ARGENTINA

RELACIONES EXTERIORES | Críticas internas a Milei por la incorporación al Consejo de Paz trumpista

En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente argentino Javier Milei se sumó al Consejo de la Paz, impulsado por Donald Trump, durante una ceremonia inaugural a puertas cerradas. La iniciativa requiere una membresía de mil millones de dólares por país, sin embargo, Milei fue eximido del pago.

La oposición argentina cuestiona la validez legal de la firma, ya que la Constitución (artículo 75 inciso 22) exige aprobación del Congreso para tratados con organismos internacionales; el canciller Pablo Quirno ordenó un dictamen para eludir este paso, lo que desató críticas por intentar burlar al Parlamento y críticas a este «club de amigos» de Trump. Esteban Paulón, diputado nacional por Encuentro Federal, impulsó un pedido de acceso a la información pública “bajo el formato de interpelación” al canciller Quirno. «Todo lo que son tratados internacionales debe pasar por el Congreso”, afirmó. Sin embargo, resaltó que en este caso existe una “zona gris” porque “no está claro cuál es el estatus que tiene”, así como tampoco el tipo de organismo que será.

La provincia de Tierra del Fuego cuestionó duramente la adhesión de representantes de Kosovo, calificando la iniciativa de Milei como «grave y peligroso error político y diplomático». Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales fueguino, afirmó que este gesto «contradice de manera directa la posición oficial e histórica de la Argentina», ya que el país no reconoce a Kosovo como Estado independiente sino como parte de Serbia, defendiendo el principio de integridad territorial. Dachary advirtió que asociarse con Kosovo debilita el reclamo soberano argentino sobre Malvinas, dado que tropas kosovares participaron en ejercicios militares británicos en las islas —hecho debatido en la ONU— y daña la relación con Serbia, un aliado consistente en foros internacionales sobre el tema.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Paz intensifica su discurso anticorrupción y apunta contra el MAS

El presidente Rodrigo Paz ha intensificado su discurso contra supuestos hechos de corrupción atribuidos a las gestiones previas del Movimiento al Socialismo (MAS), anunciando que su administración va a «corretear» a las ex autoridades que «se robaron la plata». Paz ratificó el inicio de investigaciones formales y señaló que, aunque algunos exfuncionarios ya han logrado huir del país, el Ejecutivo está implementando medidas para evitar “nuevas fugas”.

En este marco, la ausencia pública de Evo Morales, ha generado tensiones. La incertidumbre creció tras su inasistencia a su habitual programa radial dominical, lo que alimentó rumores sobre una posible salida del país. Sin embargo, la policía boliviana ha asegurado que Morales no ha abandonado el territorio nacional por vías legales.

Sectores de la oposición, liderados por el derechista y ex candidato presidencial Tuto Quiroga, exigen su inmediata aprehensión acusándolo de «burlarse del Estado». Por su parte, los seguidores del exmandatario y dirigentes cocaleros afirman que este se encuentra en el país, recuperándose de un cuadro de dengue, y han procedido a reforzar su seguridad. No obstante, la Policía ha aclarado que aún no ha recibido una instrucción oficial para proceder con su captura por la comisión del supuesto delito de trata de personas. El vicepresidente Edmand Lara ha optado por no comentar sobre el paradero del ex presidente.

Mientras tanto, Washington ha programado el envío de cuatro misiones oficiales en un lapso de 70 días con el objetivo de ampliar el diálogo con el gobierno de Paz en temas críticos como economía, seguridad y justicia. Como parte de este proceso, la Fiscalía General del Estado y el Departamento de Estado de Estados Unidos han comenzado a trabajar en una agenda conjunta, lo que apunta a una mayor cooperación técnica y política entre ambas naciones en el corto plazo en materia judicial. Se teme que la persecución política contra Morales, así como contra otros dirigentes y militantes del MAS, se profundice. 

BRASIL

RELACIONES EXTERIORES – ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Acuerdo UE-Mercosur: de la firma histórica a la judicialización en Europa

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, formalmente firmado el 17 de enero de 2026 en Paraguay, marcó el cierre de más de 25 años de negociaciones y dio inicio a una nueva fase centrada en la ratificación política e institucional del tratado. El pacto involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por el lado sudamericano, y a los 27 países de la Unión Europea, y establece una amplia zona de libre comercio que abarca bienes, servicios, inversiones y compromisos regulatorios.

En la antesala de la firma, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió en Río de Janeiro a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y celebró el avance del acuerdo como un hito político. Aunque Lula no asistió a la ceremonia formal en Paraguay, el gobierno brasileño presentó la conclusión del tratado como un logro central de su política exterior y confirmó que iniciaría de inmediato los trámites internos para su aprobación en el Congreso Nacional.

El escenario cambió pocos días después. El 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó, por una votación ajustada, enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para un análisis jurídico previo a su ratificación. La decisión respondió a una iniciativa de parlamentarios críticos del tratado, que solicitaron al tribunal evaluar si determinadas cláusulas del pacto son compatibles con el marco legal europeo y si el acuerdo podría limitar la capacidad regulatoria de la Unión en áreas como medio ambiente y salud pública. El proceso judicial podría extenderse entre 18 y 24 meses.

Frente a esta judicialización en Europa, el gobierno brasileño adoptó una postura de continuidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) informó que seguiría acompañando los desdoblamientos del proceso europeo, pero reafirmó que la prioridad de Brasil sería avanzar con la ratificación interna del acuerdo. Interlocutores del Palácio do Planalto señalaron que la posibilidad de obstáculos en el Parlamento Europeo ya era considerada durante la negociación y que no alteraba la estrategia brasileña.

Entre el 21 y el 22 de enero, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, confirmó que el Ejecutivo trabajaría para enviar el texto al Congreso aún en el primer semestre de 2026. El objetivo anunciado fue concluir la tramitación legislativa brasileña antes del período electoral, reforzando el compromiso del Mercosur con el acuerdo y creando presión política sobre las instituciones europeas.

En declaraciones públicas, el gobierno brasileño destacó que la ratificación rápida por los parlamentos sudamericanos podría fortalecer la posición de la Comisión Europea y del Consejo Europeo frente a sectores contrarios al acuerdo dentro de la UE.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Caso Banco Master concentra tensiones en la agenda política

El llamado ‘caso Banco Master’ escaló con rapidez al centro del debate institucional brasileño durante la segunda quincena de enero de 2026, al converger una crisis financiera dentro de un conglomerado bancario, investigaciones judiciales en curso y una creciente presión política dirigida al Supremo Tribunal Federal (STF). Los acontecimientos se desarrollaron de forma paralela en los planos administrativo, judicial y político, sin que, hasta el 23 de enero, se hubieran adoptado decisiones definitivas por parte de las máximas instancias del poder judicial.

El detonante inmediato fue la situación del Will Bank, banco digital integrante del conglomerado financiero liderado por el Banco Master. El 20 de enero de 2026, el Banco Central de Brasil (BCB) decretó la liquidación extrajudicial de Will Bank, señalando el “comprometimiento de su situación económico-financiera”. La intervención implicó la interrupción de las operaciones de la entidad y la activación de los mecanismos legales de protección a los clientes, entre ellos el inicio del pago de depósitos garantizados por el Fondo Garantidor de Créditos (FGC). A partir de ese momento, el Banco Central pasó a supervisar el proceso de liquidación y a monitorear los efectos de la medida sobre el resto del conglomerado.

En paralelo al frente regulatorio, avanzaban investigaciones judiciales relacionadas con el grupo Banco Master, algunas de ellas con tramitación en el ámbito del STF. En ese contexto, informaciones periodísticas comenzaron a mencionar al ministro Dias Toffoli, integrante de la Corte, debido a la existencia de vínculos indirectos entre su entorno familiar y negocios privados que, en distintos momentos, habrían mantenido relación con activos asociados al grupo financiero investigado. Las publicaciones indicaron que familiares del magistrado tuvieron participación previa en emprendimientos que más tarde pasaron a estar bajo escrutinio judicial, lo que llevó a cuestionamientos públicos sobre la eventual existencia de conflictos de interés.

Estas revelaciones impulsaron una reacción inmediata en el ámbito político. Entre el 22 y el 23 de enero, parlamentarios de la oposición presentaron pedidos formales de investigación, solicitudes de sospecha e incluso requerimientos de impeachment contra el ministro Dias Toffoli. Los documentos fueron dirigidos a diferentes instancias del Congreso y se apoyaron en la argumentación de que la imparcialidad del magistrado podría estar comprometida en procesos vinculados al Banco Master. Al mismo tiempo, legisladores solicitaron que el STF evaluará la posibilidad de apartar al ministro de los casos relacionados con el conglomerado financiero mientras se analizan los antecedentes revelados por la prensa.

La controversia trascendió el ámbito institucional y llegó al espacio público cuando un grupo de manifestantes se concentró frente a la sede del Banco Master, en la ciudad de São Paulo. La movilización fue de alcance limitado y sin incidentes reportados, pero añadió visibilidad social al caso. Durante la protesta, los participantes reclamaron esclarecimientos sobre las investigaciones en curso y pidieron que las autoridades profundicen las indagatorias, incluida la eventual colaboración de directivos del banco con la Justicia.

Ante el aumento de la presión política y mediática, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, se pronunció públicamente. El magistrado afirmó que la actuación del ministro Dias Toffoli en los procesos bajo su responsabilidad se ajustaba a los marcos legales vigentes y subrayó la importancia de preservar la institucionalidad del STF frente a tensiones externas. El presidente de la Corte destacó que cualquier evaluación sobre la conducta de un magistrado debía seguir los canales formales previstos por la Constitución y los reglamentos internos del tribunal.

Hasta el 23 de enero de 2026, no se había anunciado ninguna resolución formal sobre el apartamiento de Toffoli de los casos relacionados con el Banco Master ni la apertura de un proceso disciplinario en su contra dentro del STF. Las investigaciones financieras y judiciales continuaban en curso, mientras el Banco Central avanzaba con la liquidación del Will Bank y el pago de los valores garantizados a los clientes afectados.

En ese punto, el caso se mantenía abierto en dos frentes simultáneos. Por un lado, el frente administrativo y financiero, encabezado por el Banco Central y el FGC, centrado en la estabilidad del sistema financiero y la resolución ordenada de la entidad liquidada. Por otro, el frente político-institucional, marcado por pedidos parlamentarios, debates públicos sobre la actuación del STF y pronunciamientos de las máximas autoridades del Poder Judicial. Al cierre del período analizado, no existían conclusiones definitivas ni decisiones judiciales que modificaran la composición del Supremo Tribunal Federal o el curso de las investigaciones en torno al grupo Banco Master.

CHILE

BIENES COMUNES | Incendios forestales en la Patagonia chilena

Los incendios forestales en Chile, concentrados en las regiones de Bio Bío y Ñuble, han causado al menos 21 muertos —11 identificados por ADN y huellas dactilares—, más de 20 mil damnificados, 817 viviendas destruidas y 40 mil hectáreas calcinadas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reportó una nueva víctima en Lirquén (Bio Bío) y detalló que persisten 21 focos activos de combate, como Perales en Ránquil y Monte Negro en Quillón, con 93 aeronaves y 130 toneladas de ayuda desplegadas.

Más de tres mil bomberos de varias regiones combaten las llamas, aunque el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, advirtió que los incendios no están controlados al 100% y dependen de las condiciones meteorológicas; describió la tragedia en Lirquén como la peor en sus 40 años de experiencia. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene alerta roja en Bio Bío, Ñuble y La Araucanía, con 544 personas en 14 albergues operativos.

El presidente Gabriel Boric aterrizó en una de las zonas más afectadas por los devastadores incendios forestales en Chile, donde fue recibido con una reacción espontánea y emotiva de la gente que lo sorprendió, generando una escena que se volvió viral en redes sociales.

La Fiscalía de Chile anunció la detención del principal sospechoso de provocar los incendios. Se trata de un chileno de 39 años con antecedentes por lesiones graves e infracciones a la ley de propiedad industrial, quien será formalizado este viernes; en total suman cuatro los detenidos en los últimos días —uno ya liberado—, mientras las autoridades investigan acciones intencionales agravadas por vientos y altas temperaturas estivales.

COLOMBIA

RELACIONES EXTERIORES – ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Guerra arancelaria Colombia-Ecuador amenaza integración andina

Ecuador ha impuesto un arancel del 30% a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, en respuesta a lo que el presidente Daniel Noboa califica como falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común de 600 kilómetros. Noboa, quien desde Davos anunció la medida vía X, argumenta que sus militares enfrentan solos a grupos criminales transnacionales, pese a un déficit comercial de más de mil millones de dólares anuales a favor de Colombia, con exportaciones colombianas por dos mil millones de dólares en 2024. Colombia rechazó de inmediato la decisión, con el presidente Gustavo Petro destacando incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, centenares de combates y fusiles recuperados en la frontera, además de entregas de capos capturados a Ecuador.

El gobierno colombiano, a través de Cancillería, remitió una nota de protesta y resaltó 91 coordinaciones conjuntas que derivaron en 26 operativos, 39 deportaciones, 25 capturas y un aumento del 37,6% en incautaciones de cocaína. Petro vinculó el avance del narcotráfico en Ecuador a la presión colombiana contra él, e insistió en combatir precursores químicos para fentanilo en el Pacífico, mientras cuestionó la no entrega de presuntos implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, como alias «El Mosco».

En represalia, Colombia suspendió todas las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador mediante una resolución del Ministerio de Energía, limitando exportaciones a plantas térmicas no prioritarias para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Ecuador respondió que su Sistema Nacional Interconectado registra 5.454 MW de disponibilidad, suficiente para cubrir la demanda diaria sin importaciones colombianas, manteniendo estabilidad operativa.

Ecuador representa uno de los principales destinos para los medicamentos producidos en Colombia, con exportaciones que alcanzaron 85 millones de dólares en 2024, equivalentes al 8% del total exportado por la industria farmacéutica nacional. La industria alerta que el arancel del 30% impuesto por Quito elevará precios en un 25-30% para los ecuatorianos, afectando el acceso a tratamientos esenciales y reduciendo competitividad colombiana en un mercado clave donde suministra el 15% de las importaciones farmacéuticas de Ecuador. Asociaciones como Asinfar y ProColombia advierten impactos en empleo y producción en regiones como el Valle del Cauca, exacerbando la tensión comercial bilateral.

Gremios como Colfecar alertaron que el 72% de las exportaciones a Ecuador dependen del transporte terrestre, y que la «guerra arancelaria» quiebra la integración andina, encarece bienes, reduce competitividad, afecta empleo y logística, e incentiva contrabando sin resolver problemas de seguridad. Analdex (gremio que agrupa a empresas centradas en el comercio exterior) reportó por su parte ventas colombianas a Ecuador por mil 900 millones de dólares en 2024 (segunda cifra histórica), con énfasis en electricidad por el Niño.

Esta escalada, enmarcada en tensiones previas como la petición de Petro por la liberación de Jorge Glas, amenaza el comercio bilateral de más de dos mil 500 millones de dólares anuales en la Comunidad Andina, priorizando agendas de seguridad sobre el diálogo regional. La confrontación comercial entre Colombia y Ecuador podría ser un segundo capítulo en las confrontaciones de Petro con Trump, teniendo en cuenta los vínculos norteamericanos de Quito y el alineamiento del presidente Daniel Noboa con Estados Unidos, lo que posiblemente influye en sus medidas arancelarias contra el gobierno de Colombia para reforzar la agenda hemisférica prioritaria de Washington.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Petro subió el impuesto a las grandes fortunas al 5%

En los primeros días de 2026, el gobierno de Gustavo Petro, oficializó a través de un decreto una modificación sustancial en la política fiscal del país al elevar la tarifa del impuesto al patrimonio al 5% para los patrimonios más altos, lo que sitúa a esa tasa como la más elevada del mundo para este tipo de gravamen. La medida forma parte de un paquete de decisiones bajo la figura de emergencia económica, adoptadas con el objetivo declarado de aumentar la recaudación fiscal para financiar el gasto social y atender un déficit presupuestario creciente.

El impuesto al patrimonio ahora se aplica de forma progresiva a partir de ciertos umbrales de patrimonio neto, comenzando en niveles relativamente moderados para personas naturales y alcanzando la tarifa máxima del 5% para quienes acumulan fortunas superiores al rango más alto establecido por la administración. El propio gobierno ha argumentado que el universo de contribuyentes alcanzado por el cambio representa una fracción reducida de la población, algo menos del 1% de los declarantes de renta, aunque sólo un núcleo muy pequeño estaría sujeto al nivel impositivo máximo.

La decisión generó inmediatas reacciones diversas tanto dentro como fuera de Colombia. Medios de comunicación destacan que la alza podría generar ingresos adicionales significativos que duplicarían las expectativas iniciales de recaudo. Sin embargo, también se advierte que la medida se da en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, con la necesidad de cubrir brechas presupuestarias y estabilizar una economía que enfrenta tensiones estructurales.

Un informe de la organización Oxfam ubica a Colombia como uno de los países con mayor concentración de riqueza en América Latina, un fenómeno que se traduce en que un pequeño grupo de personas acumula una parte desproporcionada de los activos del país. El contexto de desigualdad señalado por Oxfam alimenta la discusión alrededor del impuesto al patrimonio como instrumento de política pública. Para los defensores de la progresividad tributaria, tasas más altas sobre grandes fortunas son mecanismos legítimos para corregir desequilibrios y generar recursos para servicios públicos esenciales. Para detractores, la implementación rápida y por decreto de cambios fiscales de esta magnitud puede crear incertidumbre jurídica y económica, con efectos colaterales sobre la inversión privada y las decisiones de ahorro o inversión de los agentes económicos.

ECUADOR 

RELACIONES EXTERIORES – ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Daniel Noboa inicia una guerra comercial contra Colombia

En un contexto global signado por la guerra tarifaria y la intervención estadounidense en distintas latitudes, el presidente Daniel Noboa anunció la implementación de una tasa del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. Según el mandatario ecuatoriano, esta medida tendría como objetivo recaudar fondos para financiar la seguridad interna del país. La justificación detrás de este arancel se fundamenta en una supuesta «falta de cooperación» por parte del gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad, una acusación que escaló tras incidentes relacionados con la fuga de criminales.

El gobierno de Petro calificó la medida ecuatoriana como una «agresión económica» y anunció que respondería bajo el principio de reciprocidad. Así, Colombia decidió imponer, a su vez, un arancel del 30% a 20 productos estratégicos ecuatorianos, afectando un intercambio comercial valorado en aproximadamente 250 millones de dólares. Sin embargo, la represalia más severa ocurrió en el sector energético: el Ministerio de Minas y Energía de Colombia confirmó la suspensión de la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador a partir de las 6:00 p.m. del jueves 22 de enero.

Aunque inicialmente Ecuador había declarado que la logística de hidrocarburos y la venta de energía estarían exentas de los aranceles, la decisión de Bogotá de cortar el suministro eléctrico provocó una contraofensiva inmediata. El gobierno ecuatoriano anunció ajustes a las tarifas del crudo colombiano que transita por territorio nacional. Esta guerra comercial ha generado una desconexión en los acuerdos binacionales previos, afectando no solo el flujo de productos básicos sino también la infraestructura estratégica que conecta a ambos países.

En el ámbito legislativo, asambleístas de diversas bancadas, incluyendo al correísmo, han solicitado explicaciones al Ejecutivo por las posibles consecuencias de esta crisis. Por su parte, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana y diversas asociaciones gremiales han expresado su «profunda preocupación», advirtiendo sobre los impactos nocivos en los precios al consumidor y la estabilidad de las empresas. Desde Colombia, Asocapitales también ha instado a buscar soluciones diplomáticas, recordando que Ecuador es uno de sus principales socios comerciales.

Mientras la tensión escala, el Ministerio de Defensa de Colombia ha recordado que sus fuerzas capturaron al criminal alias «Fede» tras su fuga de Ecuador, defendiendo la efectividad de su cooperación previa. En un intento por frenar la crisis, Colombia ha enviado una nota verbal a la Cancillería ecuatoriana proponiendo una reunión bilateral para el 25 de enero en Ipiales, territorio fronterizo. El objetivo de este encuentro será discutir los impactos de las medidas y buscar un consenso que evite daños a las economías de ambos países.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La Fiscalía, el Congreso y la “Generación Z” ponen contra las cuerdas a José Jerí por reuniones clandestinas

La situación del presidente José Jerí se agravó tras confirmarse que sus reuniones no declaradas con el empresario chino Zhihua Yang vulneran las normativas de transparencia y ética pública. Se ha revelado que estas citas son presuntamente ilegales debido a que Yang es un contratista del Estado vinculado a la empresa China Railway. Además de la reunión en un chifa de San Borja, se descubrió un nuevo encuentro en un local clausurado en el Centro de Lima. El escándalo escaló aún más al conocerse que el empresario realizó múltiples visitas al Palacio de Gobierno y otras oficinas públicas.

El 19 de enero, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar contra el mandatario. El Ministerio Público busca determinar si existió el delito de tráfico de influencias derivado de estas citas clandestinas. El caso ha tomado un matiz más complejo luego de que el empresario Zhihua Yang cambiara de versión sobre las razones del encuentro, mientras que las autoridades rastrean antecedentes de un posible «blindaje» previo por parte de Jerí, quien en su etapa legislativa habría evitado debatir informes que ponían foco en las actividades de empresarios chinos, incluyendo a Yang.

El Congreso también ha reaccionado frente a esta situación. Se ha presentado una moción de vacancia presidencial que ya cuenta con 14 firmas, mientras que la presión por su censura como presidente suma ya su sexta moción presentada con apoyo de diversas bancadas, incluidas Acción Popular, Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú, Bancada Socialista, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia, además de varios no agrupados. Partidos como Alianza para el Progreso y Renovación Popular han exigido públicamente su renuncia, y se promueve una convocatoria a sesión extraordinaria para votar su salida definitiva ante la pérdida de respaldo parlamentario.

Pese a la presión política, Jerí ha manifestado que no renunciará, argumentando que hacerlo implicaría aceptar que cometió un acto irregular. El mandatario insiste en que las acusaciones son parte de un «complot» en su contra y ha ofrecido defensas que han sido calificadas como inverosímiles por sus detractores. De hecho, un sector del Congreso ya no otorga credibilidad alguna a sus descargos y prepara argumentos para concretar su vacancia.

La crisis ha trascendido las instituciones y ha comenzado a generar eco en la ciudadanía. Colectivos de la denominada «Generación Z» han convocado a una marcha nacional para el próximo 28 de enero en rechazo al escándalo del «Chifagate» y exigiendo la salida de Jerí. El desgaste de la imagen presidencial se profundiza y el escenario de una salida anticipada cobra fuerza a medida que se agotan los plazos parlamentarios para debatir la censura y la vacancia.

URUGUAY

RELACIONES EXTERIORES | Uruguay al frente del G77 y del CIDI de la OEA

Uruguay asumió dos responsabilidades relevantes en el plano internacional que refuerzan su presencia en ámbitos multilaterales de desarrollo y cooperación política. Por un lado, el país tomó por primera vez la presidencia del Grupo de los 77 (G77) y China, el principal espacio de articulación de los países en desarrollo dentro del sistema de Naciones Unidas. La asunción estuvo a cargo del canciller Mario Lubetkin durante una ceremonia en la sede de la ONU, con participación del secretario general António Guterres y otras autoridades. Desde Cancillería se informó que la presidencia uruguaya buscará garantizar continuidad en la agenda del grupo, fortalecer la cohesión interna y coordinar posiciones comunes del Sur Global en debates vinculados a desarrollo, financiamiento, deuda, comercio internacional y reforma del sistema multilateral.

En paralelo, Uruguay asumió la presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), órgano encargado de promover políticas de desarrollo económico, social y humano en la región. El cargo fue asumido por el representante permanente ante la OEA, Edison Lanza, quien señaló el rol histórico del CIDI como espacio central para el desarrollo integral de los países de América. Durante la misma sesión, Uruguay intervino en el debate sobre la situación en Venezuela, a partir de un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, Lanza reiteró la posición uruguaya de priorizar la promoción y protección de los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de salidas pacíficas mediante el diálogo y la negociación, lideradas por actores venezolanos.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Fortalecimiento de agenda científica con cooperación regional y desarrollo espacial

Uruguay anunció dos avances relevantes en materia científica y tecnológica que combinan cooperación regional, infraestructura estatal y desarrollo de capacidades propias. Por un lado, el gobierno instalará un Polo de Tecnologías Espaciales en la Estación Terrena Satelital de Antel, ubicada en el barrio Manga, reutilizando antenas en desuso. El proyecto es impulsado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) junto a Antel y busca descargar, procesar y analizar información satelital con herramientas de inteligencia artificial. Entre sus objetivos se destacan el monitoreo ambiental y productivo, la gestión de riesgos climáticos y el fortalecimiento de la soberanía sobre datos estratégicos. Además, se trabaja para que Uruguay se convierta en uno de los pocos países del mundo en contar con un radiotelescopio propio, ampliando su capacidad en ciencia astronómica.

En paralelo, Uruguay y Brasil avanzan en la creación del Centro Brasil–Uruguay de Investigación e Innovación en Ciencias de la Vida, iniciativa surgida del diálogo bilateral entre los presidentes Yamandú Orsi y Luiz Inácio Lula da Silva. El centro será desarrollado de manera conjunta por el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil y el CNPEM. Su objetivo es promover investigación colaborativa, intercambio de científicos y estudiantes, uso compartido de infraestructura y transferencia de conocimiento, con foco en el desarrollo sostenible y el bienestar social. La firma del documento se realizará el próximo miércoles 28 de enero en Uruguay.

VENEZUELA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Instalado el período 2026 del Consejo Federal de Gobierno

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez dio apertura el miércoles 21 de enero al período 2026 del Consejo Federal de Gobierno. Ente establecido en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez como el organismo encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados, municipios y el Poder Popular representado en los Consejos Comunales y Comunas. En este acto de instalación realizado en Caracas con la participación del gabinete ejecutivo, así como gobernadores, alcaldes y voceros comunales, fueron designados los distintos representantes que formarán parte del Consejo tanto a nivel nacional como estatal y municipal para la coordinación de políticas de desarrollo territorial.

La presidenta encargada informó que este período se incrementará en un 37% los recursos destinados a gobernaciones y alcaldías orientando sus esfuerzos para superar los desequilibrios existentes entre las diferentes regiones del país. A su vez, indicó que la distribución priorizará el modelo de democracia directa otorgando la administración del 53% de esos recursos a las organizaciones del poder popular, un 29% para las gobernaciones, un 15% por las alcaldías y un 3% se destinará al fortalecimiento institucional. En esta línea de fortalecimiento y priorización de los mecanismos del poder popular Delcy Rodríguez anunció la realización de la primera Consulta Popular del 2026 para el próximo 8 de marzo cuyos ejes estarán enfocados por un lado en la transformación económica con proyectos productivos y por otro la transformación para la ciudad humana con proyectos de infraestructura, obras y servicios para los barrios populares.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos y nueva Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos

El jueves 22 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Durante esta primera etapa de discusión centrada en la exposición de motivos de los proyectos, el diputado presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Orlando Camacho planteó que dichas reformas se centran en la modificación de 18 artículos en tres grandes ejes transformadores.

El primer eje incorpora los contratos de participación productiva que permiten atraer inversiones a través de acuerdos con empresas privadas en donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio costo y riesgo, participando el Estado de manera porcentual sobre los volúmenes sin adquirir deudas. Esto permitiría que las actividades primarias sean realizadas no solo por el Estado o empresas mixtas, sino que abre la posibilidad a empresas privadas debidamente adjudicadas.

El segundo eje implica la incorporación de herramientas para el desarrollo en campos petroleros no explotados, otorgando un marco jurídico de protección claro y transparente para este tipo de proyectos que requieren grandes inversiones.

Finalmente, el tercer ámbito de reforma se orienta hacia la ampliación de garantías jurídicas para la inversión en la explotación y producción de hidrocarburos.

Por otro lado, la Asamblea también aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos sustituyendo la Ley Orgánica de Precios Justos vigente desde 2015. Dentro de esta nueva ley se incluye la creación del Sistema Nacional de Observación de Precios con el objetivo de establecer un monitoreo de la estructura de costos en la cadena productiva buscando establecer un nuevo marco para la relación entre proveedores, comercios y consumidores.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Continúa la comercialización de petróleo venezolano mientras se registran ingresos de 300 millones de dólares destinados a estabilizar los salarios

Luego del secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Estados Unidos inició un retroceso de las sanciones impuestas avanzando en la comercialización del petróleo venezolano en los mercados internacionales. La agencia internacional Reuters informó que en estos últimos días las empresas estadounidenses Valero Energy y Phillips 66 compraron cargamentos de petróleo venezolano, como parte del acuerdo de Estados Unidos con Venezuela para exportar hasta 50 millones de barriles. Estas empresas autorizadas adquirieron el crudo en el Golfo de México a través de la casa comercializadora Vitol, autorizada por el gobierno estadounidense para comercializar petróleo venezolano. Estas operaciones son las primeras realizadas luego de las autorizaciones establecidas durante enero de 2026.

Por su parte, Europa se dispone a recibir algunos de sus primeros envíos de petróleo venezolano en casi un año, luego de que operadores comerciales presentaran ofertas a nivel mundial para la venta de cargamentos del hidrocarburo. Según informó la agencia Bloomberg,  el buque petrolero Poliegos, con bandera de las Islas Marshall, se dirige a recoger un millón de barriles de petróleo venezolano con destino a Italia. Así mismo, otro buque denominado Folegandros también tiene previsto zarpar de Venezuela hacia el Mediterráneo en los próximos días. En estos casos la casa comercializadora Vitol Group figura también como el propietario del cargamento.

En relación a los ingresos generados por estas operaciones —las cuales ascienden a 500 millones de dólares según declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos Chris Wright— la presidenta encargada de Venezuela informó el martes 20 de enero que ya han ingresado al Banco Central unos 300 millones de dólares, los cuales serán destinados a fortalecer el salario de los trabajadores protegiendo su poder adquisitivo de la inflación y el impacto negativo de los vaivenes del mercado cambiario.