El Caribe en la mira. Geopolítica y militarización el segundo mandato de Donald Trump
En los últimos meses el Caribe se ha convertido una vez más en un escenario de elevada tensión geopolítica, en un contexto mundial de competencia entre grandes potencias como no sucedía desde la Guerra Fría. Aunque todavía sin la espectacularidad y el dramatismo de la Crisis de los Misiles de 1962 ni el correlato de “contrainsurgencia” y de la contención del comunismo los años posteriores, hay que remontarse a esas fechas para encontrar un antecedente de lo que, desde la perspectiva estadounidense, representa un desafío “inaceptable” de una potencia rival dentro de lo que Washington considera su área de influencia “natural”. Hoy este desafío, representado por China, se presenta como un avance lento y progresivo, de carácter predominantemente económico, al que –según la administración Trump– gobiernos anteriores no quisieron o no supieron enfrentar. En Traza Continental realizamos una revisión de las razones e implicaciones del despliegue militar estadounidense en el Caribe, sus recursos narrativos y sus capacidades tácticas, analizando el caso de cada país que participa en la disputa, ya sea como enclave, como punto de resistencia o como posible objetivo militar.
La presión y el despliegue militar de Estados Unidos sobre el Caribe se ha intensificado en las últimas semanas, teniendo como epicentro narrativo y mediático a Venezuela, actor fundamental en esta reconfiguración por varios motivos, vinculados principalmente a su alineamiento internacional con China y Rusia y a su propia geopolítica en el área desarrollada desde los años de Hugo Chávez. La confirmación del presidente Donald Trump el 15 de septiembre pasado de un segundo “ataque cinético” a una embarcación venezolana en aguas internacionales, bajo el pretexto de combatir el “narcoterrorismo”, representa una escalada del conflicto que ha merecido cuestionamientos acerca de su legalidad, tanto en el plano interno como internacional.
Pero la proyección de fuerza estadounidense en la región no se limita a las costas venezolanas. Hemos visto desde mediados de año un conjunto de movimientos diplomáticos y militares que, lejos de constituir episodios aislados, forman parte de una estrategia coherente con la que Estados Unidos busca detener el declive de su influencia y recuperar su predominio histórico en la región. Este despliegue ha incluido la confrontación diplomática con Panamá, donde Washington busca reducir la influencia china en la gestión portuaria en el Canal; los choques constantes con Colombia y su desertificación como parte de la lucha antidrogas; la reactivación de una base naval en Puerto Rico para posicionar a la isla como un “bastión estratégico”; y el apoyo explícito a Guyana en su disputa territorial con Venezuela, recrudecida tras el descubrimiento de vastas reservas de petróleo en la región del Esequibo, operadas por la compañía estadounidense Exxon Mobil.
Esta nueva impronta intervencionista se inscribe en la doctrina America First de la segunda era MAGA que –a diferencia del relativo desdén hacia la región observado durante el primer mandato de Trump, y en las antípodas de los principios del internacionalismo liberal y el globalismo que el trumpismo ha puesto en el centro de su crítica– está impulsada por la urgencia de recuperar la primacía estadounidense en el continente americano, en respuesta al creciente despliegue comercial, financiero, tecnológico y de infraestructura por parte de China.
Esta nueva impronta intervencionista se inscribe en la doctrina America First de la segunda era MAGA que (…) está impulsada por la urgencia de recuperar la primacía estadounidense en el continente americano, en respuesta al creciente despliegue comercial, financiero, tecnológico y de infraestructura por parte de China.
FRONTERA IMPERIAL
El Caribe es un espacio de enorme importancia geoestratégica, un puente marítimo que conecta Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y las Antillas, con pasos estratégicos como el de los Vientos —entre Cuba y Haití— y los canales de las Antillas Menores. Además, constituye un corredor que enlaza el Atlántico con el Golfo de México y con el Canal de Panamá, que a su vez vincula el mar Caribe con el océano Pacífico, lo que convierte la zona en una de las rutas más relevantes del comercio mundial. A lo largo de la historia, su condición de territorio marcado por intensas disputas geopolíticas entre distintos proyectos imperiales llevó al intelectual dominicano Juan Bosch a definirlo como “la frontera imperial”.
El Caribe cuenta con una notable riqueza en recursos naturales, incluyendo reservas de petróleo, gas natural, bauxita, níquel y otros minerales estratégicos, además de una amplia biodiversidad marina. Estas características lo consolidan no solo como un espacio clave para las rutas energéticas y el comercio global, sino también como una región de interés económico y político para las principales potencias mundiales.
La temprana expansión de Estados Unidos en la región, desde fines del siglo XIX, resultó fundamental para su desarrollo como potencia hegemónica al hacerse del control de los mares a su alrededor, un proceso que se consolidaría plenamente tras la Segunda Guerra Mundial con su dominio del Atlántico y del Pacífico. En ese sentido, no sorprende que Washington considere la región su “tercera frontera”, otorgándole un carácter estratégico —desde el punto de vista de sus “intereses nacionales”— en ámbitos como seguridad, comercio e influencia geopolítica.
Es así como la estrategia del “aislacionismo imperialista” o de un “imperialismo cauto” funciona como un punto central en la política de Trump y del movimiento MAGA hacia esta región. Por un lado, Estados Unidos busca un retiro relativo de sus posiciones en distintos puntos del mundo como Medio Oriente y Europa —intentando desactivar o, al menos, no involucrarse en conflictos bélicos—, mientras procura fortalecer su presencia en lo que considera su “espacio natural”: América Latina y el Caribe. El reciente despliegue militar que Estados Unidos ha venido desarrollando desde principios de agosto debe interpretarse dentro de este enfoque general, que “sobre-determina” las decisiones tácticas que despliega Washington en la región.
Estados Unidos busca un retiro relativo de sus posiciones en distintos puntos del mundo como Medio Oriente y Europa (…) mientras procura fortalecer su presencia en lo que considera su “espacio natural”: América Latina y el Caribe.
LA NARRATIVA DEL DESPLIEGUE: UN MENSAJE A CHINA Y LA “LUCHA CONTRA EL NARCOTERRORISMO”
En una reciente entrevista realizada por Fox News a bordo del USS Iwo Jima, un Amphibious Assault Ship (buque de asalto anfibio), publicada el pasado 11 de septiembre, el ahora secretario de Guerra Pete Hegseth aseguró que la presencia militar en el Caribe era un “mensaje”. “Nuestros enemigos y adversarios deben saber que hablamos en serio. Ellos saben que el presidente Trump habla en serio. Saben que ha reconstruido el ejército. Nuestro trabajo es inculcar ese ethos de guerrero en el Departamento de Guerra”, afirmó.
A los pocos minutos, frente a la pregunta de la periodista Rachel Campos-Duffy —una suerte de operadora mediática del MAGA— sobre la presencia china en la región, Hegseth agradeció que llevara la conversación al gigante asiático y aseguró: “China está haciendo un movimiento en nuestro hemisferio. La administración anterior estaba dormida al volante, en múltiples aspectos de Centro y Sudamérica. Por eso, parte de tener este grupo del ejército aquí, estos destructores trabajando en Puerto Rico y otros aliados que tenemos en la región, es un reconocimiento de que Estados Unidos ha vuelto al hemisferio occidental. No deberíamos ceder este hemisferio a nadie. Y, por supuesto, nuestra presencia aquí es un reflejo de eso, y eso incluye a China”.
El despliegue que Estados Unidos ha hecho en el Caribe contempla, además del USS Iwo Jima, los transportes USS Fort Lauderdale, USS San Antonio, más de cuatro mil infantes de marina de la 22a Unidad Expedicionaria, los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, aviones de reconocimiento P8, cazas F35, helicópteros de combate y hasta un submarino nuclear.
El USS Iwo Jima es uno de los buques de asalto anfibio más completos de la Amada de Estados Unidos. Puede transportar cerca de dos mil marines armados, helicópteros Super Stallion, aviones Bell-Boeing V-22 Osprey, cazas F-35 y vehículos blindados para un desembarco en tierra. Su labor táctica en un conflicto consiste en funcionar como una especie de isla desde la que se puede llevar a cabo el despliegue de tropas en costas, la coordinación de sus comunicaciones, el envío de suministros y apoyo defensivo desde su posición, ya que cuenta con lanzadores de misiles de mediano y largo alcance como los Tomahawk. Fue nombrado así en honor a la batalla librada en contra de los japoneses en la isla Iwo Jima en 1945.
El despliegue de Washington en el Caribe, sin embargo, recurre a la lucha contra los cárteles del narcotráfico —el “narcoterrorismo”— como su justificación. En la retórica oficial lo que se busca es cortar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y combatir los ilícitos asociados a este. El guión tiene un antecedente histórico claro: la invasión de Panamá en 1989. Conocida como “Operación Causa Justa”, en aquel entonces la invasión se justificó en la necesidad de “combatir el narcotráfico” y “proteger a los ciudadanos estadounidenses”, todo ello en el marco de una campaña para derrocar al general Manuel Noriega, quien había sido acusado formalmente de tráfico de drogas por el gobierno de los Estados Unidos.
La recurrencia de este tipo de justificación demuestra que, en la geopolítica del Caribe, el pretexto de la lucha contra las drogas no es nuevo, sino una herramienta probada que Washington ha utilizado para legitimar acciones militares directas contra gobiernos considerados enemigos. De hecho, el paralelismo con el caso Noriega es evidente, ya que la administración Trump ha acusado directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cártel del narcotráfico.
…en la geopolítica del Caribe, el pretexto de la lucha contra las drogas no es nuevo, sino una herramienta probada que Washington ha utilizado para legitimar acciones militares directas contra gobiernos considerados enemigos.
A pesar de estas similitudes, la estrategia actual también presenta un punto de ruptura. La principal novedad radica en el marco legal. A diferencia de 1989, la actual administración ha designado formalmente a los cárteles latinoamericanos como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”. Esta medida le otorga al Ejecutivo un poder sin precedentes, permitiéndole el uso de recursos militares en el extranjero, la congelación de activos y la criminalización del apoyo a estas agrupaciones sin necesidad de una declaración de guerra o una autorización explícita del Congreso para intervenciones militares.
Por lo tanto, aunque la narrativa es una táctica antigua, el despliegue de fuerza se apoya en un nuevo andamiaje jurídico que, según varios analistas, busca “obtener resultados concretos” mediante la presión transaccional y el “juego de desgaste posicional”, en lugar de una invasión militar a gran escala como la que se vio en Panamá en 1989.
PANAMÁ: LAS DISPUTAS POR EL CANAL
Las reiteradas amenazas de Donald Trump —incluso antes de asumir su mandato— de que Estados Unidos “recuperaría” el Canal de Panamá frente a China son un ejemplo del “repliegue estratégico” en el que se enmarca la estrategia de Washington. Tan es así que Panamá fue uno de los primeros destinos a los que viajó Marco Rubio al asumir la jefatura del Departamento de Estado, logrando imponer —con el beneplácito del presidente panameño José Raúl Mulino, fuertemente alineado con EE.UU. — que el país centroamericano se retirara de la iniciativa de la Franja de la Seda y que volviera a permitir el despliegue militar de Estados Unidos en su territorio, bajo la excusa de “proteger” el canal.
Panamá fue uno de los primeros destinos a los que viajó Marco Rubio al asumir la jefatura del Departamento de Estado, logrando imponer (…) que el país centroamericano se retirara de la iniciativa de la Franja de la Seda y que volviera a permitir el despliegue militar de Estados Unidos en su territorio.
“China está operando el Canal de Panamá, pero no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a recuperar”, había dicho Trump en enero, en su discurso de investidura. A pesar del alineamiento estas declaraciones provocaron malestar y fueron negadas de manera categórica por el presidente panameño, que las calificó de “falsedad intolerable” al tiempo que reafirmó que el Canal es parte del “patrimonio inalienable” de Panamá. Cualquier intento de intervención —advirtió Mulino— sería una violación del derecho internacional.
En medio de esta fricción diplomática con su aliado, Washington celebró la adquisición del 90% de Panama Ports Company, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal en los accesos del Canal, por parte de un consorcio liderado por la empresa estadounidense BlackRock. Valiéndose de esta compra, Trump pudo jactarse de haber “comenzado a recuperar el Canal”. El modo en que se manejó el tema es lo que se conoce como una “medida activa”, esto es, una operación de desinformación basada en la utilización combinada de “hechos reales y falsos” para sembrar duda y exacerbar tensiones, con el objetivo real de presionar a Panamá para reducir la influencia china en infraestructura estratégica. La solicitud de la Casa Blanca al Pentágono para que preparara “opciones militares creíbles” sirvió para reforzar esta presión.
En este contexto de vaivenes, el pasado 8 de abril el gobierno de Mulino firmó un acuerdo con Estados Unidos que permite el despliegue de tropas y contratistas militares estadounidenses en territorio panameño durante tres años. El acuerdo, que autoriza la presencia estadounidense en aeropuertos y varias instalaciones de defensa nacional, fue firmado sin debate parlamentario ni consulta pública y se formalizó durante la visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la primera de este tipo en décadas, quien acudió supuestamente para asistir a una conferencia de seguridad. Durante su estancia, Hegseth reiteró el compromiso de Estados Unidos de contrarrestar la influencia china y fortalecer la cooperación militar con Panamá. Aunque admitió que China no opera el Canal, señaló que su presencia podría representar un riesgo de espionaje en la región.
Hegseth reiteró el compromiso de Estados Unidos de contrarrestar la influencia china y fortalecer la cooperación militar con Panamá. Aunque admitió que China no opera el Canal, señaló que su presencia podría representar un riesgo de espionaje en la región.
COLOMBIA: OPOSICIÓN DE GUSTAVO PETRO Y DESERTIFICACIÓN
La reacción regional a la creciente tensión en el Caribe ha sido variada, y Colombia ha emergido como un actor opositor clave en este escenario. El despliegue militar de Estados Unidos generó algunas advertencias sobre el peligro que representa para el continente, pero fueron pocas las declaraciones contundentes al respecto, más allá de los países miembros del ALBA-TCP.
Con el primer ataque estadounidense a una embarcación en aguas internacionales en el mar Caribe, la situación se volvió más urgente. El 3 de septiembre, el presidente Gustavo Petro condenó públicamente la acción, calificándola de “asesinato” en caso de confirmarse su veracidad. Además, difundió un video en el que mostraba cómo era posible realizar una interdicción marítima sin necesidad de recurrir a bombardeos.
Ya antes el gobierno de Petro —quien había llegado a declarar que no reconocía al gobierno de Maduro tras las elecciones de 2024— había afirmado que un posible ataque contra Venezuela debería asumirse como un “ataque contra la región” y había descalificado el argumento estadounidense señalando que “El Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.
“El Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.
En su calidad de presidente de la CELAC, Petro convocó a una reunión del organismo en la que se emitió un comunicado recordando que “América Latina y el Caribe han sido proclamadas Zonas de Paz”.
Aunque el texto fue respaldado por la mayoría de los países, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago optaron por no firmarlo, evidenciando una fractura continental en torno a un tema tan sensible como la posible escalada militar en la región. Incluso varios de estos países, a fines de agosto —como Paraguay, Perú, Argentina, República Dominicana, Ecuador, entre otros— ya se habían sumado a la narrativa estadounidense y declararon al Cártel de los Soles como “organización terrorista”.
A esto habría que sumar la descertificación norteamericana sobre la lucha antidrogas aplicada a Colombia hace unos días, un golpe diplomático que, según informes, responde a indicadores como la cantidad de cultivos ilícitos, la producción de cocaína y que ha sido explicado por Washington como resultado de incumplimientos en programas antidrogas. Petro ha respondido con dureza a la descertificación calificándola como “una grosería profunda” y denunció que Estados Unidos desestimó cifras oficiales, también señalado que el problema del narcotráfico no solo debe abordarse desde la militarización y la represión, sino también desde la legalidad, el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos. Acusó además a sectores políticos colombianos con vínculos en Norteamérica en la búsqueda de la descertificación y recientemente presentó una de las posturas más duras en contra de la política estadounidense en la Asamblea General de la ONU.
Petro ha respondido con dureza a la descertificación calificándola como “una grosería profunda” y denunció que Estados Unidos desestimó cifras oficiales.
Washington, pese a la sanción política, ha señalado que garantizará la continuidad de la cooperación operativa en materia antidrogas, aunque condiciona esa colaboración a que Colombia corrija incumplimientos identificados, matiz que expone la distancia entre sanción política y cooperación práctica. En lo económico y simbólico, sectores como turismo y relaciones comerciales ya advierten sobre riesgos y costos que podrían derivarse de la medida si se prolonga, un impacto que, según gremios, podría afectar flujo de viajeros y percepciones internacionales.
GUYANA: ENCLAVE ESTADOUNIDENSE
Es importante mencionar una coincidencia que merece no ser pasada por alto: los ataques del 2 de septiembre se produjeron casi en simultáneo con las elecciones en Guyana, donde fue reelecto el presidente Irfaan Ali, un fuerte aliado de Estados Unidos.
Guyana comparte con Venezuela una línea fronteriza sinuosa de 789 km de extensión. En los últimos años, las tensiones entre ambos países, derivadas de viejas disputas territoriales, han ido en aumento, lo que plantea la posible hipótesis de un “desencadenamiento de conflicto”. A pesar de ser un país pequeño, Guyana ha adquirido gran relevancia tras el descubrimiento de vastas reservas de petróleo en su territorio en el 2015, concretamente en la región del Esequibo, reclamada por Venezuela. Desde entonces, Estados Unidos se ha convertido en el principal inversionista en la explotación de estas reservas, operadas mayoritariamente por Exxon Mobil, hecho que generó tensiones con Caracas.
En medio de este escenario de conflicto, Guyana comenzó a recibir colaboración del Comando Sur en 2023, lo que permitió una intensificación de la cooperación en doctrina, entrenamiento y operaciones conjuntas, incluyendo los ejercicios militares Tradewinds en su territorio con la participación de varios países.
Guyana comenzó a recibir colaboración del Comando Sur en 2023, lo que permitió una intensificación de la cooperación en doctrina, entrenamiento y operaciones conjuntas.
Además, con la ayuda de Estados Unidos, el país ha modernizado su infraestructura militar, incluyendo la construcción de un nuevo hangar, la remodelación de cuarteles y la ampliación de una pista de aterrizaje en el Esequibo.
Tan solo una semana antes de las elecciones, el 21 de agosto, el gobierno de Irfaan Ali emitió un comunicado en el que afirmaba que “el gobierno de la República Cooperativa de Guyana observa con gran preocupación la amenaza que representan para la paz y la seguridad de la región la delincuencia organizada transnacional y el narcoterrorismo, en los que a menudo participan redes delictivas como el Cártel de los Soles de Venezuela, designado como organización terrorista por algunos países de la región”.
El conflicto del Esequibo ha pasado de ser un asunto histórico a cobrar candente actualidad, en una dinámica por la que Estados Unidos procura convertir a Guyana en un enclave militar para contener a Venezuela y salvaguardar sus intereses estratégicos en la zona.
PUERTO RICO: CABEZA DE PUENTE
Luego de los supuestos vuelos de los aviones de combate de Venezuela sobre el destructor USS Jason Dunham el 4 de septiembre en aguas internacionales del Caribe, Washington anunció el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico y otros 9 aviones militares en Panamá con el supuesto objetivo de realizar ejercicios conjuntos. El justificativo de que se trataba de ejercicios conjuntos fue considerado “extraño” por varios analistas, quienes señalaron que se trataba de aviones muy sofisticados que no suelen emplearse en entrenamientos regulares entre países.
El 8 de septiembre, el secretario de Guerra Pete Hegseth visitó Puerto Rico para inspeccionar el ya analizado buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, acompañado por el jefe del Estado Mayor General Den Kan. Hegseth reiteró que estaban en la “primera línea” de una misión crucial contra el tráfico de drogas.
Hegseth reiteró que estaban en la “primera línea” de una misión crucial contra el tráfico de drogas.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, apoyó públicamente la política estadounidense, tildando a Maduro de “narcodictador” y subrayando la importancia estratégica de la isla para las operaciones antidrogas en la región. Cabe recordar que la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico se explica por el estatus de la isla como “Estado Libre Asociado” de EE. UU., una suerte de estatus colonial.
Puerto Rico aparece de esta manera como una pieza clave de la reconfiguración militar del poder estadounidense en la región. La reactivación parcial de la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, que había sido clausurada en 2004, reafirma el lugar de la isla como bastión geoestratégico y cabeza de puente en la zona.
VENEZUELA: EL CORAZÓN DE LAS TENSIONES
El 25 de julio el Departamento de Estado de EE. UU. designó al “Cártel de los Soles” como organización terrorista internacional. Con esta designación, Marco Rubio aseguró que el grupo estaría vinculado directamente con Nicolás Maduro, caracterizando al gobierno venezolano como una “organización criminal” que pondría en riesgo la seguridad de EE. UU.
Esta grave acusación no fue respaldada con evidencia concreta, ni siquiera sobre la existencia del propio “Cártel de los Soles”. No se trata de la primera vez que Washington utiliza este tipo de acusaciones contra el gobierno de Venezuela. Ya en marzo de 2020, durante la primera administración de Trump, el Departamento de Justicia de EE. UU. había acusado al gobierno de Maduro de formar parte de un complot coordinado para “inundar a EE. UU. con cocaína con el fin de socavar la salud y el bienestar de nuestra nación”.
El Departamento de Justicia de EE. UU. había acusado al gobierno de Maduro de formar parte de un complot coordinado para “inundar a EE. UU. con cocaína con el fin de socavar la salud y el bienestar de nuestra nación”.
Mientras Estados Unidos volvía a insistir en que el gobierno de Caracas formaría parte de un plan “narcoterrorista”, la Fuerza Armada Nacional Bolivarian (FANB) de Venezuela detectó el vuelo de una aeronave de inteligencia RC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se posicionaba a unas 80 millas al norte del territorio venezolano. Este hecho fue interpretado por Caracas como una clara provocación.
Sin embargo, la intensificación de la presión vendría unos días después. El 7 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que EE. UU. impuso una recompensa de 50 millones de dólares —que duplica la que en su momento se ofreciera por Osama bin Laden— por cualquier información que facilite la detención del presidenteMaduro, reiterando las acusaciones contra el mandatario venezolano. El anuncio estuvo acompañado, una semana después, de la incautación de más de 700 millones de dólares en activos, supuestamente ligados a Maduro, además de la retención de dos aviones y varios vehículos.
El gobierno venezolano rechazó estas acusaciones, calificándolas como una violación flagrante del derecho internacional y la soberanía nacional. El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, denunció que los aviones incautados eran propiedad del Estado venezolano, no de Maduro. El anuncio se producía a tan solo unos días de que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmara que Estados Unidos llevaría a cabo “acciones que enviarán mensajes, pero, en última instancia, el pueblo venezolano tiene que levantarse y reclamar su propia libertad”.
El 19 de agosto, tan sólo 4 días después del despliegue militar, Karoline Leavitt declaró que Trump estaba listo para emplear “todo su poder” para frenar la entrada de drogas y castigar a los responsables, en alusión al gobierno venezolano y acusando a Maduro de no ser el presidente legítimo de Venezuela sino un prófugo de la justicia y líder de un cartel.
Karoline Leavitt declaró que Trump estaba listo para emplear “todo su poder” para frenar la entrada de drogas y castigar a los responsables, en alusión al gobierno venezolano.
Por su parte, acompañado de una narrativa que vinculaba los intereses estadounidenses en la región con la ambición de apoderarse de los vastos recursos naturales del país, el gobierno venezolano anunció jornadas de alistamiento y llamó a filas a milicianos, reservistas y a toda la población dispuesta a participar en la defensa de la soberanía, en el marco del “Gran Plan Nacional de Soberanía y de Paz Simón Bolívar”. El 1 de septiembre el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció una movilización militar en la frontera con Colombia a la vez que denunció la presencia de buques y drones estadounidenses en la zona. Ese mismo día el presidente Nicolás Maduro advirtió que una agresión militar de Estados Unidos llevaría al país a una “lucha armada” y a la declaración de una “República en armas” para salvaguardar su paz y soberanía.
Al día siguiente, el 2 de septiembre, Estados Unidos informó que había realizado un ataque militar letal en aguas internacionales del sur del Caribe. Según Trump, la operación se dirigió contra una embarcación supuestamente vinculada al “Tren de Aragua”. En su declaración, aseguró que 11 “narcoterroristas” habían muerto. En sintonía con estas declaraciones, Marco Rubio confirmó el ataque, señalando que Trump había optado por destruir la embarcación en lugar de interceptarla, con el fin de enviar un “mensaje claro”.
Marco Rubio confirmó el ataque, señalando que Trump había optado por destruir la embarcación en lugar de interceptarla, con el fin de enviar un “mensaje claro”.
Rápidamente, la primera reacción del gobierno venezolano fue desmentir la versión, alegando que el video había sido generado con inteligencia artificial, lo que fue difundido por el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez. Aunque el gobierno venezolano fue modulando su discurso frente a los acontecimientos —llegando incluso a plantear que quien debía investigar el tema era el propio gobierno de Estados Unidos—, lo cierto es que no dejó un “registro público” de haber sido atacado.
El 4 de septiembre las tensiones se agudizaron cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que dos aviones de combate F-16 venezolanos armados habían sobrevolado el destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales del Caribe, calificando la acción de “maniobra altamente provocadora”. En respuesta, el presidente Trump advirtió que daría la orden de derribar cualquier avión venezolano que representara un peligro.
El 7 de septiembre el ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció que Estados Unidos estaba intentando fabricar un “incidente de falso positivo” en el Caribe para justificar una agresión militar. Padrino López señaló el incremento de vuelos de inteligencia estadounidenses (con aviones RC-135, KC-135, E-3 Sentry AWACS), que ahora se realizaban de noche y violaban normas operacionales con la clara intención de provocar un casus belli.
Mientras este intercambio de declaraciones y operaciones tenía lugar, The New York Times reveló que Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional (DNI), ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) retractarse de un informe que había realizado sobre Venezuela. La justificación fue que la carta identificaba explícitamente a Richard Grenell como enviado presidencial y exponía información sensible sobre sus conversaciones con el presidente Nicolás Maduro, lo que podría constituir un “desenmascaramiento” indebido de un funcionario estadounidense. Sin embargo, el episodio también fue leído como parte de la tensión interna en la arquitectura de inteligencia, donde Marco Rubio —rival de Grenell— cumple la función de asesor interino y ha mostrado posiciones más radicales en torno a Venezuela, a diferencia de Grenell, que sigue apostando por el diálogo y la diplomacia.
El lunes 15 de septiembre Trump volvió a informar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían llevado a cabo un nuevo ataque contra una embarcación venezolana en aguas internacionales del Caribe. El 16 de septiembre, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Paraguay, Richard Grenell profundizó en las posturas divergentes en torno a la política exterior de Washington. “Siempre me escucharán como alguien que aboga por el diálogo (…) creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra”, declaró.
Richard Grenell profundizó en las posturas divergentes en torno a la política exterior de Washington. “Siempre me escucharán como alguien que aboga por el diálogo (…) creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra”, declaró.
Apenas se terminaban de escuchar estas palabras cuando la Marina estadounidense realizó, entre el 17 y el 21 de septiembre, ensayos de lanzamiento de cuatro misiles balísticos con capacidad nuclear (no armados) Trident II D5LE desde un submarino clase Ohio ubicado en la costa este de Florida.
Por todas estas demostraciones de fuerza y movimientos militares por parte de los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela presentó una solicitud formal al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidiendo el cese de las operaciones estadounidenses en el Caribe, clasificándolas de “guerra no declarada”. Por su parte el 22 de septiembre la vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública una carta enviada días antes por el presidente Maduro a Donald Trump. En ella el gobierno venezolano reconocía los esfuerzos del país norteamericano en la lucha contra el narcotráfico y proponía que ambos países actuasen conjuntamente para combatir las “fake news” que afectaban a sus gobiernos. La carta además ofrecía establecer un diálogo directo con el enviado especial estadounidense, Richard Grenell, y negaba cualquier vínculo con el narcotráfico, calificando las acusaciones en su contra como “noticias falsas, propagadas a través de varios medios”.
La respuesta del gobierno de Estados Unidos fue desestimar la misiva y reafirmar su postura. Como respuesta el gobierno de Venezuela anunció estar evaluando declarar el “estado de conmoción externa”. De implementarse, la medida tendrá una duración de 90 días y puede ser prorrogada por otros 90 días por la Asamblea Nacional. La medida permitiría suspender algunos derechos constitucionales –siempre y cuando no se violen los derechos humanos– e incluso abre las puertas a una posible reclutamiento militar obligatorio.
CUADRO DE SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS A FUTURO
El creciente escenario de militarización y tensión en el Caribe parece ser la continuidad de una política cada vez más agresiva en la región por parte del trumpismo. Es poco probable que las fuerzas desplegadas se replieguen en el corto plazo, sin que ello implique necesariamente una incursión total en Venezuela. Por la magnitud del despliegue militar y sus capacidades tácticas y operativas no se puede descartar la realización de ataques selectivos sobre territorio venezolano por parte de Estados Unidos en los próximos meses. El propio costo de mantenimiento de los operativos no justificaría la hipótesis de un simple “mensaje”.
Por la magnitud del despliegue militar y sus capacidades tácticas y operativas no se puede descartar la realización de ataques selectivos sobre territorio venezolano por parte de Estados Unidos en los próximos meses.
Sin embargo, aun cuando resulta poco probable imaginar una invasión de Estados Unidos a Venezuela –como sí ocurrió en Granada en 1983 o en Panamá en 1989–, resulta prudente no desechar las posibles hipótesis de conflicto que se puedan desarrollar.
EE. UU. podría articular ataques a objetivos dentro del propio territorio venezolano. Una modalidad de ataque similar fue recientemente ensayada por el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra, entonces de Defensa, en Irán, cuando en junio pasado EE.UU. atacó las instalaciones nucleares de Natanz e Isfahán. Un ataque de este estilo podría ser lo suficientemente potente como para poder medir la capacidad de respuesta de Caracas, así como para imponer nuevas condiciones de negociación. Al igual que en el caso iraní, resulta difícil imaginar una capacidad de respuesta rápida o proporcional por parte del gobierno de Miraflores.
Por otro lado, el derrocamiento del gobierno chavista es un objetivo largamente perseguido por Washington. Sin embargo, no basta con “derribar” al gobierno de Maduro; también tendría que existir la posibilidad de que un entramado político opositor asumiera el poder en Caracas, algo que no parece viable de manera inmediata. Aun así, las amenazas de Washington siguen orientadas a “agrietar” el apoyo interno y la cohesión del gobierno venezolano, así como a aislarlo regionalmente.
…las amenazas de Washington siguen orientadas a “agrietar” el apoyo interno y la cohesión del gobierno venezolano, así como a aislarlo regionalmente.
En términos internacionales, el MAGA parece dispuesto a “pagar el costo” de proyectar su administración como una potencia agresiva e implacable, una política que incluso el Departamento de Estado ha formulado bajo la consigna de “construir la paz a través de la fuerza”, una vieja doctrina de política exterior que políticos y centros de estudio cercanos a la toma de decisiones están poniendo de nuevo al centro. Este mensaje de “ofensiva para la defensa” también se reflejó en el cambio de nombre del “Departamento de Defensa” al de “Departamento de Guerra”, ordenado por Trump en una cruzada simbólica por recuperar la memoria de Estados Unidos como potencia hegemónica y por alejar al ejército de influencias políticas contrarias a sus intereses.
En el ámbito doméstico, un posible conflicto armado con Venezuela le permitiría a la administración Trump ganar la pulseada frente a la Corte Suprema de EE. UU. respecto a la posibilidad de que el gobierno federal haga uso de la Alien Enemies Act contra los inmigrantes venezolanos. Asimismo, como resultado de su agresiva política contra los migrantes, Trump viene perdiendo apoyo entre la población latina, que fue clave para su triunfo electoral en 2024. Una política más dura contra el gobierno de Venezuela —profundamente impopular entre los latinos en Estados Unidos— o una incisión militar en contra de organizaciones criminales y cárteles del narcotráfico –hoy el consumo de drogas es uno de los principales problemas sociales del país, sobre todo en las zonas económicamente deprimidas– podría ayudar a atenuar esta caída, recuperando legitimidad entre estos sectores, sin duda una prioridad de la administración rumbo a las elecciones de medio término y de gobernaturas del próximo año.
Sin embargo, una eventual incursión militar estadounidense, aunque sea parcial, podría generar un caos regional y global cuyas consecuencias serían difíciles de predecir: desde un posible “empantanamiento” de la administración en un conflicto externo; el aumento de tensiones con China, que considera como aliado estratégico a Venezuela; hasta una nueva ola masiva de migración que aumentaría la presión sobre la propia frontera sur de Estados Unidos y que difícilmente sería tolerable para los países vecinos. La región latinoamericana deberá hacer lo posible por evitar un escenario de conflicto y estar lista para responder de manera coordinada, en la medida de lo posible, a una escalada militar que ponga en riesgo la paz del continente.
