, se encuentra la propuesta para eliminar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), poder del Estado ecuatoriano que detenta la función de control y participación. Con esta pregunta el gobierno busca anular los concursos en marcha para el nombramiento de las autoridades de control, como el Fiscal General. Este movimiento se percibe como una estrategia para consolidar el control sobre el conjunto de las instituciones del Estado.

Esta situación ha sido objeto de atención internacional. La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó sobre las amenazas y la presión política a la que están siendo sometidos los jueces en Ecuador, lo que subraya la preocupación por la independencia judicial y la vigencia del estado de derecho.

Por otro lado, el ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, denunció un intento de asesinato en su contra, lo que desencadenó una fuerte reacción de la organización. La CONAIE y otros movimientos sociales calificaron el hecho como «persecución política» y acusaron directamente al gobierno de Noboa de estar detrás de la agresión. La denuncia de Iza se complementa con la afirmación de que el líder indígena ha sido objeto de espionaje ilegal, luego de que se publicaran unos chats en los que agentes del orden rastreaban sus actividades llamándolo “cuy” y “capibara”.

En este contexto de denuncia y confrontación, diversas organizaciones sociales se reunieron para analizar la «ruta a seguir» en rechazo a lo que consideran «leyes inconstitucionales». Los movimientos no descartan la posibilidad de convocar a una marcha a nivel nacional.

PARAGUAY

RELACIONES EXTERIORES | MIGRACIÓN | Paraguay firma memorando con Estados Unidos para convertirse en país de espera de solicitantes de asilo

El gobierno de Santiago Peña profundizó su alineamiento con Washington tras la firma de un memorando con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El acuerdo convierte a Paraguay en una “sala de espera” para ciudadanos de terceros países que buscan asilo en Estados Unidos, comprometiendo al país a recibirlos hasta que se adopte una decisión definitiva sobre sus solicitudes.

El memorando entró en vigor de manera inmediata, sin discusión parlamentaria, y establece que Paraguay no podrá devolver a los solicitantes a sus países de origen en caso de riesgo de persecución. La medida fue presentada por Rubio como una muestra de cooperación en seguridad y migración, destacando a Peña como “amigo de Estados Unidos” y aliado clave en la región.

En paralelo, Asunción busca acceder al programa de exención de visas que permitiría a ciudadanos paraguayos viajar a Estados Unidos sin necesidad de visado por un máximo de 90 días, algo que el gobierno considera parte del paquete diplomático con Washington.

La firma del acuerdo coincidió con la iniciativa del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, de replicar la línea estadounidense al proponer que el Cártel de los Soles sea declarado organización terrorista en el parlamento nacional.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El Tribunal Constitucional falla a favor de Dina Boluarte y no podrá ser investigada hasta que culmine su mandato

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dictaminó suspender todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su mandato en 2026. Este fallo es una respuesta directa a una demanda presentada por la mandataria contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como resultado, casos de alto perfil que involucran a la presidenta, como el «Rolexgate», presuntas irregularidades en cirugías estéticas, la investigación sobre un cofre de joyería y las muertes ocurridas durante las protestas, quedan detenidos de manera preliminar.

La decisión del TC se basa en la noción de que no se pueden realizar diligencias investigativas contra un presidente en funciones por hechos cometidos durante su mandato, salvo por delitos tipificados en la Constitución. Un magistrado del TC justificó esta postura al calificar el allanamiento a la casa de la presidenta como un «acto agresivo«, sugiriendo que las acciones previas del Ministerio Público habían excedido los límites legales. Esta interpretación jurídica tiene como objetivo “proteger la investidura presidencial”, pero ha generado un intenso debate.

El fallo ha generado una amplia reacción política. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, pidió que se sancione a los fiscales y policías que participaron en el allanamiento a la residencia presidencial, basándose en la reciente decisión del Tribunal Constitucional. Por su parte, el expresidente Pedro Castillo cuestionó la decisión, señalando la ironía de que durante su propio gobierno se le hicieron múltiples imputaciones sin que se considerara la protección de su cargo, lo que ha revivido las tensiones políticas entre el actual gobierno y sus opositores.

Perú es el país de la región que tiene más ex presidentes presos, juzgados o judicializados, por lo que la medida del TC puede tener impactos a futuro respecto del margen de acción del titular del Poder Ejecutivo, así como la legitimidad de este para impulsar cambios en materia de políticas públicas.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | Tensión frente a despliegue fuerzas militares estadounidenses en el caribe 

Las tensiones entre la administración Trump y el gobierno de Venezuela aumentan luego del envió el jueves 15 de agosto por parte de Estados Unidos de un contingente de 4 mil soldados, principalmente infantes de marina, así como de barcos de guerra, aviones P8 de reconocimiento y un submarino nuclear con la justificación de la lucha contra el narcotráfico en la zona del caribe, especialmente cerca de aguas pertenecientes a territorio venezolano.

Así mismo, el martes 19 de agosto la portavoz del gobierno de Estados Unidos Karoline Leavitt, declaró en conferencia de prensa que el presidente Donald Trump se encuentra preparado para usar todo su poder y detener la entrada de drogas, frenar el narcotráfico y condenar a los responsables, haciendo clara alusión al presidente venezolano. Leavitt aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro no es legítimo ya que la administración Trump considera a Maduro líder de un cartel del narcotráfico acusado por Estados Unidos.

El presidente venezolano, por su parte, anunció el despliegue de más de 4 millones de milicianos, los cuales forman parte de las Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio venezolano como respuesta ante las amenazas estadounidenses. Así mismo anunció el jueves 21 de agosto, en el marco del Gran Plan Nacional de Soberanía y de Paz Simón Bolívar, que se llevará a cabo en todo el país una jornada de alistamiento y llamado a filas de milicianos, milicianas, reservistas y todo el pueblo que quiera participar en la defensa de la soberanía.

Cabe destacar que la ONU en su “Informe Mundial sobre Drogas 2025” desmiente la posición acusatoria de la administración Trump, indicando que Venezuela no es un país de tránsito de drogas hacia Estados Unidos. En dicho informe se revela incluso que la zona del Caribe tampoco cuenta con una alta circulación de sustancias ilícitas, siendo el Pacífico la zona que acapara casi un 90% del tráfico hacia el país del norte. Se torna sospechosa la actitud estadounidense y el alto despliegue militar en todo el caribe, especialmente frente a Venezuela.

RELACIONES EXTERIORES | XIII Cumbre del ALBA en respaldo a Venezuela

El miércoles 20 de agosto se llevó a cabo la 13va Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y mandatarios de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA).. Con el objetivo de revisar y actualizar los planes de cooperación  permanente entre los países miembros, dicho encuentro se encontró fuertemente atravesado por las tensiones en relación al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Los diversos mandatarios integrantes de la alianza rechazaron en un comunicado en conjunto, tal despliegue de fuerzas y denunciaron como falsas las acusaciones por parte del gobierno de Trump, entendiendo las verdaderas razones como parte de una agenda injerencista de Estados Unidos. A su vez, expresaron su firme respaldo al presidente Nicolás Maduro frente a las denuncias recibidas en donde se lo acusa de ser el líder de cárteles del narcotráfico.

Por su parte el jefe de Estado venezolano aseguró que la región latinoamericana y caribeña es un territorio en disputa entre las fuerzas independentistas y las fuerzas imperialistas, destacando el papel del ALBA como plataforma de resistencia y cooperación. A su vez,  hizo un llamado a todos los pueblos rebeldes y movimientos sociales del mundo a unirse en la defensa del derecho a la paz y la soberanía del pueblo de Venezuela frente a las amenazas intervencionistas.

Finalmente, Nicolás Maduro anunció que el barco del ALBA ya se encuentra en el mar para iniciar el intercambio y el comercio entre los países miembros. Este barco es el primero en una serie pensado para la construcción de una flota de transporte marítimo del ALBA.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Asamblea nacional quita inmunidad parlamentaria a diputado

El miércoles 20 de agosto la Asamblea Nacional, en sesión extraordinaria, autorizó por unanimidad el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado por el estado Mérida, Julio César Torres Molina. Esta decisión se da luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), diera lugar al juicio contra dicho parlamentario acusado de cometer delitos de narcotráfico contemplados en la ley orgánica de drogas.

Torres pertenecía al Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT) habiendo sido electo diputado dentro de las filas del chavismo. Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió a aquellos que traicionen los altos intereses del pueblo, no importa que sean diputados o ministros, tendrán el mismo destino que el diputado Torres si incurren en delitos.