ARGENTINA

ELECCIONES | Recta final hacía una elección legislativa bisagra

Este 26 de octubre se eligen diputados y senadores nacionales para renovar el Congreso a partir de que los legisladores electos asuman el 10 de diciembre. No solo se votará para renovar 127 bancas de diputados (la mitad de la Cámara Baja) y 24 de senadores (un tercio del Senado), sino que además se definirá una nueva correlación de fuerzas.

Cada fuerza pone bancas en juego. La Libertad Avanza llega a estos comicios con apenas ocho de sus 39 bancas de diputados en juego y ninguna en el Senado, por lo que tiene poco para perder y mucho por ganar, lo saben de uno y otro lado de la grieta. El PRO de Mauricio Macri renueva 21 de sus 35 bancas en Diputados y dos de sus siete en el Senado. A partir del acuerdo cerrado con el partido libertario, los escaños que logre retener se sumarán al bloque oficialista y así intentará darle mayor contrapeso frente a la oposición.

El peronismo llega como la fuerza política con más bancas en riesgo, las que corresponden al muy buen resultado que obtuvo en 2019 para el Senado y a la buena elección que hizo en 2021 para la Cámara Baja. El 26 de octubre pone en disputa 46 de sus 98 escaños de la Cámara de Diputados y 15 de las 30 que tiene en el Senado.

El oficialismo se juega una partida importante en medio de un vendaval económico y social. El dólar continúa aumentando a pesar de la fuerte intervención del Tesoro norteamericano que viene desembolsando más de mil millones de dólares en el mercado cambiario. La inflación, caballo de batalla discursivo del gobierno, aumentó lentamente en los últimos cuatro meses. Cae la industria, cae el consumo interno, aumentan los despidos, y la imagen positiva del presidente Javier Milei se ve seriamente afectada envuelta en escándalos de corrupción y muestras de falta de contacto con las demandas inmediatas de la sociedad. La continuidad del plan económico basado en el dólar barato y “fiesta financiera” se plebiscita este domingo junto a gran parte del equipo presidencial, con ministros que renuncian y otros que amenazan con hacerlo.

Por su parte, el peronismo viene con la potencia del triunfo electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria venció con una diferencia de 14 puntos a la lista impulsada por Javier Milei. Cuenta con un punto débil ya que se presentan con el sello Fuerza Patria solo en 12 de los 24 distritos electorales, en el resto se presenta con alianzas locales y nombres particulares (Unidos Podemos en Chubut, Fuerza Entre Ríos en Entre Ríos, Frente de la Victoria en Formosa, por poner algunos ejemplos).

La fuerza de ultraderecha, que va en alianza con el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical en la mayoría de las provincias, ve como positivo sacar alrededor del 35% de los votos a nivel nacional. Por su parte el peronismo espera dar el batacazo en algunas provincias importantes como Buenos Aires, Río Negro y Santa Fe, y cosechar buenos resultados en la Ciudad de Buenos Aires (territorio históricamente antiperonista), y observar que la sumatoria de votos de todos sus sellos muestren un respaldo nacional que empate o supere la cantidad al oficialismo. Por su parte, Provincias Unidas, una fuerza compuesta por gobernadores centristas, se impulsa en 14 distritos y apela a mostrarse como espacio de recambio moderado ante un posible derrumbe del gobierno. Las encuestas hablan de una elección muy reñida, pero siempre hay lugar para sorpresas y han sido muy inexactas las últimas elecciones.

BOLIVIA

ELECCIONES | Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia

El cómputo nacional confirmó la victoria de Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el 54,96% de los votos. Paz celebró el resultado, afirmando que «ganó la democracia en Bolivia» e instó a respetar el voto. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó cualquier posibilidad de manejo fraudulento en el balotaje, una posición respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó el proceso electoral de «ejemplar» y «sin irregularidades».

El candidato liberal, Jorge Quiroga, reconoció la victoria de Paz y le ofreció su apoyo parlamentario para la gobernabilidad sin pedir “nada a cambio”, un gesto que el presidente electo celebró. Quiroga incluso apoyó al PDC para las presidencias de senadores y diputados, lo que sugiere una mayoría clara de votos para la gobernabilidad de Paz, aunque con el apoyo de la bancada del expresidente.

Con el resultado electoral confirmado, el presidente electo empezó a delinear su agenda de gobierno y su visión de política exterior. Paz anunció la restauración de las relaciones con Estados Unidos y la intención de establecer cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otros organismos en la lucha antidroga. Además, excluyó explícitamente a los presidentes Maduro (Venezuela), Ortega (Nicaragua) y Díaz-Canel (Cuba) de su ceremonia de posesión, señalando un giro en la política exterior boliviana. En sus palabras, el presidente declaró que espera que “Bolivia vuelva al mundo, y el mundo a Bolivia”. Paz también anunció un Encuentro Nacional para la Reforma de la Justicia a realizarse el 9 y 10 de noviembre.

En respuesta a estas primeras definiciones, la Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en emergencia y anunció la preparación de una marcha contra el nuevo gobierno, advirtiendo que no permitirán la privatización de la educación ni la salud. Por su parte, el expresidente Evo Morales hizo una propuesta política al presidente electo, sugiriendo la realización de un referéndum sobre los vínculos con Estados Unidos y la entrega de recursos naturales.

No obstante, la derrota electoral profundizó la división en la izquierda boliviana. El ex presidente Evo Morales atribuyó el triunfo de Paz a un «voto forzado» de sectores rurales y populares, ya que Paz ganó en los recintos electorales considerados otrora bastiones del Movimiento al Socialismo (MAS). Por su parte, el senador campesino Andrónico Rodríguez criticó duramente a Morales, diciendo que con sus acciones «destruyó todo» y «no logró ni un solo objetivo» político. La continuidad de la división de esta fuerza política genera dudas sobre la efectividad de las posibles medidas de resistencia popular al nuevo gobierno.

BRASIL

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES – BIENES COMUNES | Brasil negocia con China y la Unión Europea la creación de un mercado internacional de carbono

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, confirmó que Brasil mantiene negociaciones avanzadas con China y la Unión Europea para establecer un mercado internacional de créditos de carbono, lo que situaría al país como un actor central en la economía verde global. El anuncio fue hecho durante el Foro Brasil Sostenible, en São Paulo.

Según Haddad, el objetivo es que el acuerdo permita intercambios regulados y transparentes de bonos de carbono, con base en los compromisos del Acuerdo de París y en la futura legislación nacional que regule la descarbonización de la economía. “Estamos muy cerca de alcanzar un entendimiento que podría transformar la posición de Brasil en la transición energética global”, afirmó el ministro.

Las conversaciones incluyen la definición de mecanismos de verificación, certificación y compensación de emisiones entre sectores industriales, agrícolas y forestales, en consonancia con los estándares europeos y asiáticos. China ha mostrado interés en intercambiar créditos provenientes de energías limpias y manejo forestal, mientras que la Unión Europea busca un sistema compatible con su Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM).

Haddad sostuvo que Brasil pretende posicionarse como un proveedor global de soluciones climáticas, aprovechando su matriz energética limpia —casi 90 % de origen renovable— y su liderazgo en bioeconomía y agricultura de baja emisión. Además, indicó que los ingresos derivados del comercio de créditos serán reinvertidos en comunidades amazónicas y proyectos de transición justa, fortaleciendo la dimensión social del acuerdo.

La reciente incorporación de Cristina Reis a la nueva Secretaría Extraordinaria de Mercado de Carbono en el Ministerio de Hacienda deja entrever la posibilidad de realizar la presentación de esta propuesta de forma oficial durante la COP30, que se celebrará en Belém en 2026, como parte de la estrategia nacional de neutralidad de carbono hasta 2050. El país también busca vincular este mecanismo al Mercado Voluntario de Carbono Amazónico (MVC), en desarrollo junto al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y organismos multilaterales.

De concretarse, el sistema se convertiría en uno de los mayores mercados de carbono del mundo, y consolidaría la diplomacia climática de Lula da Silva como un puente entre el Norte global y el Sur global en materia ambiental.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Nueva composición del STF introduce incertidumbre sobre la inhabilitación de Bolsonaro

La reciente publicación de la sentencia que condena al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político y uso indebido de los medios públicos durante la campaña de 2022 marca un nuevo capítulo en la crisis institucional brasileña. La defensa del exmandatario dispone de cinco días para apelar el fallo ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que ahora atraviesa una reconfiguración significativa tras la salida del ministro Luiz Fux y la llegada de su reemplazo, con perfil más garantista.

Según Brasil de Fato, el reemplazo de Fux modifica el equilibrio interno de la Segunda Turma del STF —responsable de revisar casos penales y electorales—, generando dudas sobre el futuro de la inhabilitación política de Bolsonaro. El nuevo magistrado, alineado con una visión más garantista de los derechos procesales, podría inclinar el voto en causas clave, especialmente aquellas que aún no cuentan con unanimidad dentro del Tribunal.

Esta situación abre un margen de incertidumbre política. Aunque el Tribunal Superior Electoral (TSE) ya había determinado la inelegibilidad de Bolsonaro hasta 2030, el STF puede revisar aspectos procesales y constitucionales de la sentencia, lo que podría modificar el alcance de las sanciones. La defensa del expresidente insiste en que el proceso estuvo viciado por motivaciones políticas y apunta a reabrir la discusión sobre la imparcialidad del TSE.

Mientras tanto, juristas consultados por Brasil de Fato señalan que la “nueva composición más garantista” del STF podría dar lugar a revisiones de otros procesos de alto perfil, incluyendo causas derivadas del 8 de enero de 2023 y de las investigaciones sobre desinformación digital. En este contexto, la política brasileña vuelve a depender del delicado equilibrio entre las decisiones judiciales y las dinámicas electorales, con Bolsonaro intentando mantener su influencia a pesar de la condena que lo aparta formalmente del juego electoral.

CHILE

ELECCIONES | Fuerte baja de Jara y Kast a días del debate presidencial abierto

La carrera presidencial chilena ha entrado en una fase decisiva a poco más de un mes de la primera vuelta prevista para el 16 de noviembre. En esta etapa, los ocho candidatos están desplegando sus propuestas en televisión abierta.

La más reciente encuesta Latam Pulse revela una fuerte caída en la intención de voto de los principales candidatos, Jeannette Jara y José Antonio Kast, lo que indica un panorama político dinámico y cambiante. La baja en la intención de voto de estas figuras refleja la volatilidad del electorado chileno.

Este domingo 26 de octubre será el debate presidencial que reunirá a los ocho candidatos en televisión. El diálogo reunirá las ideas de los aspirantes a La Moneda: Franco Parisi, Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El gobierno impulsa una Asamblea Constituyente con apoyo ciudadano en medio de tensiones políticas y jurídicas

El gobierno de Gustavo Petro presentó el borrador del proyecto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que busca, según el propio presidente, “profundizar la democracia” y abrir un espacio de participación popular que permita reformar estructuras del Estado que considera bloqueadas por los poderes tradicionales. El texto, elaborado por el ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre y entregado al Congreso, propone una asamblea integrada por 71 delegatarios y una convocatoria mediante iniciativa popular, respaldada por la recolección de firmas ciudadanas. La Casa de Nariño ha insistido en que el objetivo no es reemplazar la Constitución de 1991 sino ajustarla a los “cambios sociales y económicos pendientes”, fortaleciendo derechos sociales, la justicia ambiental y el papel de las comunidades en la toma de decisiones.

El Ejecutivo busca movilizar respaldo mediante marchas y actos culturales, entre ellos un gran evento en la Plaza de Bolívar, donde se combinaron manifestaciones y conciertos con la recolección de firmas y un mensaje del presidente. El borrador contempla la creación de un comité pro constituyente conformado por organizaciones sociales y comunitarias, encargado de coordinar la logística y la validación del proceso. Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas en distintos sectores políticos y jurídicos. Voces de la oposición y del Congreso han advertido que la iniciativa podría constituir un intento de reformar la Constitución sin seguir los mecanismos previstos, e incluso se ha señalado que abriría un camino de confrontación institucional.

Juristas y analistas destacan que el trámite enfrentaría obstáculos significativos: para concretarse, la Constituyente requeriría alrededor de 13 millones de votos o apoyos ciudadanos, cifra que muchos consideran difícil de alcanzar en el último año de mandato. Además, el debate jurídico sigue abierto respecto a si el Ejecutivo puede promover directamente un proceso constituyente o si debe limitarse a impulsar una reforma vía Congreso. Mientras tanto, Petro ha reafirmado que la convocatoria se basa en el principio de soberanía popular y que será la ciudadanía, no el gobierno, quien decida si el país necesita una nueva Asamblea. El desenlace dependerá tanto del éxito de la movilización social como de la respuesta institucional frente a una de las iniciativas políticas más ambiciosas de su administración.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El Consejo de Estado frena por ahora la implementación vía decreto de la reforma a la salud

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto 0858, que buscaba implementar la reforma a la salud, con el argumento central de que el gobierno excedió la potestad reglamentaria al regular aspectos estructurales que, según el tribunal, corresponden al Congreso y por tanto vulneran el principio de reserva de ley. La medida detiene temporalmente la puesta en marcha del modelo de atención definido por el Ejecutivo como “preventivo, predictivo y resolutivo”. La norma que quedó momentáneamente frenada buscaba, entre otros puntos, dar mayores funciones y recursos a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), incluyendo la creación de un Fondo Único de Salud, promover la territorialización del sistema mediante Redes Integrales e Integradas Territoriales y consolidar a los Centros de Atención Primaria (CAPS) como eje del modelo.

El Consejo sostuvo que estas transformaciones implican cambios estructurales que no pueden ejecutarse por decreto. La acción fue impulsada por una demanda política y jurídica que elogió el fallo (entre quienes celebraron estuvo el representante Andrés Forero), mientras que desde el gobierno la decisión fue rechazada con dureza: el presidente Gustavo Petro y sus ministros defendieron el decreto como la vía para implementar un modelo preventivo y acusaron a sectores privados y opositores de obstruir cambios en beneficio de intereses económicos. El ecosistema sanitario reaccionó de manera dividida: organizaciones y gremios del sector expresaron tanto respaldo a la cautela judicial, por la necesidad de proteger la legalidad y la seguridad jurídica, como preocupación por el retraso en medidas que mejorarían la atención primaria y la equidad territorial. Actores políticos coincidieron en que la decisión abre una nueva etapa de debate parlamentario y judicial sobre el alcance de la reforma, su legitimidad y la ruta institucional para implementarla.

RELACIONES EXTERIORES | La asistencia de Estados Unidos a Colombia cae a su nivel más bajo en más de dos décadas

La ayuda económica que Estados Unidos destina a Colombia registró en 2025 su cifra más baja desde 2001, marcando un punto de inflexión en la relación bilateral. De acuerdo con los datos oficiales del Departamento de Estado, los recursos entregados sumaron cerca de 232 millones de dólares, lo que representa una reducción de casi 68 % frente al año anterior. El recorte no solo evidencia un ajuste presupuestal, sino también un posible cambio en las prioridades estratégicas de Washington respecto a su histórico aliado en la región.

El descenso afecta distintos frentes. La asistencia tradicionalmente se dirigía a programas de gobernanza, derechos humanos, control de narcóticos, seguridad, ayuda humanitaria y protección ambiental. Para 2025, los montos asignados incluyen poco más de 100 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, 67 millones para iniciativas de seguridad y alrededor de 38 millones en financiamiento militar extranjero. Estos rubros, aunque continúan presentes, muestran una tendencia descendente que podría comprometer la sostenibilidad de varios programas locales apoyados por la cooperación estadounidense.

La proyección para 2026 refuerza esa tendencia: el presupuesto propuesto reduce aún más la asistencia, situándose en torno a los 209 millones de dólares. De confirmarse, sería el nivel más bajo en casi un cuarto de siglo. Este ajuste ocurre en un contexto político marcado por tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos y por declaraciones cruzadas que han deteriorado el tono de la relación. Las consecuencias para Colombia podrían sentirse en varios niveles, menores fondos externos implican menos margen para programas de sustitución de cultivos ilícitos, control territorial, fortalecimiento institucional y desarrollo rural, así como una posible reducción en la cooperación ambiental. También se advierte un efecto económico indirecto sobre sectores productivos que dependen del mercado estadounidense y de proyectos vinculados a la cooperación técnica.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO y AGENDA POLÍTICA – SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Culmina el paro nacional y comienzan las campañas por la Consulta Popular del gobierno

El pasado 23 de octubre la Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) dio por terminado el paro nacional indefinido después de 31 días de movilizaciones, bloqueos y confrontación. Este cese se produjo sin un diálogo formal ni concesiones por parte del gobierno, un evento calificado como inédito en la historia del movimiento indígena. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, explicó los motivos de la decisión: el movimiento indígena optó por retirarse de las calles para evitar más víctimas y violencia en el contexto del estado de excepción y la militarización. En cuanto al balance general del paro, se registraron tres muertos, un número indeterminado de manifestantes y militares heridos, y múltiples detenidos.

No obstante, la decisión de la CONAIE de poner fin al paro no fue unánime dentro de todo el movimiento indígena. La Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi  (UNORCAC), una agrupación indígena de Cotacachi afiliada a la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (FENOCIN), se resistió a culminar la protesta, lo que sugiere la existencia de fracturas internas y de otros sectores que movilizaron el descontento en las bases.

Las protestas se enmarcan en una situación social más amplia, atravesada por la violencia extrema y la pobreza. Un informe del Global Hunger Index 2025 reveló que Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica, lo que subraya las profundas carencias sociales y la inseguridad alimentaria que motivaron, en parte, el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Buena parte de las organizaciones sociales e indígenas se resistían a culminar con el paro sin tener respuestas integrales a este tipo de problemáticas.

La estrategia de la CONAIE, tras el repliegue en las calles, se centrará en la campaña por el «No» en la próxima Consulta Popular promovida por el gobierno de Daniel Noboa. Marlon Vargas aseguró que la organización se dedicará a la preparación de esta campaña, trasladando así el peso de su protesta del ámbito de la movilización directa al ámbito político-electoral.

La consulta incluye cuatro preguntas clave que buscan cambiar la estructura institucional del país. Noboa impulsa el fin del financiamiento estatal a los partidos políticos, la reinstalación de bases militares en el territorio nacional, la reducción del número de asambleístas, y la instalación de una Asamblea Constituyente que escriba un nuevo texto fundamental para el país.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El presidente José Jeri logra el respaldo del Congreso y declara estado de emergencia

Luego de que el Congreso rechazara la moción de censura contra José Jeri y su gabinete, el presidente declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Jeri justificó la medida sosteniendo que «las guerras se ganan con acciones, no con palabras», subrayando la intención del Ejecutivo de actuar con mano dura frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país. La medida que se estableció por 30 días, autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar contra los manifestantes.

El gobierno no descartó la posibilidad de declarar un toque de queda, lo que generó preocupación sobre la escalada de las restricciones ciudadanas. Analistas políticos advirtieron que la medida podría ser ineficiente contra la inseguridad y, peor aún, permitiría mayores abusos y detenciones en las protestas. Esto se produce en un contexto donde la Policía Nacional del Perú (PNP) registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana, con solo el 14% de la población que apoya a la institución.

A pesar de la mano dura del gobierno y el respaldo congresal, el descontento social sigue amenazando la estabilidad del gobierno. En ese marco, el primer ministro Ernesto Álvarez se vio obligado a ofrecer disculpas a la “Generación Z” tras haber calificado sus marchas como subversivas, en un intento por desescalar el conflicto con los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes volvieron a convocar una nueva marcha para ayer 25 de octubre en respuesta al asesinato del manifestante Eduardo Ruiz, manteniendo viva la presión social contra el Ejecutivo.

URUGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Bustillo y la crisis administrativa en la Cancillería

La reapertura del sumario administrativo contra el excanciller Francisco Bustillo vuelve a situar en el centro de la escena el llamado caso Marset, uno de los episodios más complejos de la política exterior uruguaya reciente. El expediente se origina en las presuntas irregularidades que rodearon la tramitación del pasaporte otorgado en 2021 al narcotraficante Sebastián Marset, actualmente prófugo, y en la posterior destrucción o sustracción de documentos que registraron comunicaciones internas entre funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bustillo, quien renunció en 2023 tras difundirse audios que comprometían su actuación en la gestión del caso, impugnó ahora la resolución que dispone su sumario. Argumenta que, habiendo cesado a pedido del presidente Luis Lacalle Pou, no puede ser nuevamente sancionado por los mismos hechos, invocando el principio non bis in idem. Además, denuncia falta de motivación, violaciones al debido proceso y difusión mediática previa a la notificación formal del acto administrativo.

El trasfondo del conflicto involucra la cadena jerárquica de decisiones que habría permitido el traslado de un sobre con pruebas desde la Cancillería a la Torre Ejecutiva, según declaraciones del funcionario Carlos Mata, y su eventual entrega al asesor presidencial Roberto Lafluf. Bustillo niega haber impartido esa orden, señalando que se encontraba fuera del país, y sostiene que el procedimiento contiene defectos de forma y fondo.

A esa disputa institucional se añadió la reaparición pública del propio prófugo en un video amenazante, que reaviva la polémica del pasaporte y las repercusiones judiciales y diplomáticas que aún persisten.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES – DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Continúan las operaciones estadounidenses en el Mar Caribe mientras Venezuela prepara su defensa militar con ayuda sino-rusa

Estados Unidos continúa con sus ataques a embarcaciones en la región del Caribe. En este caso el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el 24 de octubre, a través de la red social X, un ataque nocturno a una supuesta embarcación perteneciente al narcotráfico en donde según sus declaraciones fueron abatidos seis narcoterroristas. El secretario indicó que las fuentes de inteligencia informaban que esta lancha estaba contrabandeando por una ruta conocida del narcotráfico, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a dar la orden de ataque.

Más allá de las declaraciones no existe ningún tipo de información sobre la identidad de los ejecutados ni la prueba de ningún tipo de vinculación con el narcotráfico, así como tampoco se conoce el tipo de protocolo usado por la administración estadounidense para determinar las acusaciones, así como tampoco el puerto de origen o destino de esas embarcaciones.

Estos 9 ataques perpetrados por Estados Unidos en dos meses de operaciones han dejado 37 muertos según información del Ejército de ese país incrementando día a día las tensiones por un posible ataque en territorio venezolano, algo que Estados Unidos declara como posible. En este marco  Trump salió a desmentir la información dada por el medio The Wall Street Journal que indicaba el envío de bombardeos B-1 cerca del territorio venezolano.

Por parte del gobierno venezolano continúan los preparativos ante un eventual ataque por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. El presidente Maduro agradeció la ayuda de Rusia y China, entre otros países, en la entrega de armamento pesado como los más de cinco mil misiles antiaéreos portátiles IGLA-S de producción rusa. Este armamento permite consolidar posiciones defensivas en puntos claves y garantizar la paz al disuadir la posibilidad de confrontaciones abiertas en territorio venezolano.

RELACIONES EXTERIORES | Venezuela rechaza condiciones del acuerdo gasífero entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago en aguas venezolanas

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó el jueves 23 de octubre en la reunión ministerial perteneciente al Foro de Países Exportadores de Gas. Rodríguez destacó el papel de esta organización en donde radica el 60 % de las reservas mundiales probadas de gas y representan además el 49% de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y el 45% de las exportaciones que se realizan por gasoducto.

En este encuentro la vicepresidenta ejecutiva denunció que Estados Unidos pretende sabotear, así como hizo con Petrocaribe, los acuerdos gasíferos que tiene Venezuela con los países del Caribe al intentar convencerlos de que pueden robarle el gas a Venezuela y regalárselos.

Estas declaraciones se suman a las realizadas por Rodríguez en el Expo foro Empresarial Venezuela Productiva 2030 y hacen alusión al gobierno de Trinidad y Tobago quien recientemente ha logrado la concesión de una licencia, aprobada por Estados Unidos a su gobierno y a la empresa Shell para negociar un proyecto en conjunto en la frontera marítima con Venezuela.

Esta licencia emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos luego de reuniones entre el Secretario de Estado, Marco Rubio, y la primera ministra de Trinidad y Tobago Bissessar, permite a las empresas trinitenses negociar proyectos de gas hasta abril de 2026 con la condición de incluir empresas estadounidenses y que en estos acuerdos no se contemplen pagos monetarios al gobierno venezolano.

Esto es rechazado por Venezuela, quien dejó en claro que cualquier acuerdo para la extracción de recursos naturales debe ser pagado al gobierno venezolano como en cualquier transacción comercial. Por último, la Vicepresidenta advirtió las dificultades que tendría para la economía y la producción de Trinidad y Tobago si Venezuela deja de venderle gas a ese país caribeño.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Venezuela lidera crecimiento regional del PBI según la CEPAL 

Venezuela será el país que tendrá el mayor crecimiento de su PIB en este 2025. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien actualizó sus pronósticos del PBI regional aumentando al 2,4%, Venezuela tendrá un crecimiento del 6% seguido por Paraguay con 4,5%. Estos datos están alineados con los ofrecidos por el Banco Central de Venezuela (BCV) quién reportó un crecimiento del 8,71% del tercer trimestre en comparación con 2024, destacándose el alto crecimiento de la actividad petrolera en 16,12% y no petrolera en un 6,12%.