ARGENTINA

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Aumento del dolar y nueva crisis de reservas

El cierre de julio de 2025 fue marcado por una crisis cambiaria de alto impacto en la economía argentina, tras un salto abrupto del dólar oficial que alcanzó los mil 380 pesos. Tan solo en el último día del mes, la divisa escaló 55 pesos, sumando un aumento total de 150 pesos en julio. A pesar de que el gobierno intentó apaciguar la situación subiendo las tasas de interés y reforzando intervenciones en el mercado de futuros, la presión compradora no cedió y la desconfianza sobre la sostenibilidad del plan económico se profundizó.

Parte de la explicación oficial provino del ministro de Economía, Luis Caputo, quien adjudicó la escalada del dólar al llamado “riesgo Kuka” (mote peyorativo aplicado al kirchnerismo), en referencia a la inestabilidad generada por el clima político y el temor a políticas más intervencionistas. Caputo minimizó la gravedad de la suba, sugiriendo que las fluctuaciones cambiarias son naturales en un esquema de flotación. Sin embargo, sectores empresariales y analistas señalaron como causas principales la falta de reservas internacionales y la continua fuga de divisas, factores que presionan al alza no solo al dólar sino también a los precios internos y a las tasas de interés bancarias.

El mismo día en que la cotización del dólar alcanzó su máximo, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de dos mil millones de dólares para Argentina, en el marco del acuerdo de facilidades extendidas. Si bien el FMI valoró las políticas de ajuste fiscal y el cambio hacia una mayor flexibilidad cambiaria, advirtió que el país no cumplió con la meta de reservas, situación que llevó a revisar los objetivos para los próximos meses. El organismo internacional elogió ciertos avances, como el descenso de la inflación y una mejora relativa en el acceso a los mercados, pero recalcó la urgencia de fortalecer las reservas del Banco Central para estabilizar la economía.

Ante este contexto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner emergió como una de las voces más críticas hacia el gobierno de Javier Milei y su ministro Caputo. Fernández cuestionó fuertemente la falta de políticas de respaldo para salarios y jubilaciones, además de calificar al rumbo económico de “fracaso”, haciendo hincapié en el deterioro del poder adquisitivo y la ausencia de reservas como elementos que agravan la vulnerabilidad económica y social. Señaló una posible desconexión entre las promesas de campaña y la realidad económica actual, denunciando un “vacío” en la gestión de las políticas públicas.

Mientras el gobierno intentó justificar la suba del dólar como una consecuencia del clima electoral y las tensiones institucionales—haciendo referencia tanto al Senado como a la vicepresidenta Victoria Villarruel—los inversores y agentes económicos interpretan la crisis más bien como resultado de una debilidad estructural de las reservas y la falta de confianza en el futuro inmediato. De hecho, la reciente asistencia del FMI fue vista más como un “salvavidas” temporal que como una solución definitiva, mientras que el riesgo país superó los 700 puntos y los activos argentinos sufrieron fuertes caídas en los mercados internacionales.

El alza del dólar a mil 380 pesos pone en jaque la estabilidad del plan económico oficial, exhibiendo tensiones políticas, desconfianza de los mercados y fuertes críticas desde sectores de la oposición. La respuesta del FMI ofrece sólo un respiro transitorio, mientras que el deterioro de los indicadores sociales y financieros revela que la Argentina sigue enfrentando desafíos profundos y sin respuestas consensuadas a la vista.

BOLIVIA

ELECCIONES | El MAS fragmentado, la oposición explorando una estrategia de unidad y vulnerabilidad de la institucionalidad electoral

A menos de un mes de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de 2025, Bolivia atraviesa un escenario político marcado por tensiones, fragmentación y desconfianza en el proceso electoral. Las dinámicas entre el oficialismo, las facciones del Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición reflejan un panorama polarizado, con acusaciones de fraude, amenazas de violencia y un creciente descontento ciudadano.

El proceso electoral avanza con la confirmación de que el 17 de agosto los bolivianos elegirán a su presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el período 2025-2030. La Unión Europea ha destacado que, hasta el 30 de julio, el proceso se desarrolla dentro del marco legal. Sin embargo, la confianza en el sistema electoral está en entredicho, especialmente por las acusaciones de fraude. Evo Morales, ha denunciado un supuesto «fraude monumental» orquestado por el gobierno de Luis Arce.

La fragmentación del MAS es un factor central en la coyuntura. El presidente Luis Arce, enfrenta un aislamiento político, ya que ningún candidato de izquierda acudió a su convocatoria para unificar el voto progresista el 25 de julio. Arce ha criticado la campaña por el voto nulo promovida por Morales, argumentando que esta estrategia beneficia a la derecha y su «angurria neoliberal«. Por su parte, Andrónico Rodríguez, candidato presidencial y ex aliado de Morales, ha calificado el gobierno de Arce como un «fracaso», señalando que el presente «da miedo».

El «evismo» ha intensificado su discurso confrontativo, elevando las tensiones preelectorales. El 28 de julio, una aliada de Morales fue detenida tras amenazar con «contar muertos» en lugar de votos, y enfrentará al menos 90 días de prisión preventiva. Otro dirigente evista propuso «quemar ánforas» como medida de protesta, mientras que el 31 de julio advirtió con la posible toma de aeropuertos tras las elecciones si no se respetan los resultados.

En el ámbito opositor, los candidatos Samuel Doria Medina y Jorge «Tuto» Quiroga han ganado terreno en las encuestas, según un estudio realizado por la empresa Ipsos Ciesmori, mientras que Andrónico Rodríguez registra una leve caída. Sin embargo, esa misma encuesta revela que el voto en blanco, nulo o indeciso supera a todos los candidatos, reflejando un creciente desencanto ciudadano con las opciones disponibles. Paralelamente, los candidatos opositores intentaron construir una opción de unidad reuniéndose en Santa Cruz para consolidar una alianza contra el MAS, aunque las divisiones internas persisten.

Finalmente, un evento significativo de estos últimos días fue el retiro del partido Morena, liderado por Eva Copa, de la carrera electoral. Morena justificó su declinación por el «hostigamiento» atribuido tanto a Evo Morales como a Luis Arce, y Copa aclaró que no será candidata. Esta decisión reduce a ocho las organizaciones políticas en competencia y reordena el tablero de cara al 17 de agosto.

BRASIL

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | La diputada prófuga Carla Zambelli es detenida en Italia

La diputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) fue detenida este martes 29 de julio en Italia, según confirmó la Policía Federal de Brasil (PF). La operación fue resultado de una cooperación entre la PF —a través de su representación en Roma—, la Interpol y las autoridades italianas. Zambelli había sido declarada prófuga desde el 5 de junio, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó su arresto tras condenarla por unanimidad a 10 años de prisión por haber coordinado una invasión digital al sistema del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), junto al hacker Walter Delgatti. Su nombre había sido incluido en la lista de personas buscadas a nivel internacional.

Un día antes de su condena, el ministro Alexandre de Moraes había ordenado el bloqueo de su salario, beneficios parlamentarios, cuentas bancarias y redes sociales, además de la cancelación de su pasaporte. Según reportes del portal UOL, Zambelli huyó de Brasil rumbo a los Estados Unidos y luego a Italia, país del cual posee ciudadanía. Fue el diputado italiano Angelo Bonelli quien alertó a las autoridades sobre su paradero, facilitando su detención. La parlamentaria, que estaba licenciada del Congreso desde fines de mayo por supuestos motivos de salud y luego por razones personales, ahora enfrentará el proceso de extradición conforme a la legislación italiana y los tratados internacionales firmados por Brasil.

La denuncia de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que Zambelli y Delgatti intentaron desacreditar al Poder Judicial e incitar actos antidemocráticos a través del sabotaje digital. Como resultado, la diputada fue condenada a 10 años de prisión en régimen inicialmente cerrado, pérdida definitiva de su mandato y declaración de inelegibilidad. Delgatti, por su parte, recibió una pena de 8 años y 3 meses de prisión y ya se encuentra bajo custodia preventiva. Como la sentencia del STF es definitiva, Zambelli deberá comenzar a cumplir su pena apenas sea devuelta a territorio brasileño, marcando así una de las condenas más severas contra una figura política del bolsonarismo en los últimos años.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Brasil sale del Mapa del Hambre de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció este lunes que Brasil ha salido nuevamente del Mapa del Hambre, tras haber ingresado en 2021 durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Según el informe, el país redujo la proporción de su población subalimentada a menos del 2,5%, umbral para dejar de figurar en la lista. En 2021, el índice era del 4,1%. Esta es la segunda vez que un gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) logra sacar al país de esta categoría: la primera fue en 2014, durante la gestión de Dilma Rousseff, tras más de una década de políticas contra la desnutrición iniciadas con el programa Fome Zero. El ministro Wellington Dias celebró el resultado y destacó que la erradicación del hambre fue la meta prioritaria del presidente Lula al iniciar su mandato en enero de 2023.

La salida del Mapa del Hambre fue impulsada por el lanzamiento del programa Brasil Sem Fome en agosto de 2023, una estrategia que articuló acciones federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad alimentaria. Entre las medidas clave se destacan la revalorización del salario mínimo, la implementación del nuevo Bolsa Família, el fortalecimiento de la agricultura familiar a través del Plan Safra y la ampliación del programa nacional de alimentación escolar. Para el gobierno, estos avances no solo representan una mejora en el acceso a los alimentos, sino también un paso hacia una mayor justicia social. “No hay soberanía sin justicia alimentaria, y no hay justicia social sin democracia”, afirmó Dias.

Sin embargo, el informe de la FAO advierte que persisten desafíos significativos. El 3,4% de los brasileños aún enfrenta inseguridad alimentaria severa, lo que implica saltearse comidas por falta de recursos, y un 13,5% vive bajo inseguridad alimentaria moderada. A pesar de ello, el acceso a una dieta saludable ha mejorado: en 2021, el 29,8% de la población no podía costear alimentos nutritivos, cifra que cayó al 23,7% en 2024. El informe también señala un aumento en los índices de obesidad en adultos y sobrepeso infantil, un fenómeno que se replica a nivel global, subrayando la necesidad de políticas nutricionales integrales que combinen acceso con calidad alimentaria.

CHILE

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Tensiones en la derecha de cara a las presidenciales

A cuatro meses de las elecciones presidenciales en Chile, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, ha denunciado una campaña de desinformación «asquerosa» en su contra atribuida al Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast. Según Matthei, esta ofensiva en redes sociales incluyó la manipulación de videos para poner en duda su salud mental; incluso mencionó la posibilidad de presentar acciones legales, aunque finalmente optó solo por reiterar una condena pública al mal uso de las plataformas digitales. Mientras tanto, voces del sector empresarial y político han instado a la unidad opositora ante el temor de perder la presidencial y el Congreso frente a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

La tensión entre las derechas tiene lugar en medio de un clima electoral con encuestas que sitúan a Kast como el favorito de cara a la segunda vuelta, a pesar de que en la primera, Jara lidera con 35.2%, seguida por Kast (26.5%), Franco Parisi (17.1%) y Matthei relegada al cuarto lugar con 10.6%. Sin embargo, el voto de balotaje favorece de manera significativa a Kast, quien le sacaría 11 puntos a Jara, capitalizando el creciente temor ciudadano por la inseguridad y la percepción de corrupción, temas que han cobrado fuerza en los últimos meses y han sido estratégicamente utilizados en su campaña. El deterioro de la imagen del presidente Boric, con una desaprobación cercana al 59%, parece contribuir también a la baja de Jara y al fortalecimiento relativo de Kast en el electorado.

Este enfrentamiento entre Matthei y Kast no solo fractura la posibilidad de una lista única de la derecha para las parlamentarias, sino que también refleja una crisis de confianza al interior del sector opositor, situación que analistas y voces públicas como Carlos Peña han señalado como peligrosa para la convivencia democrática. La decisión de Matthei de no judicializar la denuncia, aunque sin retractarse de la gravedad de los hechos, marca la necesidad de priorizar las propuestas y el debate programático, en contraste con las prácticas de «sicariato político digital» que han empañado la campaña y evidencian el desafío de la política chilena para superar prácticas de deslegitimación y avanzar hacia una contienda más transparente y de altura.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Uribe condenado: juicio histórico en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en una decisión histórica emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. El fallo abre la posibilidad de una pena entre cuatro y ocho años (Fiscalía incluso apunta a nueve, incluyendo multa) y se especula la viabilidad de arresto domiciliario, dado que no excedería ocho años. La defensa anunció que apelará, buscando que Uribe permanezca en libertad mientras el proceso avanza ante el Tribunal Superior de Bogotá y, posiblemente, la Corte Suprema de Justicia.

Este es el primer fallo contra un expresidente colombiano en juicio penal y ha generado una intensa división política. Sus simpatizantes denuncian una supuesta persecución política (quienes lo denominaron “lawfare”), mientras sus opositores y víctimas valoran la sentencia como un paso hacia la justicia y reparación. Uribe, además, denunció ante la Comisión de Investigación y Acusaciones al presidente Gustavo Petro por supuestas declaraciones de hostigamiento y calumnia.

Recientemente, expresidentes latinoamericanos enviaron una carta a la ONU, la OEA y la CIDH alertando sobre “graves afectaciones a los derechos humanos” del expresidente Uribe en el marco del proceso judicial. Asimismo, congresistas opositores solicitaron protección para la Corte Suprema ante los reclamos públicos realizados por el expresidente.

En cuanto a estas denuncias de presión internacional, el senador Iván Cepeda, quien ejerce como parte acusadora y fue declarado víctima en el proceso, presentó ante la ONU y la CIDH una queja formal. En ella solicitó observadores internacionales que velen por la independencia judicial, asegurando que existe interferencia proveniente del entorno del exmandatario y de Estados Unidos, lo cual “representa una amenaza directa a la independencia judicial” y podría comprometer el debido proceso en la segunda instancia del fallo. Cepeda subrayó que su acción no responde al odio ni a la venganza, sino a la búsqueda de verdad, dignidad y justicia para las víctimas, reconociendo también el valor institucional de la decisión judicial como garante de democracia.

El proceso legal contra Álvaro Uribe Vélez ha alcanzado un momento simbólico con esta condena sin precedentes, pero el fallo aún no es definitivo. La apelación abrirá las posibilidades de revisión, mientras el caso se vive en un contexto político altamente polarizado y cruzado por el panorama electoral para 2026, donde la polarización Petro-Uribe marca territorio y el mismo Ivan Cepeda comienza a sonar como candidato del Pacto Histórico.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Petro avanza con cambios en salud por decreto, mientras la reforma espera en el congreso

El gobierno de Gustavo Petro sorprendió ésta semana con la expedición del decreto 1372 de 2025, que reorganiza de forma sustancial el sistema de salud colombiano sin esperar el trámite legislativo de la reforma estructural, que permanece estancada en el Congreso. Aunque desde la Casa de Nariño se insiste en que no se trata de un reemplazo de la reforma, el contenido y el contexto del decreto han encendido una amplia polémica en el ámbito político, técnico y jurídico. El documento establece la creación de las «Gestoras de Salud y Vida», entidades de carácter público que asumen parte de las funciones de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en materia de atención, gestión del riesgo y asignación de servicios, aunque sin recibir directamente el dinero de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En un movimiento paralelo, se dispuso la contratación de estas gestoras con entidades como Nueva EPS y Sanitas, así como con hospitales públicos, para ejecutar los nuevos lineamientos.

Desde el oficialismo, el presidente Petro defendió el decreto argumentando que se trata de una implementación parcial del modelo propuesto en su reforma, y no una usurpación de funciones del Congreso. El mandatario aseguró que las medidas adoptadas buscan garantizar el derecho a la salud de manera preventiva y territorial, y afirmó que el «decretazo» tiene respaldo constitucional. No obstante, su justificación ha sido recibida con escepticismo incluso por sectores que han acompañado su agenda. Armando Benedetti, alfil político del petrismo, señaló que el decreto no sustituye la reforma y recordó que las bases del modelo llevan meses en discusión, mientras que otras voces del Pacto Histórico admitieron que, aunque comparten el contenido, la vía empleada puede generar resistencias innecesarias.

Las reacciones desde el Congreso fueron mayoritariamente críticas. El senador liberal Miguel Ángel Pinto calificó la decisión como un acto desesperado y advirtió que el decreto tiene pocas posibilidades de mantenerse, augurando que será tumbado por la Corte Constitucional. Otros parlamentarios de la oposición y de partidos independientes cuestionaron el uso de una figura administrativa para evadir el debate legislativo, mientras recordaron que aún está pendiente la aprobación de la reforma, que involucra más de 150 artículos y múltiples aspectos del sistema. Incluso sectores aliados al gobierno recalcaron la necesidad de mantener el proceso democrático y evitar generar un desgaste institucional.

El panorama jurídico también es incierto. Diversos expertos advirtieron que la expedición de este tipo de normas por decreto podría vulnerar la separación de poderes. Uno de los principales focos de duda está en el manejo de los recursos: si bien el decreto no elimina las EPS, sí altera sustancialmente su función al crear nuevas entidades operativas sin una claridad completa sobre su sostenibilidad financiera y sin haber pasado por el tamiz del Congreso. El gremio Acemi, que representa a las EPS, señaló que se requiere mayor claridad sobre la articulación entre las nuevas gestoras y las instituciones actuales, advirtiendo además que el modelo puede implicar riesgos para la estabilidad del sistema.

Por otro lado, el anuncio coincidió con inspecciones de la Procuraduría a algunas EPS como Salud Total, por el aumento de tutelas y desacatos, lo que refuerza el discurso gubernamental de que el sistema actual es insostenible. Sin embargo, el uso de este argumento también ha sido percibido por algunos analistas como un intento de justificar una intervención acelerada.

En este escenario, el futuro de la reforma a la salud, ya sea por vía legislativa o administrativa, se mantiene incierto, en medio de un Congreso con fuerzas divididas y un gobierno decidido a avanzar con sus transformaciones a pesar de los contrapesos institucionales.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Reestructuración gubernamental con fuerte rechazo social

El gobierno de Daniel Noboa continuó con su plan de “eficiencia administrativa”, anunciando una drástica reestructuración de la Función Ejecutiva. Esto incluyó la reducción de 20 a 14 ministerios de Estado y de 9 a 3 secretarías, con el objetivo de optimizar recursos y la gestión pública. La reforma generó incertidumbre en el sector público, ya que se mencionó la posible desvinculación de cinco mil funcionarios como parte de las medidas para lograr una mayor eficiencia.

Las decisiones del gobierno provocaron una ola de protestas de diversos sectores sociales. La eliminación del Ministerio de la Mujer, en particular, desencadenó marchas y plantones de colectivos feministas, que manifestaron su rechazo a lo que consideran un retroceso en la lucha por sus derechos. De igual forma, la fusión del Ministerio de Cultura y Patrimonio con la cartera de Educación generó gran preocupación y manifestaciones de gremios culturales en Quito y otras ciudades, quienes alertaron sobre la incertidumbre y el futuro del sector.

La controversia en torno a las reformas se extendió al ámbito judicial y legislativo. Se interpuso una acción de protección contra la fusión de los ministerios, llevando el debate a la Corte Constitucional. Hasta el momento, la Corte Constitucional tiene en sus manos decenas de denuncias de organizaciones de sociedad civil, poniendo en jaque las últimas leyes económicas urgentes aprobadas en la Asamblea Nacional. En este marco, se activó una campaña de desprestigio en redes sociales en contra la Corte por parte de periodistas y personalidades aliadas al gobierno.

Finalmente, y en este contexto de reacciones sociales, el gobierno impulsó un nuevo proyecto económico urgente para controlar fundaciones y ONG, una iniciativa que generó preocupación incluso por parte de la Federación de Cámaras de Industrias, que advirtió sobre la posible afectación al derecho de asociación.

RELACIONES EXTERIORES | DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Nuevo acuerdo en seguridad con Estados Unidos

En materia de seguridad, Ecuador reforzó sus lazos de cooperación con Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa recibió en Quito la visita de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, con el objetivo de abordar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Como resultado de este encuentro, ambos países firmaron un acuerdo para el intercambio de oficiales de enlace en la lucha contra el crimen organizado, lo que busca mejorar la coordinación y la inteligencia en el combate a las bandas criminales. Kristi Noem destacó la importancia de este pacto, afirmando que, gracias a la cooperación, Ecuador se consolidará como «el socio central» de Estados Unidos en la región en materia de seguridad.

No obstante, aun habiendo firmado este acuerdo de alto interés para EE.UU., la relación bilateral también vio un retroceso en el ámbito comercial. El presidente Donald Trump anunció un incremento al 15% en los aranceles a productos provenientes de Ecuador.

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Tensiones internas en la Revolución Ciudadana

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) evidenció una profunda división interna, marcada por un debate público sobre el futuro de la organización. Franklin Samaniego, asambleísta de la RC anunció la realización de una convención para dialogar sobre la crisis interna e impulsar una reestructuración a todo nivel.

Esta propuesta de diálogo se dio en respuesta a una carta dirigida por prefectos y alcaldes de la RC a Rafael Correa, que advierte sobre la necesidad de renovar el liderazgo del movimiento. La misiva se interpretó como una señal de las divisiones existentes, que han polarizado a distintas facciones del correísmo, encuadrando a la mayoría de las jefaturas de los gobiernos locales en uno de los sectores en pugna.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Confrontación con la CIDH por la Ley de Amnistía

El 29 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado peruano que no aplique la ley de amnistía para las fuerzas del orden en los emblemáticos casos de Barrios Altos y La Cantuta. Esta exigencia buscaba garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La presidenta Dina Boluarte respondió públicamente, manifestando una postura de rechazo y “defensa de la soberanía nacional”. Afirmó que «no permitiremos la intervención de la CIDH, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia». Sus declaraciones enmarcaron la decisión de la Corte como un intento de injerencia en los asuntos internos del país.

Esta postura fue respaldada por otros miembros del Poder Ejecutivo. El ministro del Interior ignoró el pedido de la Corte, argumentando que los organismos internacionales «no nos pueden marcar la pauta, no nos pueden decir qué hacer». Esta declaración confirma que la confrontación con los organismos de derechos humanos es una política de gobierno de Boluarte, no una opinión aislada, y refleja la intención del gobierno de continuar con su intento de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Último Mensaje a la Nación de Boluarte

En su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte anunció su intención de impulsar una reforma del sistema judicial. Esta propuesta se da en un momento crucial, en el que la mandataria enfrenta múltiples investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía. Boluarte afirmó que buscará «lograr consensos» para llevar a cabo esta reforma, aunque la iniciativa ha sido recibida con escepticismo en el contexto de las tensiones institucionales.

El descontento con la gestión presidencial se hizo visible durante la sesión congresal. Varios legisladores de la oposición protestaron e interrumpieron el discurso de Boluarte, especialmente cuando la mandataria se refirió a las víctimas de las protestas sociales, en lo que fue percibido como un intento de minimizar las muertes y lesiones ocurridas.

El rechazo a la presidenta también se refleja en la opinión pública. Una encuesta reveló que Dina Boluarte mantiene la peor imagen presidencial de toda Sudamérica. Este dato demuestra el amplio y persistente descontento de la ciudadanía con su gestión, un factor clave en la inestabilidad política del país.

URUGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La desvinculación escolar como violación de derechos humanos y el plan de acción del Frente Amplio

En julio de 2025 la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) identificó a más de cinco mil 200 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo en Uruguay. La mayoría, cerca de tres mil 500, eran mayores de 15 años. Esta situación, que se repite año tras año, con más de seis mil desvinculados en 2024, fue abordada por la gestión del Frente Amplio como un problema estructural y urgente que vulnera derechos fundamentales. Según Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la ANEP, la desvinculación escolar es una violación a los derechos humanos, porque impide el acceso a la educación, desarticula los lazos sociales y deja a los adolescentes sin herramientas para ejercer ciudadanía. Desde esta perspectiva, no se trata solo de una omisión individual, sino de una exclusión sostenida por condiciones de desigualdad, estigmatización y abandono estatal.

Frente a este diagnóstico, se impulsó un plan de acción interinstitucional encabezado por ANEP, que articuló con el MIDES, el INAU, INISA, el Ministerio del Interior, el MEC, la Secretaría de Deportes y la ONFI. Durante tres semanas, estos organismos desplegaron un operativo territorial para buscar uno por uno a los adolescentes desvinculados, luego de que un primer intento de contacto por mensaje de texto diera resultados ínfimos. La estrategia consistió en una revinculación activa y personalizada, orientada no solo al regreso a clases, sino también al acompañamiento social, el reencuentro con los derechos y la reconstrucción del sentido colectivo de la educación. El desafío, como señaló Viscardi, no es solo reintegrar, sino evitar que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a quedar por fuera del sistema educativo.

RELACIONES EXTERIORES | Uruguay condenó en la ONU las violaciones al derecho internacional en Gaza

Durante la conferencia internacional sobre Gaza organizada por la ONU el 17 de julio, Uruguay expresó una firme posición en defensa del derecho internacional humanitario. El representante permanente ante la ONU, Carlos Amorín, sostuvo que es un “imperativo moral” condenar las “evidentes violaciones” cometidas en la Franja de Gaza, y remarcó que el Estado uruguayo ha sido constante en su reclamo por el respeto a la vida de la población civil. Amorín recordó que Uruguay ha apoyado sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas que piden un alto el fuego inmediato, la entrada de ayuda humanitaria y la protección de infraestructuras civiles. Además, reiteró la defensa de una solución de dos Estados y la necesidad de garantizar una paz duradera basada en los principios de la Carta de la ONU.

VENEZUELA

ELECCIONES | Contundente triunfo del chavismo en Elecciones Municipales

El domingo 27 de julio se llevaron a cabo en todo el territorio nacional las elecciones municipales en donde se renovaron la totalidad de los alcaldes en los 335 municipios del país y sus respectivos concejos municipales. Con un participación en torno al 44% del padrón electoral –algo más de 6 millones de electores– la fuerza oficialista conformada por distintos espacios políticos nucleados en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo un contundente triunfo, haciéndose de 285 de las 335 alcaldías, entre las que se encuentran 23 de las 24 capitales estatales y dos mil 182 de los dos mil 402 concejales municipales disputados.

El CNE publicó su primer boletín oficial en la madrugada del lunes, en donde podemos destacar la reelección en el Municipio Libertador (Caracas) de la alcaldesa del PSUV Carmen Meléndez con el 86% de los votos, así como Jean Carlo Di Martino, quien se convirtió en el nuevo alcalde de Maracaibo en el estado de Zulia.

Por el lado de la oposición, si bien se observa la pérdida de 75 alcaldías –pasando de 125 a solamente 50– podemos destacar importantes triunfos en los municipios que conforman la zona de la gran Caracas. En el Municipio Chacao el triunfo fue para Gustavo Duque del partido Fuerza Vecinal con 81% de los votos; esta misma agrupación política también se impuso en el municipio Baruta en donde Darwin González consiguió el 56% de los votos. Por su parte en El Hatillo el Movimiento Ecológico de Venezuela consiguió liderar con el 64% dando como ganador a la candidata Malena Fernando.

Así mismo, en el estado Cogedes el partido político Vamos Cogedes, que había obtenido la gobernación en las pasadas elecciones, obtuvo un gran triunfo al obtener 9 alcaldías y posicionarse como una fuerza opositora en crecimiento. El martes 29 de julio el CNE comenzó la proclamación y actos de juramentación de todos los alcaldes y alcaldesas electos, así como también la juramentación de los distintos concejales municipales.

El presidente Nicolás Maduro celebró el triunfo chavista destacando el aumento de las alcaldías de 212 a 285 considerando esta victoria como histórica de la revolución, demostrando la capacidad política del chavismo y el empoderamiento del pueblo.

Así también el primer mandatario felicitó a los ganadores de la oposición de las 50 alcaldías invitándolos a trabajar en conjunto pensando en el futuro. Maduro agregó que luego de los procesos electorales que han sucedido comienza a gestarse una nueva oposición que ha dejado de lado la violencia y que tiene el reto de gestionar y gobernar bien.

Paralelamente a las elecciones municipales se desarrolló también la primera Consulta Popular Nacional de la Juventud, en donde se eligieron proyectos presentados por sectores de la juventud pertenecientes a cada comuna y circuito comunal del país.

El ministro de la Juventud, Sergio Lotartaro, anunció que entre los más de 5 mil proyectos aprobados en la consulta, un 47% pertenecen al área social, con proyectos deportivos, culturales y de salud entre otros. Un 25% se corresponde a proyectos económicos productivos y un 13% de infraestructura y servicios entre otros como ciencia y tecnología o seguridad y defensa. Como en el caso de la consulta popular de los proyectos comunales, estas propuestas seleccionadas por la juventud en cada territorio serán financiadas por el gobierno nacional.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Aumentan las Exportaciones de productos venezolanos

Como parte de las políticas de fomento a las exportaciones, el jueves 31 de julio la presidenta de la Cámara de Comercio de La Vela de Coro en el estado Falcón, Yoselin López, informó que han aumentado los volúmenes de productos exportados hacia las islas del caribe cercanas a Venezuela: Aruba, Bonaire y Curazao. Entre los principales productos exportados se encuentran productos agrícolas como frutas, verduras y hortalizas.

Siguiendo con el tema y en el marco de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro para fortalecer el aparato productivo nacional y avanzar hacia la comercialización y exportación, este lunes 28 de julio se llevó a cabo el acto de reconocimiento oficial de 95,9 toneladas de café verde que serán exportadas al mercado de Estados Unidos. Esta posibilidad se da gracias al trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras y la empresa Karaka XXI.

El ministro León Heredia resaltó la importancia de estas exportaciones a Estados Unidos, las cuales se suman a las realizadas previamente hacia países como  Malasia, Rusia, Turquía y el Sudeste Asiático. A su vez informó que en lo que va del 2025 se han exportado 86 mil quintales, representando un aumento del 500% con respecto al año anterior. A través de la articulación entre el sector público y privado se viene impulsando la consolidación de la calidad del café venezolano a nivel internacional impulsando la diversificación económica de productos exportables.