ARGENTINA

RELACIONES EXTERIORES – ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Un salvataje norteamericano ante el hundimiento del plan económico mileísta

Fue una semana vertiginosa en Argentina. El lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la quita de retenciones a las exportaciones de granos, medida que garantizó una liquidación de 7 mil millones de dólares, resignando recaudación fiscal y beneficiando a un reducido grupo de cinco cerealeras. La medida, anunciada como una quita de impuestos liberal, duró muy poco. Ni bien el gobierno aseguró la entrada de “dólares genuinos” al mercado, reinstauró el impuesto el miércoles pasado provocando un profundo malestar entre los productores agropecuarios. La medida, muchos más electoralista que ideológica, fue dada de baja ni bien se logró el ingreso de dólares, pero también por pedido casi explícito y público del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que manifestó en un tuit estar trabajando para “poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”.

¿Por qué el secretario del Tesoro norteamericano intervino tan categóricamente en la política económica argentina? Porque los productores agropecuarios estadounidenses pusieron el grito en el cielo por la tremenda liquidación de granos de Argentina, una economía competidora en el rubro. Y además porque el gobierno de Javier Milei se encuentra a merced de la gestión trumpista que prometió estar negociando un SWAP de 20 mil millones de dólares para “hacer lo que sea necesario” para ayudar al presidente. El apoyo de Bessent fue una bajada de línea directa de Donald Trump, que el pasado martes se juntó con su sumiso amigo y le entregó un copia de la publicación realizada en sus redes sociales donde manifestó su rotundo apoyo a Milei.

La oposición argentina cuestionó duramente el accionar de Milei, ya que consideran que se abre un nuevo ciclo de endeudamiento, que no se conocen las condiciones del acuerdo y que el apoyo de Trump es una acción injerencista que daña la soberanía nacional.

Si bien, tanto la quita de retenciones como el principio de acuerdo con el Tesoro norteamericano generaron un euforia en los mercado con caída estrepitosa del Riesgo País y el precio del dólar, el tiempo de euforia parece haber menguado hacia el fin de la semana. Los motivos: el descontento por la recuperación de las retenciones, las incertidumbres sobre el acuerdo con Estados Unidos, la reposición del cepo cambiario y la especulación constante de que, después de las elecciones de octubre, el gobierno corregirá su modelo con una significativa devaluación.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Tuto Quiroga toma delantera según la primera encuesta de cara al balotaje

La primera encuesta del balotaje posiciona a Jorge «Tuto» Quiroga (de Libre) como el favorito a ganar la presidencia con el 47% de la preferencia electoral, sobre el 39,3% cosechado por Rodrigo Paz a menos de un mes de la votación. Entre sus promesas de campaña, Quiroga ha anunciado que, de ganar, propondrá criminalizar los bloqueos de carreteras e incluirlos en el Código Penal.

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, reiteró sus acusaciones de un posible fraude electoral. Pese a un pedido del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de mesura, Lara ha insistido en que la única forma de que Quiroga gane la elección sería vulnerando la voluntad popular, reiterando la amenaza de «salir a defender el voto«.

Frente a esta situación, llamó la atención la difusión de un mensaje por parte de un grupo de encapuchados en el que rechazaron las declaraciones de Lara, acusando al político de “sembrar miedo, desconfianza y caos en la democracia boliviana”. Adicionalmente, el grupo destacó que millones de ciudadanos rechazaron al socialismo y no quieren volver al pasado de “corrupción, abuso y manipulación”. Con un tono desafiante, el grupo aseguró que responderá con firmeza ante cualquier intento de desconocer la voluntad popular.

En una estrategia completamente diferenciada, Rodrigo Paz, candidato a la presidencia por el PDC, viajó a Estados Unidos para presentar su plan de gobierno ante el Departamento de Estado, el Banco Mundial, el BID y el FMI. Según dijo, los encuentros permitieron garantizar el suministro de combustibles en caso de victoria electoral en el balotaje del 19 de octubre. Además, abrir líneas de crédito para proyectos estratégicos y establecer vínculos con actores clave de la política y la economía norteamericana.

Un elemento clave en el desarrollo de la campaña es el rol que cumplirá el Movimiento al Socialismo (MAS). Quiroga insiste en que el PDC tiene vínculos con Evo Morales para deslegitimar a sus rivales ante el electorado anti-evista. Esta estrategia se da en el contexto en el que se asume que el «evismo» se ha inclinado por el PDC, especulando sobre la existencia de acuerdos “bajo la mesa”.

No obstante, el quiebre del MAS ha sido reconocido públicamente por el expresidente Arce, quien responsabilizó a Morales de ser el causante de la “destrucción de la izquierda en Bolivia”. En este escenario de realineamiento, las organizaciones del MAS se han visto obligadas a reorganizar sus filas de cara a la segunda vuelta, tornando compleja una lectura sobre posibles alineamientos en favor de uno u otro candidato.

BRASIL

RELACIONES EXTERIORES | Lula en la ONU: defensa del Poder Judicial y llamado a priorizar la lucha contra el hambre

En su discurso ante la 80ª Asamblea General de la ONU, el discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva articuló la defensa de la democracia brasileña frente a presiones externas con un llamado global a reordenar las prioridades internacionales hacia la lucha contra el hambre y la pobreza.

En la primera parte de su intervención, Lula reaccionó a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra autoridades judiciales brasileñas y familiares del ministro Alexandre de Moraes, tras la condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y otros delitos. El mandatario calificó estas medidas como “arbitrarias e injerencistas”, sostuvo que no existe justificación para atacar la independencia del Poder Judicial y remarcó que Bolsonaro tuvo pleno derecho a la defensa. Según Lula, el fallo envió un mensaje a quienes intentan socavar la democracia.

En el mismo discurso, el presidente brasileño se enfocó en la agenda internacional. Señaló que la única guerra capaz de generar vencedores en todos los lados es la que se libra contra el hambre y la pobreza, cuestionó los altos gastos militares y las intervenciones unilaterales, y pidió destinar más recursos al desarrollo. Propuso aliviar la deuda externa de los países pobres, en especial africanos, establecer mecanismos de tributación global justa y fortalecer la cooperación multilateral.

Otro eje central de su intervención fue la regulación de las plataformas digitales. Lula afirmó que la red no puede seguir siendo una “tierra sin ley”, y que regular no implica restringir la libertad de expresión, sino extender al ámbito digital lo que ya es ilegal en el mundo real. Destacó la reciente aprobación en el Congreso brasileño de una de las leyes más avanzadas en protección digital de la infancia, además de iniciativas oficiales para promover competencia en los mercados tecnológicos, instalación de centros de datos sostenibles y la creación de una gobernanza multilateral en inteligencia artificial.

Lula celebró que Brasil haya salido nuevamente del Mapa del Hambre de la ONU, aunque advirtió que seiscientos setenta millones de personas siguen padeciendo hambre y más de dos mil trescientos millones enfrentan inseguridad alimentaria. Destacó, además, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, impulsada por su gobierno y ya respaldada por más de cien países.

El discurso también incluyó un llamado a regular las plataformas digitales, no como censura, sino como una forma de proteger especialmente a los más jóvenes y de garantizar que lo ilegal en el mundo real también lo sea en el virtual. Finalmente, Lula subrayó que la democracia sólo es plena si garantiza inclusión social, igualdad de género y condiciones dignas de vida.

RELACIONES EXTERIORES | COP30 en noviembre, Brasil a contratiempo

La ciudad brasileña de Belém se prepara para realizar la COP30 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) del 10 al 21 de noviembre de 2025. Las autoridades federales y estatales informan que existen aproximadamente 53 mil camas disponibles en la ciudad, cifra que supera las estimaciones de asistencia, estimada en unos 50 mil participantes.

Sin embargo, Belém enfrenta desafíos logísticos significativos. Hay preocupación por los precios elevados de alojamiento, los cuales podrían dificultar la participación de delegados de países más pobres, organizaciones no gubernamentales y grupos juveniles. También hay retrasos en obras de infraestructura, como en el aeropuerto internacional que está en proceso de ampliación, y otras mejoras urbanas.

La cumbre se da en un contexto en el que Belém se transforma aceleradamente, con importantes inversiones públicas y privadas en obras urbanas e infraestructura para prepararse para el evento. El desarrollo de estos proyectos determinará en gran medida la capacidad de la ciudad para albergar sin contratiempos uno de los encuentros climáticos más importantes del año, tanto por su magnitud como por las expectativas internacionales sobre compromiso climático y justicia ambiental.

CHILE

RELACIONES EXTERIORES | Boric impulsa a Bachelet como secretaria general de la ONU

Chile nominará a la ex presidenta Michelle Bachelet como candidata a secretaria General de la ONU, convirtiéndose en la primera mujer que podría dirigir el organismo en sus 80 años de historia, anunció el presidente Gabriel Boric durante la Asamblea General de Naciones Unidas; Bachelet, pediatra y dos veces mandataria chilena, cuenta con una extensa trayectoria internacional, habiendo sido directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los Derechos Humanos, y su candidatura es vista como una oportunidad histórica para el país, aunque genera debate político por el costo que implicaría para el próximo gobierno chileno llevar adelante su campaña.

El anuncio generó críticas de la oposición chilena, que lo calificó de inoportuno y como un «gustito» personal, argumentando que la decisión corresponde al próximo gobierno y no al actual; mientras sectores de derecha cuestionaron la anticipación y pidieron a Bachelet pronunciarse sobre temas delicados como la migración ilegal y el crimen, representantes de partidos aliados a gobierno defendieron la candidatura, resaltando la trayectoria internacional de Bachelet y la importancia de que Chile tenga una figura de peso en el organismo multilateral.

COLOMBIA

RELACIONES EXTERIORES | Petro y su último discurso en la ONU, entre la defensa de su gestión y el llamado a la transformación global

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó su última intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso que abordó temas como la migración, el conflicto en Gaza, el cambio climático, la transición energética y la soberanía de los pueblos. En este contexto, volvió a criticar duramente la política de los Estados Unidos, especialmente la administración de Donald Trump. Petro calificó a Trump de cómplice de genocidio y cuestionó la salud mental y las motivaciones del mandatario estadounidense. Asimismo, pidió que se abra un proceso penal contra Trump por la orden de atacar supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe, donde murieron jóvenes pobres, a quienes Petro defendió como víctimas y no narcotraficantes: «Donald Trump debería estar en prisión por sus crímenes en el Caribe», al referirse al ataque a lanchas, un episodio que calificó como genocidio.

En materia de lucha contra las drogas, Petro defendió los logros de su gobierno, señalando que se logró la mayor cantidad de cocaína incautada en la historia reciente, «En mi gobierno se incautó más cocaína que nunca antes, pero no con fondos de Estados Unidos que terminan en armamento y guerra», y afirmó que se detuvo el crecimiento acelerado de los cultivos ilícitos, aunque en medios locales se refutan estos datos y muestran un aumento en el área cultivada, pero no se niega una baja tasa de crecimiento anual comparada con administraciones anteriores. También resaltó la baja tasa de desempleo y pobreza, catalogando estos indicadores como los mejores en décadas, datos que también confrontan en Colombia remarcando que la informalidad laboral sigue siendo un reto importante.

El discurso fue recibido de manera polarizada en Colombia y el mundo. Mientras sectores de progresistas y aliados gubernamentales elogiaron la contundencia y el compromiso con la justicia global, destacando su postura firme frente a la crisis climática y el genocidio en Gaza, la oposición colombiana criticó tanto las formas como el contenido del mensaje, argumentando que Petro justificaba a narcotraficantes y ponía en riesgo la imagen internacional del país. La congresista María Fernanda Cabal y la precandidata presidencial Vicky Dávila fueron algunas de las voces críticas que condenaron los señalamientos contra Trump y vincularon la defensa con el grupo armado Tren de Aragua.

Otro momento relevante de la delegación colombiana, liderada por la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio, se vivió cuando la misma abandonó la Asamblea General de la ONU durante el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en señal de protesta por la ofensiva militar israelí en Gaza. Este gesto generó amplia atención mediática y simbolizó la postura crítica de Colombia frente al conflicto.

Por su parte, Estados Unidos respondió a las críticas de Petro calificando su discurso como triste y evidenciando el distanciamiento entre ambos gobiernos. La delegación estadounidense abandonó la sala durante el discurso de Petro, mostrando un gesto de rechazo a las acusaciones realizadas. Gestos cruzados que dejaron el vínculo diplomático en su momento más crítico, estrategia que en algunos sectores se lee como previa a la campaña electoral y una posible polarización que se traslade a la oposición colombiana y una defensa de la soberanía nacional como estrategia por parte del petrismo en 2026.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Continúan las internas del petrismo y la reconfiguración política rumbo a las elecciones presidenciales de 2026

El Pacto Histórico enfrenta una situación compleja de cara a las elecciones presidenciales de 2026, marcada por tensiones internas y disputas sobre la consulta interna para definir su candidato presidencial. La coalición decidió bajarse de la consulta presidencial prevista para finales de año, iniciativa destinada a frenar tensiones entre sus doce precandidatos, decisión que se tomó a menos de 24 horas del cierre del plazo de inscripción, por lo que solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el aplazamiento de las consultas, argumentando dificultades organizativas y la necesidad de evitar divisiones internas que puedan debilitar su apuesta electoral. Sin embargo, esta solicitud ha generado un debate intenso tanto al interior del Pacto Histórico como en el ámbito político nacional, dado que el CNE debe decidir de manera urgente si acepta el retraso, lo que pone en juego la legitimidad y la unidad del movimiento.

Gustavo Bolívar, congresista y figura clave dentro del Pacto, ha propuesto recurrir a una encuesta interna como mecanismo alternativo para medir fuerzas y superar la crisis generada por la consulta. Además, ha manifestado públicamente su rechazo hacia la participación del alcalde Daniel Quintero en la próxima contienda, e incluso condiciona su apoyo político en caso de una victoria de Quintero, escenario que refleja una pugna significativa que podría afectar el desempeño electoral del Pacto Histórico.

Mientras tanto, sectores de la oposición como el Centro Democrático, Cambio Radical y fuerzas políticas cercanas al expresidente Álvaro Uribe están organizando una cumbre en Bogotá con miras a fortalecer su alianza y preparar la contienda electoral para hacerle frente al Pacto Histórico. La reconfiguración del mapa político se agudiza con la repercusión de voces del sector empresarial, que ante su temor de una posible “deriva autoritaria”, pidieron al exministro Juan Carlos Pinzón que se postule como candidato presidencial, enfatizando una necesidad de “timón firme” ante los desafíos que enfrenta el país.

Por otro lado, el mismo Gustavo Petro, está promoviendo la idea de nuevas consultas populares, especialmente en respuesta a la posible obstrucción del Congreso a reformas clave como la de salud. Un reflejo de la dinámica conflictiva entre el Ejecutivo y la legislatura en Colombia, pero en un contexto en que la incógnita de cómo su espacio político se encuentra a la altura de sus iniciativas y mantiene su capacidad electoral.

ECUADOR 

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | Ecuador se mantiene en paro indefinido y Noboa criminaliza la protesta

Las movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), se mantuvieron activas durante la semana. El paro nacional fue anunciado como indefinido, con protestas que incluyeron marchas de sindicatos y estudiantes en Quito, y el registro de manifestaciones con cierres viales en provincias como Imbabura, con epicentro en Ibarra. No obstante, analistas señalaron que el escenario de desarrollo fue distinto al de los paros de 2019 y 2022, sin alcanzar el mismo nivel de paralización.

Un factor que marcó la diferencia en estas jornadas fue la desunión reportada en las bases del movimiento indígena. Varias comunidades de la provincia de Pastaza y otras zonas de la Amazonía se distanciaron públicamente del llamado de la CONAIE al paro nacional, debilitando la unidad del movimiento. Adicionalmente, se evidenció una división entre las bases indígenas de ciudades de la Sierra Central como Ambato, Riobamba y Latacunga, lo cual fue atribuido a posibles presiones estatales y beneficios gubernamentales. Estos quiebres internos mermaron la capacidad de movilización, llevando a un escenario de protesta menos compacto que en ocasiones anteriores.

No obstante la respuesta del gobierno de Noboa escaló la confrontación al plano judicial, acusando a los líderes de las movilizaciones de terrorismo. El presidente denunció públicamente «actos de terrorismo disfrazados de protestas» e incluso vinculó a líderes indígenas con la banda criminal Tren de Aragua. La Fiscalía General del Estado procedió a judicializar la respuesta, imputando por terrorismo a individuos detenidos por el cierre de vías y ataques durante el paro nacional.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Ecuador irá a las urnas para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente

La propuesta de Daniel Noboa para convocar a una Asamblea Constituyente mediante elección popular tuvo obstáculos legales ante la Corte Constitucional (CC). Inicialmente, ante un decreto ilegal de convocatoria a una Constituyente, la CC admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad, llevando a la suspensión temporal de la medida. En respuesta, el gobierno de Noboa optó por derogar el decreto, firmando uno nuevo y convocando nuevamente a la consulta popular, en un intento de sortear las objeciones legales y mantener viva la iniciativa.

El nuevo decreto fue analizado por la CC, organismo que pidió ajustes, especialmente en cuanto a la forma de elección de los constituyentes. Una vez que el gobierno realizó los cambios solicitados, el Tribunal dio finalmente luz verde al referéndum, permitiendo que la iniciativa de reforma avance al plano electoral. Con dicha aprobación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) asumió la potestad para iniciar el proceso, fijando la fecha de las elecciones para el 16 de noviembre y el inicio de la inscripción de las fuerzas políticas para la campaña electoral.

El debate en torno a la Constituyente ha trascendido la legalidad para centrarse en la composición y representación del posible nuevo órgano. Diversas organizaciones políticas han centrado sus críticas precisamente en la fórmula de representación y en el número de escaños planteados por el Ejecutivo, cuestionando la representatividad y la autoridad que tendría la nueva Asamblea. Esto sugiere que la campaña electoral se desarrollará no solo sobre la necesidad de una nueva Constitución, sino también sobre la viabilidad y legitimidad del modelo propuesto por el gobierno.

Además de la pregunta sobre la instalación de la nueva Asamblea Constituyente, la ciudadanía tendrá que definir si el país admitirá nuevamente la instalación de bases militares extranjeras y abandonar la responsabilidad estatal de financiar a los partidos políticos. Las preguntas marcan el inicio de una nueva etapa de debate político, centrada en la posibilidad de cambiar los cimientos del poder público.

PERÚ

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO – SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | El gobierno de Boluarte entre la censura legislativa y las movilizaciones sociales

La situación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se agravó tras revelarse nueva evidencia en el escándalo de los «audios del diablo». Un segundo peritaje confirmó que la voz atribuida a Santiváñez en los audios le pertenece, e incluso se confirmaron más audios y chats del ministro en conversación con un alias conocido como «Culebra» (capitán de policía Junior Izquierdo, involucrado en investigaciones contra Dina Boluarte). Este caso, originado por un supuesto pacto de favores para beneficiar a un policía vinculado a una organización criminal, ha generado una grave crisis de credibilidad que ha puesto en jaque al gabinete de Boluarte, involucrando también a Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros.

Como consecuencia directa de las revelaciones, el Congreso presentó oficialmente la moción de censura contra Santiváñez, la cual logró el respaldo de 35 firmas, cumpliendo el requisito para que el pleno debata y vote su permanencia en el cargo. La votación definirá el destino del ministro, quien ya se encontraba en una posición endeble tras la confirmación de la autenticidad de los audios comprometedores. Esta acción de control subraya la vulnerabilidad del gobierno frente al Legislativo, quien pudiera poner contra las cuerdas al gobierno de Boluarte en el último tramo de su mandato.

Paralelamente a la crisis ministerial, se desarrolló una intensa jornada de protestas denominada la «marcha de la Generación Z» los días 20 y 21 de septiembre, convocada principalmente por jóvenes en contra de la presidenta Boluarte y el Congreso. Estas movilizaciones fueron precedidas por denuncias de bloqueos de líneas telefónicas a organizaciones sociales, un indicio de interferencia estatal previa a las protestas. Durante las manifestaciones se reportó un incendio en la Corte Superior de Justicia de Lima en la Avenida Abancay, así como la respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP), que lanzó las primeras bombas lacrimógenas contra los manifestantes.

La represión policial durante la marcha resultó en un alto número de afectados. Según el reporte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se registraron 85 casos de agresión y 11 personas heridas. Entre los afectados se encontraban brigadistas y manifestantes que sufrieron el impacto de perdigones en la cabeza, brazos y otras partes del cuerpo, siendo auxiliados en el lugar por personal de salud. Adicionalmente, se denunció que cinco periodistas sufrieron ataques directos por parte de la fuerza policial, incluyendo el caso de un reportero que fue atacado con perdigones, lo que configura una agresión a la libertad de prensa y al derecho a la información.

En este contexto de violencia, la presidenta Boluarte, durante su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), defendió la Ley de Amnistía para militares y policías con procesos judiciales, argumentando que estos son acusados de violar derechos humanos, mientras que los «terroristas» son presentados como víctimas. Boluarte también calificó a los manifestantes como «violentos» que «quieren generar la anarquía y el desorden», criminalizando la protesta social y defendiendo el accionar de la fuerza pública.

URUGUAY

RELACIONES EXTERIORES | Yamandú Orsi ofrece a su país como mediador internacional en la ONU

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Yamandú Orsi presentó a Uruguay como un país capaz de aportar en la mediación de conflictos internacionales, destacando la tradición de convivencia democrática y la fortaleza institucional. Orsi vinculó esta propuesta al papel que ha tenido el país en experiencias previas, como la participación de José Mujica en el proceso de paz en Colombia y los intentos de diálogo en Venezuela durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

El asesor presidencial Álvaro Padrón señaló que Uruguay no solo cuenta con la voluntad política, sino con la “autoridad y práctica interna” necesarias para generar confianza como anfitrión de procesos de paz. Mencionó la guerra en Gaza como un escenario donde Montevideo podría ser plataforma de negociaciones, subrayando el “cuidado” diplomático en el uso de términos, diferenciando entre la posición del Ejecutivo y la del Frente Amplio.

El planteo de Orsi se produjo en paralelo a la aprobación de una resolución en la ONU a favor de la solución de dos Estados, que contó con el voto favorable de Uruguay. Padrón advirtió que la prioridad actual es impulsar un alto el fuego en Gaza y sumar más países al reconocimiento del Estado palestino.